Revista Latina de Comunicación Social 8 – agosto de 1998

Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social
Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820
Año 1º – Director: Dr. José Manuel de Pablos Coello, catedrático de Periodismo
Facultad de Ciencias de la Información: Pirámide del Campus de Guajara - Universidad de La Laguna 38200 La Laguna (Tenerife, Canarias; España)
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[Febrero de 1998]

La veracidad, como límite interno del derecho a la información

(13.053 palabras - 35 páginas)

Lic. Vicente Navarro Merchante ©

Licenciado en Ciencias de la Información y doctorando en Derecho

Universidad de La Laguna 

«Desde el momento en que el mensaje deja de coincidir con la realidad, no hay adecuación, el sujeto se sumerge en un mundo falso en una pura ficción. Poco a poco, el ser humano deja de estar en la realidad, se despersonaliza, se vacía de sí mismo y tal vacío puede llegar a ser completamente ocupado por otro; es decir, puede llegar a estar enteramente dominado».

(José María Desantes Guanter: Derecho de la información II. Los mensajes informativos, Colex, 1994, pág. 85)

ÍNDICE: INTRODUCCIÓN.1. CONCEPTO DE VERACIDAD.1.1. La veracidad, como fundamento y elemento estructural del derecho de la información.1.2. La veracidad, como tendencia hacia la recta averiguación y transmisión de los hechos.1.2.1. La línea marcada por la jurisprudencia norteamericana.1.2.2. La interpretación constitucional del alcance de la veracidad: la sentencia del Tribunal Supremo español STC 6/1988.1.3. Diferente función de la veracidad en la libertad de información que en la libertad de expresión.1.3.1. La posición de la doctrina y la jurisprudencia. 1.3.2. El criterio del elemento preponderante. 1.3.3. La opinión de los profesionales de la información.1.4. Obligaciones que implica la veracidad. El plus de diligencia del profesional.1.4.1. La condición de profesional de la información que tiene el periodista. 1.4.2. La naturaleza del medio de comunicación. 1.4.3. La naturaleza de la información y la especialización del periodista. 1.4.4. El deber de documentar la información. 1.4.5. La titularidad del derecho: la especial protección al profesional. 1.5. La pluralidad de fuentes informativas como complemento de la veracidad.2. LA VERACIDAD Y LA POSICIÓN PREFERENTE. 2.1. La relevancia de las libertades informativas para el sistema democrático. 2.2. Los criterios de ponderación del Tribunal Constitucional. 2.3. Crítica a la teoría posición preferente. 3. LÍMITES A LA INFORMACIÓN VERAZ. 3.1. Las excepciones a los límites. 3.2. El ámbito irreductible de la intimidad. 3.3. Los insultos y las manifestaciones vejatorias. 3.4. La prueba de la veracidad/mendacidad de la información. 3.5. El supuesto del reportaje neutral. 3.6. La autorregulación de la prensa. 3.7. Los últimos intentos de reformas penales. CONCLUSIONES.

INTRODUCCIÓN

Las libertades informativas constituyen uno de los principales valores de las sociedades democráticas. El ciudadano es políticamente libre si tiene a su alcance el conocimiento suficiente de lo que ocurre a su alrededor, sólo así, con elementos que le permitan un juicio racional, puede tomar decisiones propias, siendo consciente de las causas y consecuencias de sus actos.

En la exposición que se hace a continuación se defiende la idea de que la veracidad en la información actúa como un límite interno, como un elemento inmanente a la misma y sin el cual no es que la información quede desprotegida, es que deja de ser información. Junto a este límite interno hay otros externos que la propia Constitución (española) [CE] establece expresamente, como son el respeto al honor, intimidad, propia imagen así como los demás derechos y deberes fundamentales.

También se hace una exposición de la interpretación constitucional del concepto de veracidad en la información, como una tendencia del informador hacia la recta averiguación y contrastación suficiente de los hechos y se aboga por la exigencia de un plus de diligencia al periodista.

Se defiende que para conseguir que el sujeto pueda acercarse a la verdad objetiva no basta con que la información que se le proporciona sea veraz, puesto que la verdad absoluta no puede alcanzarse, sino que, además, es necesario garantizar el pluralismo de fuentes informativas. La pluralidad de medios de comunicación contribuye a que el propio ciudadano contraste las diferentes versiones que le proporcionan sobre lo que ocurre.

1. CONCEPTO DE VERACIDAD

1.1. La veracidad, como fundamento y elemento estructural del derecho de la información.

El art.20.1.d) CE reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El constituyente no habla sólo de información, le añade el requisito de la veracidad, lo que es sinónimo de cierta, auténtica, comprobable (1). El mensaje informativo tiene como finalidad la transmisión de hechos, datos, acontecimientos, etc., que sean ciertos, si no lo fuesen no sería información, deberíamos hablar en este caso de otra cosa: desinformación, información errónea, falsa, tendenciosa, equívoca, etc. (2).

Se trata de una referencia constitucional que no puede considerarse vanal. Hay que tener presente la fuerza normativa de la CE frente a los poderes públicos y los ciudadanos y la tutela judicial de los tribunales que aplican directamente los derechos fundamentales (3). La exigencia expresa del art. 20.1.d) de que la información sea veraz no puede equipararse, por ejemplo, a la exigencia deontológica y ética de que la información sea objetiva o imparcial. Estas últimas, no incluidas por el constituyente en el texto, no gozan de la protección normativa de la primera.

Pero la verdad en términos absolutos, aristotélicos o como categoría metafísica no existe, es imposible de aprehender (4)4. La verdad en la información debe entenderse como la adecuación aceptable entre lo sucedido y lo transmitido. La información necesita que haya una correlación entre los hechos acaecidos y el mensaje, descartando la presentación engañosa, mendaz, maliciosa, etc.

La veracidad es el fundamento, límite interno (5) y estructural expreso, elemento inmanente (6) del derecho de la información (7). No se trata de un límite externo como podría ser el respeto al honor, intimidad, propia imagen, infancia y juventud o el que encuentra en los demás derechos y libertades reconocidos en la Constitución según establece el art.20.4 CE.

De Otto Pardo (8) aborda estas cuestiones y refiriéndose a los derechos fundamentales en conjunto dice: «Determinadas conductas han de considerarse excluidas de la protección del derecho fundamental no por obra de una limitación de éste, sino por no formar parte de su contenido». Aplicando esta reflexión a nuestro caso, se puede interpretar que la información no veraz no puede entenderse protegida por el 20.1.d) por no tener el contenido que prevé la norma para conformar el derecho. Este autor añade más adelante que «cabe hablar de límites intrínsecos, de límites que, como dice el Tribunal (-Constitucional-) en la Sentencia 5/1981, vienen dados «por su propia naturaleza».

Ya se ha expuesto que la información, para ser tal, ha de ser veraz. Sólo entendiendo que lo es podemos pasar a confrontarla con otros derechos fundamentales. No se puede acudir a la protección del 20.1.d) cuando se da como noticia un simple rumor sin confirmar o contrastar. Peor es el caso de quien falsifica la información con la deliberada intención de confundir a la opinión pública (9).

En contra de la tesis que aquí se mantiene encontramos a Solozábal Echavarría (10) «la exigencia de veracidad en la información no puede actuar como límite de la misma, pues la imposición de la contrastación suficiente de las noticias supondría unas restricciones sobre el ejercicio profesional del periodismo intolerables, descontando que la «verdad», entendida como adecuación de la información a la realidad, sea gnoseológicamente posible». Se trata de una posición minoritaria que no tiene en cuenta la previsión constitucional sobre la veracidad como límite interno. Los límites internos son aquellos que, a diferencia de los límites implícitos, están expresamente previstos en la Constitución, como también es el supuesto de las reuniones «pacíficas y sin armas» del art.21 CE o la prohibición de las asociaciones que «persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos» o que sean «secretas» o de «carácter paramilitar» en el caso del art.22 (11).

En el siguiente epígrafe analizaremos la STC 6/1988 que entenderá la veracidad como una exigencia intrínseca o condición exigible para la protección constitucional de la información. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Lingens de 08-07-86, también entiende la verdad como límite interno a la libertad de información.

Una información veraz puede verse limitada o no por la colisión con otros derechos, pero una información mendaz siempre cederá, pero no porque prevalezca un derecho sobre otro sino porque no hay ejercicio legítimo del derecho a la información. Constatada la falsedad de la información ni siquiera se efectuará la ponderación entre derechos o libertades. En la STS 22-04-92, que condena al medio informativo por publicar una foto de dos hombres (que resultaron ser padre e hijo) conversando en la calle para ilustrar un reportaje sobre prostitución masculina, se dice «el trabajo periodístico carecía de toda veracidad, de modo que nunca pudo plantearse la ponderación entre dos valores en pugna».

Vilas Nogueira (12), desde una posición minoritaria, entiende que la veracidad es sólo «un elemento justificativo» que enerva la tipificación como ilícitas de aquellas actividades informativas que pueden lesionar otros bienes jurídicos protegidos.

Este criterio sobre el requisito de la veracidad en la información es el que justifica la existencia de la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, que establece en su art.1 que «Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio».

En el ámbito europeo encontramos preceptos similares referidos al derecho de réplica en el medio televisivo, así el art. 8 del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza de Estrasburgo de 1989 y el art. 23 de la Directiva 89/552/CEE, de coordinación de la normativas estatales sobre radiodifusión televisiva, que permiten la reacción del ciudadano frente a «una alegación incorrecta». Estos preceptos sólo se entienden si previamente se pide que la información sea veraz, ya que su objetivo es actuar contra informaciones inexactas, las que sean verdaderas no podrán ser susceptibles de réplica.

Marc Carrillo entiende que la decisión del juez de obligar al medio a rectificar será correcta cuando «razone en su sentencia que existen indicios racionales que expresen la falsedad de la información difundida, si no es así, la solución ha de ser la contraria y, por tanto, la rectificación no puede ser aceptada» (13).

En el mensaje publicitario, aunque salvando las distancias lógicas, también se exige que los datos que se proporcionan como hechos sean verdaderos. No es lícita la publicidad que intoxica, defrauda, engaña o desorienta. La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, establece en sus artículos 3 y 4 los supuestos de publicidad ilícita y engañosa. En su preámbulo, siguiendo lo marcado por la Directiva 84/450/CEE, se dice que la ley introduce un procedimiento sumario encaminado a obtener el cese de la publicidad ilícita. Una falsedad de contenido, aceptando la exageración típica de este tipo de mensaje, lo sería, por ejemplo, un anuncio que falte a la verdad al decir que se vende un coche por quinientas mil cuando en realidad su precio es de un millón.

1.2. La veracidad como tendencia hacia la recta averiguación y transmisión de los hechos

1.2.1. La línea marcada por la jurisprudencia norteamericana

Analizaremos brevemente la doctrina y jurisprudencia norteamericana que se han ocupado de esta cuestión desde hace décadas y, como veremos después, su influencia en la jurisprudencia constitucional española, que ha sido patente.

Hasta mediados de los años 60, el Tribunal Supremo de EE UU resolvía los pleitos civiles por difamación contra medios de comunicación según el criterio de responsabilidad objetiva. Bastaba con justificar la existencia de un daño provocado por las manifestaciones del medio para que hubiese responsabilidad si había un pequeño error de detalle aunque el sentido general de la noticia fuese cierto. Pero en 1964, en el caso The New York Times v. Sullivan, el tribunal comenzó a utilizar directamente los criterios constitucionales sobre libertad de prensa y dio un giro a su jurisprudencia.

El supuesto de hecho, en pocas palabras, era el siguiente: En medio de un clima encrespado por conflictos sobre la lucha negra contra la segregación racial y por los derechos civiles, se detuvo a Martin Luther King por irregularidades en su declaración de impuestos. The New York Times publicó un anuncio del comité de apoyo a M. L. King en el que se criticaba los sucesos y a algunos personajes del estado de Alabama que participaron en la detención, entre ellos a L.B. Sullivan, jefe del departamento de policía. La descripción de hechos que contenía el anuncio era real pero incluía algunos errores de poca trascendencia como que M. L. King había sido detenido siete veces y no cuatro, o el título equivocado de la canción que coreaban los manifestantes. Sullivan demandó al periódico y, tras ganar en las primeras instancias, el caso llegó al Tribunal Supremo.

La sentencia del Supremo, además de declarar la inconstitucionalidad de la legislación sobre libelo de Alabama, mantuvo la tesis de que la formulación de enunciados erróneos es algo inevitable en un debate libre «algún grado de abuso -decía el tribunal recordando a Madison- es inseparable del propio uso de cada cosa; y en ninguna instancia es más verdad que en la prensa». También establecía la sentencia que debía ser el servidor público -demandante- (no el periódico -demandado-, por tanto), quien probase de forma suficientemente clara que la publicación se hizo con malicia real o efectiva (dolo o negligencia en nuestro ordenamiento), pues lo contrario (obligar al medio a probar la veracidad) supondría cercenar la actividad de la prensa, ya que no publicaría cosas ciertas que conoce pero que no son fáciles de demostrar en juicio (14).

Esta línea marcada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido asumida, aunque en términos no tan rotundos, por la jurisprudencia y legislación de otros países de distinta tradición jurídica como es el caso del Reino Unido, Alemania, Austria y, como veremos, España.

1.2.2. La interpretación constitucional del alcance de la veracidad: la STC 6/1988

En la STC 6/1988, de 21 de enero, el alto tribunal español tiene oportunidad de establecer los criterios sobre la correcta interpretación de la exigencia de veracidad que impone el art.20.1.d) al ejercicio del derecho de la información. Conviene reproducir un fragmento del F.J.6 en el que se contiene la idea central de la tesis:

«Cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz» no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose así de la garantía constitucional a quien defraudando el derecho de todos a la información actúe con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aún cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre de tal forma que de imponerse «la verdad» como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio».

De esta sentencia podemos extraer una serie de consecuencias:

-El Tribunal Constitucional, consciente de que la verdad absoluta es imposible de alcanzar y de que además eso supondría eliminar el debate público necesario en toda sociedad democrática, flexibiliza el concepto e indica que la veracidad debe entenderse como la tendencia del periodista hacia la recta averiguación de lo ocurrido, como las acciones tendentes a conocer los hechos y contrastarlos debidamente.

-El error en algún aspecto de la información que no sea imputable a la negligencia del periodista no puede provocar que se desproteja a la información, pues sería impedir la divulgación de noticias (15). Los periodistas estarían tan temerosos de cometer algún pequeño error y tomarían tan extraordinarias precauciones que no habría una circulación rápida y fluida de las informaciones.

-La veracidad sólo es predicable de la información, de la transmisión de hechos, no se puede exigir veracidad a las opiniones.

Estos dos últimos puntos se desarrollan en los epígrafes siguientes.

En cuanto al primero, el concepto de veracidad que introduce el Tribunal Constitucional desde un punto de vista subjetivo, averiguar si el periodista utilizó la debida diligencia que es exigible a cualquier periodista según las más elementales normas deontológicas, es criticado por algún autor.

A juicio de Santaolalla López (16), en contra de la mayoría de la doctrina, la razón por la que el TC acude al criterio subjetivo del animus del informador frente a la verdad es porque quiere evitar el peligro que supone para la libertad de prensa exigir una verdad objetiva, pero añade que «decir que en la libertad de información se protege sólo la información veraz, (...), es decir o bien poca cosa, o bien algo que pueda resultar inquietante desde el prisma de la genérica libertad individual. O el listón de la diligencia o actitud responsable se coloca muy bajo, de tal modo que pueda sortearse sin dificultad, o puede lesionar los derechos del informante, esto es, su derecho a transmitir los hechos o sucesos como él los ve, con la diligencia que él estime apropiada».

1.3. Diferente función de la veracidad en la libertad de información y en la libertad de expresión

1.3.1. La posición de la doctrina y la jurisprudencia

Uno de los puntos capitales en que se asienta la construcción sobre la veracidad que hace el alto tribunal español es la distinción entre difusión de hechos y opiniones. Hay algunos autores (17) que, sin embargo, niegan esta distinción, entendiendo que la libertad de información es una mera concreción de la más genérica libertad de expresión (18) y que, además, cualquier información incluye elementos valorativos y subjetivos.

No obstante, tanto la jurisprudencia como la doctrina mayoritaria entiende que esa distinción es válida, veremos cuáles son sus argumentos.

El propio texto constitucional establece una distinción clara al separar el derecho a la expresión libre de pensamientos ideas y opiniones (art.20.1.a) CE) y el derecho a comunicar libremente información (art.20.1.d) CE). Cabe decir que unos hechos son ciertos o falsos, pero no se puede decir lo mismo de una opinión, de un juicio valorativo que, por definición, es algo subjetivo e indemostrable. Las opiniones pueden ser «justas o injustas, inteligentes o torpes, etc., pero difícilmente son valorables tomando la verdad como punto de referencia» (19).

La veracidad es un elemento decisivo para saber si la información cae dentro de la protección constitucional, pero a la opinión sólo le es exigible que no sea formalmente injuriosa (insultos o expresiones despectivas) ni resulte innecesaria o ajena al pensamiento, idea u opinión que se expresa. Por tanto, «veracidad en la información y pertinencia (o al menos no impertinencia) de lo afirmado en la simple opinión» (20).

Para Solozábal Echavarría (21) no es acertado entender que entre el párrafo a) y el párrafo d) del art. 20.1 haya una relación de especialidad o concreción del segundo respecto al primero. Él sostiene que la libertad de expresión contempla «la actividad del comunicante y sólo implícitamente la del receptor; sin embargo, la libertad de información cubre todo el proceso de elaboración, búsqueda, selección, confección de la información. Esta última protege no sólo al comunicante, sino toda la actividad preparatoria de dicha comunicación. El derecho de comunicación en general (la libertad de expresión) abarca quizá más que la comunicación realizada por quien habla, pero alcanza sólo a la transmisión de su objeto y no a la preparación del mismo».

Salvador Coderch recuerda que tanto la CE como la legislación y la jurisprudencia diferencian hechos y opiniones. Sostiene, además, que «sin distinguir entre hechos y opiniones no cabe construir una sociedad abierta, es decir, una que esté basada en la información veraz y en el debate libre: El presidente de Gobierno comió ayer con el líder de la oposición y éste pagó la cuenta (Hechos). Eso es intolerable: el presidente se ha vendido y es un traidor (opinión). No hay aquí difamación alguna» (22).

Entre la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo español encontramos también abundantes ejemplos donde se diferencia claramente cuando se trata de enjuiciar hechos y cuando opiniones. Así, son afirmaciones claras de hechos imputar a otros actividades gravemente difamatorias (STS 19-07-88), o una concreta actividad delictiva (SSTS 11-10-88 y 16-12-88). Por el contrario, hay opiniones claramente distinguidas de los hechos: las críticas, agrias, de una central sindical contra un ingeniero de minas (STS 14-10-88), la de un semanario a un ayuntamiento por pagar un artículo sobre un impuesto municipal al secretario de la corporación municipal (STS 26-01-89) y casos similares en las SSTS 28-04-89, 12-05-89 o 06-07-89.

Desde otro punto de vista, que no considero acertado, González Ballester entiende que «libertades de expresión y de información no son intercambiables, puesto que si bien es cierto que todos tenemos la de expresión, no lo es menos que sólo a los profesionales de la información debe sumársele la de información» (23). Entiendo que el derecho de la información es de todos los ciudadanos (24), no solamente de los periodistas, aunque en el derecho activo de la información sean éstos los que más a menudo lo ejercitan (25). En todo caso, puede hablarse de un ejercicio privilegiado. Sin embargo, no puede descartarse que sean otros los que lo utilicen por diferentes mecanismos: cartas al director, manifiestos, etc.

En cualquier caso, lo que sí parece que obliga al emisor de la información y de la opinión es el respeto a la buena fe que establece el art.7.1 del Código civil (26), sin que esto suponga un límite a la crítica o al debate libre necesaria en toda sociedad plural y democrática.

1.3.2. El criterio del elemento preponderante

Hechos y opiniones son conceptos distintos, según se ha visto. No obstante, es difícil separarlos en abstracto y a priori, pues no siempre aparecen claramente diferenciados. Sin embargo, el que en algunos supuestos no sea fácil delimitar ambos conceptos, no invalida la existencia de la distinción (27) ni en términos teóricos ni prácticos.

La solución que ha adoptado el TC en las sentencias 6/1988, 51/1989, 190/1992, 123/93, 136/1994 y la más reciente, 42/1995, de 13 de febrero, es atender al elemento preponderante: «Ocurre, sin embargo, que en la realidad es frecuente que los elementos de una y otra significación(-hechos y opiniones-) aparezcan entremezclados, siendo en tales supuestos obligado atender al elemento que aparezca como preponderante».

Éste es el mismo criterio utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lingens, sentencia de 08-07-86. El supuesto de hecho de este caso era el siguiente: Lingens, un periodista austríaco, hizo unas duras críticas contra el político Bruno Kreisky por su benevolencia hacia los antiguos nazis que tomaban parte en la vida política del país, y calificaba su comportamiento de «inmoral e indigno». El periodista, a raíz de una querella presentada por el político, fue condenado por los tribunales de su país y recurrió al TEDH. El tribunal, entre otras consideraciones que no vienen al caso, declaró que la querella se dirigía contra la crítica (o juicio de valor) del periodista, que, aunque se basaba en hechos (que nunca fueron cuestionados), era lo preponderante, es decir, se trataba del ejercicio de la libertad de expresión protegido por el art.10 del Convenio de Roma, contra la que no cabe exigir prueba alguna (28).

Santaolalla López (29) critica que «acudir al factor predominante implica dar entrada a otro elemento subjetivo y, por lo mismo, opinable, y sobre todo muestra de por sí que no existe una distinción radical».

Villaverde Menéndez (30) advierte del peligro de conversión del TC en una tercera instancia cuando se ocupa de la colisión entre el 20.1 y otros derechos fundamentales. Dice que la «exigencia de la debida ponderación y su indagación sobre si ésta ha sido realizada por el tribunal a quo ha dejado de ser una constatación formal para convertirse en una discutible revisión material de la interpretación judicial ordinaria, como insinúan los votos particulares de Díaz Eimil a la STC 159/1987, de García Mon a la STC 214/1991 o de Rodríguez Bereijo a la STC 85/1992».

Sin embargo, creo que ese peligro del que advierte Villaverde Menéndez no se ha concretado. La reciente STC 42/1995 pone en sus justos términos el alcance de la revisión de las decisiones judiciales: «Hay que concluir que, siendo la función de este Tribunal Constitucional en los recursos de amparo interpuestos a consecuencia de conflictos entre la libertad de expresión e información y el derecho al honor, la de determinar si la ponderación judicial de los derechos en colisión ha sido realizada (...), y siendo la respuesta afirmativa (...) no procede en este aspecto sino confirmar la resolución judicial impugnada».

1.3.3. La opinión de los profesionales de la información

Los profesionales del periodismo, los más cercanos al uso diario de estas categorías, no discuten que hay diferencias. Por ejemplo, el libro de estilo del diario «El País», además de prohibir a sus redactores que hagan valoraciones o juicios personales sobre la noticia que redactan, obliga a dar un tratamiento tipográfico diferente a las noticias y a los artículos de opinión, así el lector advierte con facilidad cuando se escribe información y cuándo opinión.

En términos parecidos se pronuncian los códigos deontológicos del periodismo, el más reciente en nuestro país es el aprobado el 28-11-93 por la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, que impone a periodistas y empresas la distinción entre hechos y opiniones.

En esta línea, desde posiciones doctrinales, Fernández Areal (31) sostiene que «conceptual y técnicamente, en la teoría y en el hacer profesional de cada día en los medios, noticia es simple definición periodística de un hecho, o sea, la traslación de un hecho real».

Añade «que un periodista sabe distinguir perfectamente entre una noticia -información- y cualquiera de las manifestaciones del género o de los géneros opinativos. Por ello, los medios de comunicación responsables suelen ofrecer a sus públicos la opinión en forma de editoriales o firmada, para evitar cualquier posible confusión con los mensajes meramente informativos. Aún cuando lo que es opinión, lógicamente, se apoye en datos, hechos, acontecimientos, para razonar sobre ellos».

1.4. Obligaciones que implica la veracidad. El plus de diligencia del periodista

Por lo expuesto hasta aquí, se ha visto que la veracidad debe entenderse como la actitud del informador hacia la recta averiguación y transmisión de los hechos. Entiendo que esta exigencia debe ser mayor cuando el derecho de la información es ejercido por profesionales, creo que los periodistas tienen que soportar un plus de diligencia justificado por varias razones: por la trascendencia social que tiene su trabajo dentro de la sociedad democrática, por su condición de profesionales de la información, y como contrapartida a una serie de privilegios que les otorga el ordenamiento jurídico. La primera de estas razones se abordará más adelante (32), ahora veremos las otras dos.

1.4.1. La condición de profesional de la información que tiene el periodista

La doctrina (33) coincide en que la condición de profesional de los periodistas implica tener un grado mayor, un deber específico de diligencia.

Algunos autores (34) incluso entienden que hay cierto paralelismo entre la libertad de cátedra y el derecho a la información: el docente dispondría de un derecho amplio para exponer sus conocimientos a los alumnos, pero ese derecho no justifica que el profesor se ponga a hablar de lo que le venga en gana y sin criterio ni rigor académico alguno como cualquier charlatán de feria; paralelamente el periodista debe transmitir los hechos que han sido previamente contrastados y confirmados; estaríamos, en ambos casos, ante «libertades que obligan».

En el derecho internacional también encontramos alguna referencia a las obligaciones que implica el ejercicio de las libertades de expresión e información, así el art.10.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966 dice: «El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades (...)».

Cremades García (35) entiende que todo profesional tiene la presunción de actuar con un auténtico animus informandi, pero «será necesario exigirle una actitud de búsqueda de la verdad e incluso, cuando sea posible, que haya conseguido pruebas que justifiquen la veracidad de la información». La obtención de pruebas de que habla este autor parece aconsejable en muchos supuestos en los que el periodista prevea que puede originar polémica su reconocimiento por los afectados, pero no puede llegar al punto de no difundir unos hechos verificados y contrastados pero de los que no se tiene una prueba documental fehaciente, para estos casos el TC ya se pronunciado en el sentido visto por la STC 6/1988 y confirmado por la STC 105/1990 de probar la diligencia debida en la búsqueda de la certeza, «la responsabilidad por la publicación de informaciones falsas o, simplemente, no verificadas no es objetiva: el informante tiene únicamente el deber de diligencia en orden a la contrastación razonable de las afirmaciones que formula».

La STS 29-01-83 sobre el caso Vinader es un buen ejemplo sobre lo que aquí comentamos. El caso era el siguiente: Se procesaba al periodista por imprudencia temeraria profesional (lo que ya nos da la idea de que se trata al periodista como si éste, por su condición de profesional, tuviese una serie de obligaciones y de pautas de diligencia como un médico o un arquitecto), y no por agresión al honor. El periodista había publicado en la revista «Interviú» una serie de informaciones donde se identificaba a una serie de personas, incluidas sus fotografías, como confidentes de la policía contra ETA. Aparte de lo dramático del caso, pues dos de estas personas fueron asesinadas por los terroristas pocos días después, aquí interesa destacar el argumento del tribunal sobre el alcance de la búsqueda de la verdad para un profesional de la información (reproducimos un fragmento de la sentencia por su extraordinaria claridad): «Es incuestionable que no es misión de los periodistas realizar investigaciones parapoliciales para investigar la realidad de los hechos delictivos o de otra naturaleza, ni se puede exigir a los profesionales de la información un absoluto contraste de la veracidad de toda la que reciben y transmitan, lo que implicaría no ya una ilegal limitación a la libertad de expresión, sino la muerte de la información, sí les es exigible, con mayor rigor que a cualquier otro ciudadano, dada la distinta proyección social que la de uno y otro puede tener, la observancia de aquellos deberes objetivos de cuidado imprescindibles para evitar que se puedan poner en peligro bienes jurídicos protegidos por otros derechos tan fundamentales como el de libertad de expresión».

También hay que tener presente que una rigidez excesiva de los tribunales a la hora de valorar las actuaciones periodísticas en orden a la comprobación y verificación de las informaciones choca con la necesidad intrínseca de inmediatez y rapidez en que se mueve el mundo de la prensa. Marc Carrillo (36) sostiene que el factor tiempo no puede operar como factor exculpatorio, pero que sí debe ser tenido en cuenta para entender en toda su dimensión la labor de los medios de comunicación. El Tribunal Constitucional alemán también es de este parecer (37).

1.4.2. La naturaleza del medio de comunicación

En este punto parece oportuno distinguir entre la diferente periodicidad del medio de comunicación en cuestión. Es probable que un tribunal sea mucho más estricto a la hora de exigir determinadas pautas de verificación y diligencia en la búsqueda de la verdad a un medio de frecuencia semanal o mensual que a otro diario, ya que los primeros disponen, en principio, de más tiempo para verificar y contrastar los contenidos de las informaciones que van a publicar.

Los medios con publicación diaria funcionan con el día a día en la mayor parte de sus informaciones. Una de las características intrínsecas de la noticia es la actualidad, esta idea se resume en una máxima que se enseña a todos los alumnos de periodismo: «No hay nada más inútil que un periódico de ayer».

Si se es demasiado estricto en las pautas de verificación de los hechos, los periódicos, diarios, tendrían tal temor a ofrecer noticias de última hora que nos enteraríamos de las cosas más inmediatas varios días después de haber ocurrido.

Parece que si un medio no diario, que por tanto dispone de más tiempo, oportunidades, formas, etc. de poder verificar los hechos, no lo hace, muestra un evidente desprecio hacia la averiguación diligente de la verdad.

Quizá no sea éste el dato determinante para dilucidar sí hay o no responsabilidad del periodista y del medio, pero sí sea un elemento circunstancial útil que ayude al juzgador a fijar el quantum de una eventual indemnización o sanción.

1.4.3. La naturaleza de la información y la especialización del periodista

La naturaleza de la información y las repercusiones (38) que su difusión puede provocar también deben ser tenidas en cuenta por el profesional. Así, por ejemplo, el contenido de una nota de prensa de un organismo oficial tiene una presunción de veracidad que no puede obligar al periodista a verificarlo (39), si bien parece prudente que se le exija que verifique que la nota facilitada (es frecuente que los periodistas escriban informaciones a partir de notas de prensa enviadas por diferentes organismos públicos y privados a la redacción del medio por fax) procede realmente de esos organismos. El manual que recoge los principios editoriales del periódico «El País» dice en su art.1.22: «Los comunicados transmitidos telefónicamente habrán de ser avalados por una voz conocida para el redactor, en el supuesto de que sea imposible disponer del texto en un soporte como el télex o el fax».

Otro factor que repercute en que la noticia se acerque más a la verdad es tender hacia la especialización del periodista, pues su mayor conocimiento de una serie de temas favorecen el rigor informativo y garantiza que posee los datos necesarios para una verificación de la noticia más profesional.

1.4.4. El deber de documentar la información

Galdón López (40) entiende que, además, los profesionales de la información tienen un deber de documentar la información que facilitan al público, es un deber anexo al de diligencia en la búsqueda de la veracidad.

Marc Carrillo (41) añade que la obligación de la documentación y el deber de realizar el esfuerzo por llegar a obtener una noticia coherente alcanza también a la «empresas periodísticas y a los poderes públicos que han de facilitar las condiciones materiales adecuadas para que el periodista pueda ejercer su trabajo plenamente. En concreto, por lo que se refiere a la parte empresarial, la labor de contraste de una información, así como la investigación que la ha precedido, supone una inversión personal y material -medios técnicos y buenos profesionales- para posteriormente responsabilizarse y defender la diligencia empleada en obtener aquello que se ha difundido».

Galdón López (42) también se refiere a esta cuestión poniendo el acento en la obligación que tiene el medio de poner un servicio de documentación a disposición de sus trabajadores, así como no imponer un método de trabajo tan exigente que impida que el profesional disponga del tiempo necesario para confirmar, verificar y documentar la información.

Es probable que esto, igual que veíamos antes, no sea lo definitivo para dilucidar si el medio es o no jurídicamente responsable de una información errónea, pero sí puede ser tenido en cuenta por el juzgador a la hora de fijar la cuantía de una posible indemnización.

1.4.5. La titularidad del derecho: la especial protección al profesional

El Tribunal Constitucional deja claro desde sus primeras sentencias (43) que los titulares de los derechos del art.20 CE son todos los ciudadanos, aunque afecte especialmente a los periodistas que «hacen de la búsqueda y difusión de la información su profesión específica». En sentencias posteriores (44)añadirá que las libertades tienen el máximo nivel de protección cuando son ejercidas por los profesionales. Esta especial protección a los periodistas puede interpretarse como la contrapartida de que éstos disponen frente al plus de diligencia que se les exige.

El reconocimiento constitucional que se hace en el art.20.1.d) de la cláusula de conciencia y del secreto profesional también es un instrumento más que se facilita al periodista, por la trascendencia social de su trabajo, y que también justifica la específica diligencia que éstos han de poner en su trabajo.

No es objeto de este estudio entrar en la polémica sobre el concepto de periodista, una auténtica caja de Pandora dentro de la profesión. Sin embargo, y a los efectos del concepto aquí utilizado, sí es obligado decir que se entiende por periodista a toda aquella persona que hace de la captación, elaboración y difusión de informaciones su profesión. Se trata, por tanto, de un concepto material, es periodista aquel que profesionalmente se dedica al ejercicio del periodismo (45).

1.5. La pluralidad de fuentes informativas como complemento de la veracidad

El objetivo último que se persigue al exigir que la información sea veraz es que el ciudadano pueda acercarse lo máximo posible a una verdad suficiente para conocer los hechos reales y, a partir de ellos, formarse un juicio propio desde el conocimiento racional. Ya hemos expuesto que la verdad en términos absolutos es imposible de alcanzar, pero que la exigencia de veracidad a la información es una vía para aproximarse ella. Junto a la veracidad, una vía complementaria y, a mi juicio, muy importante, es la pluralidad y concurrencia de fuentes informativas de las que dispone el ciudadano para conocer los hechos.

Cremades García (46) entiende que «el contraste de informaciones, noticias y opiniones es el instrumento más eficaz que el sujeto pasivo posee para superar las diferentes verdades subjetivas que conforman, necesariamente, el panorama del tráfico de productos intelectuales y acercarse así, en alguna medida, a la verdad objetiva».

Entendemos que en un régimen de monopolio informativo, público o privado, la verdad no está garantizada, al menos desde el punto de vista del público que no dispone de elementos de contraste (47). En este sentido podríamos decir que el pluralismo informativo es tan importante como el pluralismo político (48) Marc Carrillo incluso defiende que se trata de un valor superior del ordenamiento jurídico y que está investido de fuerza normativa (49). La corte constitucional italiana entiende que «un régimen de democracia libre implica pluralidad de fuentes de información».

Los poderes públicos del estado serían los encargados de garantizar ese pluralismo informativo, la vía más adecuada para ello es una legislación antimonopolio (50) y la imposición de límites a la concentración de acciones de las empresas informativas (51).

Parece aconsejable que el estado no participe en el mercado periodístico cuando la iniciativa privada ofrece suficiente pluralidad informativa y no hay prácticas monopolísticas. O bien que, en ese contexto, ofrezca una información complementaria y alternativa (cultural, formativa, educativa,... -comercialmente poco rentable-) a la que proporciona la empresa privada, lógicamente, movida por intereses económicos.

Sin embargo, la participación de los poderes públicos en el mercado informativo sí se intuye necesaria cuando el mercado no es capaz de garantizar esa pluralidad.

Pero también debe tenerse presente que una excesiva intervención estatal en el mercado informativo, con demasiados medios de titularidad estatal, puede responder más a querer controlar la información que garantizar que ésta sea plural (52). No obstante, la obligación del estado de garantizar el pluralismo informativo no implica que, necesariamente, haya medios de titularidad estatal, como ya ha podido resolver la STC 16-03-81. Otra cosa es que, en el caso de que existan, deba garantizarse el pluralismo en el mismo.

Desde las empresas informativas hay críticas al poder político en tanto que éste reconoce la labor esencial que prestan los medios a la sociedad democrática, además de su labor de culturización, pero no suprime una serie de impuestos que pesan sobre ellos (53) o sobre productos básicos para su funcionamiento como el papel, que en última instancia repercute sobre el precio final que el ciudadano debe pagar por la información.

Quizá pueda parecer una postura corporativista que sólo busca excepciones fiscales a su actividad mercantil, pero creo que esas medidas favorecen la creación de empresas informativas, lo que es positivo para toda la sociedad. Si lo que se quiere es evitar privilegiar el lucro de estas entidades mercantiles, parece más práctico, y acorde con los principios impositivos constitucionales, actuar sobre sus beneficios por la vía impositiva directa.

Desde un punto de vista doctrinal, Ignacio de Otto sugiere la idea de que quizá es posible «deducir derechos prestacionales a partir de los derechos fundamentales clásicos» con tesis como que «el estado debe subvencionar la prensa libre» o que la «libertad de enseñanza conlleva la subvención de la enseñanza privada» (54).

2. LA VERACIDAD Y LA POSICIÓN PREFERENTE

2.1. La relevancia de las libertades informativas para el sistema democrático

La concepción de la posición preferente del derecho de la información y de la libertad de información fue inicialmente desarrollado en los EE.UU. Se parte de la relevancia política de estos derechos que colaboran decisivamente en la formación de la opinión pública libre, que es el pilar del sistema democrático.

En palabras de la doctrina alemana: «Elecciones y votos pueden desempeñar su correspondiente función sólo cuando el ciudadano se encuentra en la posición de poderse formar un juicio sobre las cuestiones decisivas y cuando sabe lo bastante de la conducta de los gobernantes para poder aprobar o rechazar su gestión. La opinión pública presupone información sobre la cosa pública. Y la formación previa de la voluntad política sólo es posible mediante contraste de las diversas opiniones y aspiraciones. Sólo donde reina la transparencia puede haber responsabilidad de los gobernantes y conciencia de esa responsabilidad. En resumidas cuentas, de acuerdo con su propio principio constitutivo, la democracia es cuestión de ciudadanos informados, mayores de edad, y no de masas ignorantes y apáticas, conducidas sólo por afectos e impulsos irracionales, tenidas en la oscuridad sobre su propio destino por sus bien o malintencionados gobernantes» (55).

En el estado social, los poderes públicos son garantes de la efectividad de los derechos fundamentales en general, así, para el caso que nos ocupa, la libertad de información no puede concebirse como un laissez faire. Por tanto, una interpretación institucional del derecho (56) lleva a entender a parte de la doctrina que las libertades de prensa deben prevalecer en cualquier caso sobre otros derechos fundamentales.

Sin embargo, de la constitución no puede extraerse esta idea (57), el TC entiende que en caso de conflicto entre derechos fundamentales no hay que acudir a este criterio, sino a una ponderación casuística (58).

La STC 42/1995 establece que el doble carácter de las libertades del art.20, «libertad individual y garantía de una opinión pública indisolublemente unida al pluralismo político dentro del estado democrático (59)» justifica una «posición prevalente, que no jerárquica», de éste sobre el art.18.

2.2. Los criterios de ponderación del Tribunal Constitucional

Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, el derecho a la información puede entrar en conflicto con el derecho al honor, intimidad y propia imagen que protege el art.18 CE, nos ocuparemos ahora del conflicto con el honor sin perjuicio de ampliarlo en el siguiente epígrafe a los otros.

El alto tribunal efectúa esa ponderación y establece que el 20.1.d) sólo debe prevalecer si en su ejercicio se han cumplido determinados requisitos:

-veracidad (aquí conecta la cuestión de la posición preferente con nuestro objeto de estudio, es uno de los elementos necesarios para hablar de prevalencia, o mejor, es el elemento indispensable que debe tener la información para poder realizar luego la ponderación),

-referido a personajes públicos (elemento subjetivo),

-sobre materias de interés público (elemento objetivo), y

-efectuado en un medio de comunicación de masas (60).

La veracidad se configura así como una de las circunstancias que debe concurrir en el ejercicio del derecho de la información para que este triunfe en un eventual conflicto con el derecho al honor, lo que es muy diferente a defender, a priori, una posición preferente generalizada del derecho a la información sobre otros derechos fundamentales, tesis que no parece contar con la necesaria e imprescindible cobertura constitucional.

2.3. Crítica a la posición preferente

Del texto constitucional no se desprende, en ningún momento, que haya unos derechos fundamentales que primen sobre otros. Es jurisprudencia asentada del Tribunal Constitucional que no hay relación jerárquica entre los derechos fundamentales que implican libertades colectivas y los que protegen las individuales, si bien, con la concurrencia de determinados circunstancias y ponderando casuísticamente, es posible hablar de preponderancia de los primeros sobre los segundos, así la STC 42/1995 según se ha visto anteriormente. De esta forma, sostener que el derecho al honor cede necesariamente ante la libertad de expresión es vulnerar directamente el art. 20.4 de la CE.

Pero, además existe otro argumento más. Ciertamente, las libertades del art. 20, son necesarias para el mantenimiento de una opinión pública libre, pero lo mismo es predicable de todas las libertades públicas. El sistema democrático se basa en el respeto conjunto y sistemático de todos los derechos fundamentales, no cabe hablar de auténtica democracia si cualquiera de ellos no está garantizado. Incluso, si hipotéticamente hubiese que graduarlos, quizá sería prioritario garantizar los derechos de la personalidad, de la dignidad humana, antes que los otros valores jurídicos transpersonales (61).

3. LÍMITES A LA INFORMACIÓN VERAZ

El art. 20.4 CE establece los límites respecto a las libertades de opinión e información: «Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia» (62).

Esta prescripción constitucional ha sido desarrollada por el legislador y podemos especificar estos tipos de límites (63):

-Límites penales: se encuentran esencialmente en el código penal y responde a la protección de determinados valores como el honor (injurias y calumnias) o el prestigio de las instituciones.

-Límites civiles: que se encuentran desarrollados en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que prevé determinadas respuestas de tipo indemnizatorio. Un mismo hecho puede ser llevado a la vía civil o penal, lo que crea problemas en no pocas ocasiones.

-Límites derivados de obligaciones contractuales, en especial los creados por vínculos laborales, que implican un deber de discreción y fidelidad (64).

-El deber de rectificar: aunque López Guerra lo entiende más bien como una obligación y no propiamente un límite.

3.1. Las excepciones a los límites

El código penal regula los delitos contra el honor, injurias y calumnias, en los art. 453 y ss. y sólo en la calumnia acepta la exceptio veritatis. En otros países de nuestro entorno se admite también en la injuria partiendo de que, en principio y dejando al margen lo íntimo, parece que quien dice la verdad no debiera ser castigado.

La jurisprudencia penal del Tribunal Supremo, tras la interpretación constitucional de la verdad de la STC 6/1988, entiende que la exceptio sí puede operar en supuestos de lesión del honor si la información es veraz, como ocurre con las SSTS 18-07-88 y 01-06-89, ésta última en su fundamento de derecho 3 dice: «Toda información que pueda tener un resultado difamatorio no incurre en ilicitud cuando corresponde a ejercicio de derechos sobre una base de hecho veraz».

No obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia (65) exige que concurran una serie de elementos para admitir la lesión al honor, como es que, además de ser veraz, la información debe estar referida a personajes públicos y debe ser de interés general o público (véase lo expuesto en el epígrafe anterior sobre la veracidad y la posición preferente). Se entiende que el derecho al honor de las personas públicas (aunque lo tienen [66]) es de menor consistencia, más débil y reducido que el de los ciudadanos privados porque los primeros «se lanzan a la arena política» voluntariamente y deben aceptar críticas, que pueden incluso llegar a ser mortificantes, y, además, su posición pública les permite un acceso fluido a los medios de comunicación para defenderse con otras manifestaciones (67).

3.2. El ámbito irreductible de la intimidad

El interés público tampoco debe ser confundido con la curiosidad pública (68). Hay un ámbito de la vida privada de la persona (69), lo íntimo, que debe quedar a salvo de cualquier intromisión, aunque la información que se dé sea veraz. La intimidad sería un límite externo del derecho de la información.

Dejando claro este punto de partida, conviene tener presente que «en una sociedad abierta, el debate racional y la información veraz que lo posibilita priman sobre el prejuicio y la hipocresía» (70).

En cualquier caso, se trata de un terreno pantanoso y mal delimitado. Añade Salvador Coderch (71) que «para acabar de complicar las cosas, no todo el mundo es igual: ni todas las personas tienen derecho a exigir un nivel de precaución exquisito en la exactitud de lo que se dice acerca de ellas, ni todas tienen el mismo grado de intimidad y reserva. Hay quien de oficio participa en la vida pública y se somete por ello a las controversias que interesan al público. Hay quien también, de oficio, hace de su intimidad medio de vida y hay, por fin, quien por la relevancia de las funciones que ejerce en la sociedad, no puede exigir de los demás la misma reserva que un retirado ciudadano: un político profesional debe soportar más inexactitudes que un jubilado; una actriz que ha publicado sus memorias matrimoniales debe aguantar más chismes que un padre de familia y un primer ministro debe tolerar que su salud mental sea debatida públicamente».

La STS 18-03-92, en el caso de la imputación de un delito de adopción ilícita a Sara Montiel y su marido, dijo que la mención con nombres y apellidos de personas que no han sido autores ni partícipes en el supuesto delito supone «una intromisión que no puede verse legitimada por el ejercicio de un derecho a la información que ni acredita la veracidad (...) ni, sobre todo, encontraba justificación (...) al desvelar datos (...) del menor que ni eran precisos para la pretendida denuncia de los hechos delictivos, ni podían ser imputados a otros móviles que no fueran los de satisfacer curiosidades malsanas, desvelando hechos que, lógicamente, afectaban a la intimidad familiar de los recurridos, causándoles, además, con ello, un evidente perjuicio».

Santaolalla López (72) critica las SSTC 20 y 40/1992 porque establecen que en la intromisión del derecho a la intimidad es presupuesto que la información sea verdadera (entendida como objetivamente cierta, se abandona aquí la concepción subjetiva de la veracidad como tendencia del sujeto a la averiguación de la verdad que establecía la STC 6/1988) y para saber si es o no legítima tiene en cuenta la circunstancia de personaje público del afectado y del interés general de la información (73).

Este autor defiende que es más conveniente tener un concepto restringido «de la intimidad personal y perseguir todo lo que incida en la misma, medie o no un supuesto de interés público. Esta es precisamente la idea que campea en la LO 1/1982, cuyos arts.2 y 7 ignoran toda referencia a ese elemento. Por eso, y por poner un ejemplo, la utilización de un dispositivo óptico o de escucha para captar la vida íntima de las personas debe tenerse por ilícita, sin plantearse si existe o no interés público en la captación o divulgación de lo captado».

Es difícil no estar de acuerdo con el ejemplo que utiliza Santaolalla, pero hay supuestos en los que una intromisión en la intimidad, no del tipo que describe el ejemplo que goza de protección constitucional directa, sí esta justificada teniendo en cuenta el interés público.

Por ejemplo, pensemos en un medio de comunicación que comprueba, porque así se presencia por los periodistas (que además obtienen fotografías), que el jefe de los servicios secretos de un país, casado, entra en un hotel acompañado de la embajadora de una potencia extranjera y solicita la suite nupcial, la cual abandonan al día siguiente, y que todo esto es publicado. Si a este ejemplo quitamos los cargos de responsabilidad de sus protagonistas y colocamos a ciudadanos anónimos, la publicación sería una intromisión en la intimidad de las personas ilegítima e inaceptable, pero ¿puede decirse lo mismo del caso anterior?

En el ejemplo descrito, lo que sí sería intolerable es que el medio, para hacer la denuncia que hace, se valga de medios ilícitos de captación de las conversaciones o comportamientos íntimos de la pareja y que, además, los publique. Se trataría, de entrada, de un supuesto delictivo por el mero hecho de la captación, pero además, por lo que aquí interesa, sería desvelar detalles totalmente innecesarios para hacer la pública denuncia de los hechos de interés general.

3.3. Los insultos y las manifestaciones vejatorias

Lo que sí parece que debe entenderse, en cualquier caso, como un quebranto intolerable al honor son las manifestaciones vejatorias y los insultos que supongan humillación, menosprecio y maltrato de la dignidad humana (74). Esta cuestión es matizada y puntualizada por Salvador Coderch (75) en el sentido de que no toda zafiedad debe reputarse injuriosa y que «no debe considerarse difamatorio el abuso insultante del hablante que pierde los estribos ni el insulto retórico cuando el contexto impide atribuirle sentido literal».

La STC 42/1995 dice que «una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta, y otra muy distinta es emitir expresiones, afirmaciones o calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa afirmación, y que resultan proferidos, gratuitamente, sin justificación alguna» (76). Por último, también hay que atender a los usos sociales, las caricaturas e hipérboles, esto es, si concurre animus iocandi y no animus iniurandi.

3.4. La prueba de la veracidad/mendacidad de la información

Volviendo a la cuestión de la información veraz y su conflicto con otros derechos, debemos abordar el problema de la prueba de la veracidad en el proceso que debe dilucidar si la información que vulneró otros derechos es o no veraz y, en caso afirmativo, pasar después a la ponderación.

Nuestro Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión expresa de resolver la cuestión de quien debe soportar la carga de probar la veracidad/mendacidad de la información.

De forma tangencial, la STC 107/1988 dice «la eficacia justificadora de la libertad ejercitada solamente podría operar de haberse aportado al proceso penal, con resultado positivo, la prueba de la veracidad», y la STC 197/1988 afirma, refiriéndose a esto, «independientemente de la parte a quien incumba su carga».

En la concepción tradicional del derecho al honor, el tipo penal queda demostrado con la prueba de la publicación del enunciado difamatorio. La verdad o falsedad del mismo es irrelevante y cuando lo es se presume la falsedad, por lo que la prueba de la verdad recae sobre el demandado. Es la concepción de la verdad como una excepción, la exceptio veritatis.

No obstante, un grupo de autores (77) entiende que «la falsedad es elemento del supuesto de hecho de la difamación y su prueba corresponde a quien la alega, es decir, al demandante». Se trata de una tesis importada de la jurisprudencia norteamericana (78) que consiste en hacer recaer sobre el demandante la carga de la prueba de la falsedad de la noticia (falsedad premeditada o cometida por negligencia del periodista que no actuó con la diligencia debida). Aunque para ello se le dota del instrumento de poder investigar el proceso editorial de preparación y emisión de la noticia, lo cual puede chocar claramente con el secreto profesional. A este respecto, la jurisprudencia del TS de EE.UU dice que el medio deberá elegir si se ampara en la «presunción» de veracidad de su información o en el derecho al secreto profesional, pero no a ambos, pues sería una protección desproporcionada por impedir las acciones del demandante.

También plantean estos autores que una solución intermedia entre la postura clásica española y la estadounidense sería que la carga de la prueba correspondiese al demandante en todos aquellos casos en los que la información pretendidamente difamatoria cae dentro del discurso público. La jurisprudencia penal era reacia a tener en cuenta estos criterios (79), pero la STS (civil) 09-07-92 parece dar a entender que debe ser el demandante quien pruebe la falsedad de lo publicado «no se demostró tergiversación o manipulación alguna de lo que el periódico informó», o. poco después, la STS (penal) 16-11-92 «la acusación (...) no ha demostrado que el querellado haya omitido una verificación de la veracidad de sus afirmaciones que, ex ante, hubieran demostrado que ellas no eran veraces».

3.5. El supuesto del reportaje neutral

Hay otros supuestos en los que el contenido de una información puede ser constitutiva de delito, pero la veracidad de la misma, unida a otros factores, puede actuar como eximentes de responsabilidad. Nos referimos a la técnica del reportaje neutral (80).

La STC 159/86 aceptó el recurso de amparo interpuesto por el diario 'Egin' que había sido condenado por la Audiencia Nacional (fallo confirmado por el Tribunal Supremo) por el delito de apología del terrorismo al publicar un comunicado de ETA «el derecho de un profesional del periodismo a informar, así como el de sus lectores a recibir información íntegra y veraz, constituye, en último término, una garantía institucional de carácter objetivo, cuya efectividad exige, en principio, excluir la voluntad delictiva de quien se limita a transmitir sin más la información; aunque ésta, por su contenido, pueda revestir significado penal».

Vemos que el TC español adopta una línea más progresista, en el sentido de favorecer el derecho de la información, que el TS de EE.UU, que exige, para adoptar el mismo criterio, que además de que la información sea correcta, entendida como ajustada a la verdad y no sesgada, que se refiera a una acción de algún poder público que actúe como tal, y que también se cite adecuadamente a la fuente oficial que la origina, por tanto no ampararía el supuesto de comunicados terroristas (81).

3.6. La autorregulación de la prensa

Los periodistas siempre han sido reacios a la legislación sobre la prensa, piensan que «la mejor ley de prensa es la que no existe» (82). Por esta razón muchos son partidarios del sistema de autorregulación de la prensa, de códigos deontológicos (83) y organismos profesionales que establezcan los límites de las libertades informativas y que incluso sancionen a los transgresores de esas normas.

No parece que sea muy prudente dejar la regulación de un derecho fundamental a los usuarios más específicos de éste (84), siempre se trataría de normas que no serían de obligado cumplimiento (salvo que se quiera quitar ese monopolio a los poderes públicos) y las sanciones impuestas por esas asociaciones profesionales carecerían de eficacia coactiva, recuérdese además la expresa prohibición constitucional de los tribunales de honor, art. 26 CE.

Además, se trata de una visión corporativa de la sociedad que no encuentra apoyo en los principios democráticos. Ésta no puede organizarse como la suma de corporaciones (periodistas, sindicalistas, abogados, etc.) que se autorregulan. Conviene recordar que fueron las revoluciones liberales burguesas las que acabaron con los privilegios de los gremios medievales y reclamaron el monopolio normativo para el estado.

Sin embargo, esa autorregulación sí puede ser útil en tanto complementaria de la normativa jurídica y la aplicación judicial. El Press Council británico y el Consejo de Prensa portugués son muestra de su utilidad. El reproche que pueden hacer estas asociaciones a los medios y periodistas que incumplen las normas deontológicas de la profesión podrían ser tanto o más eficaces que las sanciones jurídicas desde el momento en que afectan directamente a lo más valioso que posee el profesional, la credibilidad de su trabajo (en cualquier caso, repito, será complementario de las acciones judiciales, nunca sustitutivo).

A continuación, y a modo de cierre de esta cuestión, creo conveniente reproducir un párrafo de Muñoz Machado (85) que recoge las principales críticas y desconfianzas de buena parte de los juristas hacia ciertas actitudes de la prensa: «Las reclamaciones de la prensa se formulan además, normalmente, como alegatos políticos, y rara vez, como podrá comprobar quien las siga, se elevan hasta planteamientos jurídico-constitucionales. Sólo así se explica que en el discurso se contenga la vaga aspiración de que la libre información se configure como una libertad situada más arriba del cielo de los conceptos jurídicos: una libertad supraconstitucional, incondicionadamente preferente a cualquier otro derecho constitucional, regida por un diferente sistema de frenos y equilibrios, autorregulada, autocontrolada, autotutelada, exenta, en fin, intocable para cualquier otro poder externo».

3.7. Los últimos intentos de reformas penales.

El proyecto de reforma del código penal de 1992 preveía una pena de inhabilitación especial de hasta cuatro años, accesoria de la principal de hasta dos años de privación de libertad, para el profesional que hubiese cometido un delito de calumnia o injuria con reincidencia. El proyecto de 1994 reduce la duración de esa inhabilitación a los dos años, la misma duración que el tiempo de condena de la principal.

Durante la discusión del último proyecto de reforma, el entonces anteproyecto incorporaba el delito de difamación como la falsa atribución de unos hechos que, no siendo delictivos, sean deshonrantes. Finalmente, tras una amplia y sonora oposición de los profesionales y otros grupos parlamentarios que entendían el precepto como un intento del poder político de limitar las libertades informativas, no se incluyó en el proyecto de ley. Los autores también parecen coincidir en que la sanción jurídica a los periodistas difamadores no debe ser privativa de libertad, prefieren otras como la pecuniaria o, en su caso, la inhabilitación (86).

Algún autor (87) incluso sugiere que «el legislador tendría la obligación, en tanto se trata de un aspecto de la garantía del derecho a recibir información del art.20.1.d), de articular legalmente la protección del receptor frente a la información falsa, que no debe confundirse con la otorgada por los derechos de rectificación y réplica». Esta propuesta normativa, como advierte el mismo autor, tiene la evidente dificultad práctica de reconocer legitimidad procesal a cualquier individuo para hacer valer ante los tribunales su derecho a recibir información veraz.

CONCLUSIONES:

1. La veracidad en la información es un límite interno, un elemento estructural del derecho. Junto a este límite interno hay otros externos: honor, intimidad,...

2. Si la verdad absoluta no existe, el requisito de veracidad debe entenderse como la recta tendencia del informador hacia la averiguación de la realidad de los hechos y su leal transmisión.

3. Un error en la información cometido sin negligencia no supone la desprotección del texto informativo.

4. La veracidad sólo opera en el derecho de la información (transmisión de hechos), no en la libertad de expresión (transmisión de opiniones). Cuando aparecen confundidas en un mismo texto, hay que acudir al elemento preponderante en el mismo.

5. El ejercicio del derecho de la información es de todos los ciudadanos, si bien los periodistas hacen un uso privilegiado de éste al amparo de la trascendencia de su labor para el sistema democrático. Por ello, también se benefician de la cláusula de conciencia y del secreto profesional.

6. El periodista, como profesional de la información, soporta un plus en la diligencia que debe observar en la verificación de la noticia. Como obligación añadida a la profesionalidad también tiene el deber ético de documentar la información.

7. El pluralismo informativo debe entenderse como el complemento necesario de la veracidad interna de la información. El sujeto sólo se sentirá correctamente informado si dispone da varias fuentes para hacer su propia contrastación y verificación. El estado social, los poderes públicos, tienen la obligación de velar por la existencia de un pluralismo informativo real.

8. La veracidad es el requisito previo de la información para poder ser ponderada frente a otros derechos fundamentales en un eventual conflicto.

9. La información, aunque veraz, tiene los límites externos del art. 20.4 CE, sobre los que puede prevalecer si concurren determinadas circunstancias. El insulto o la vejación nunca será protegido, tampoco la información que vulnere el núcleo irreductible de la intimidad.

10. La exigencia de responsabilidad contra la información mendaz, sólo por el hecho de vulnerar el derecho del ciudadano a recibir información veraz, choca con criterios de razonabilidad en la articulación de la legitimidad procesal.

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Notas

1 Cremades García, Javier: «La exigencia de veracidad como límite a las libertades informativas», en la obra colectiva Estudios sobre derecho de la información, UNED, Madrid, 1994, pág.75.

2 La STS 13-09-92 dice que la información mendaz conculca la fama y buen nombre del afectado y, además, el derecho de «todos los que recibiéndola quedan fraudulentamente informados, o mejor desinformados». La STS 15-09-92 «para que pueda justificarse la intromisión en el honor ajeno se precisa inexcusablemente que la información tenga el carácter de tal, o lo que es lo mismo, que sea veraz». En un plano doctrinal, Brajnovic, Luka: El ámbito científico de la información, Pamplona, 1979, pág.37.

3 Carrillo, Marc: «Derecho a la información y veracidad informativa», en REDC nº 23, 1988, pág.188. También la STC 77/1982 sobre el caso de «La Hoja del Lunes».

4 Entre otros, Russell, Bertrand: El conocimiento humano, Taurus, Madrid, 1977, págs.123 a 172.

5 Véase la STC 107/1988: «La información tiene el límite interno de la veracidad».

6 Véase la tesis de los «límites inmanentes» de los derechos fundamentales en Otto Pardo de, Ignacio: Derechos fundamentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1988, págs.110 y 111.

7 Carrillo, Marc: op. cit. pág.188; Muñoz Machado, Santiago: Libertad de prensa y procesos por difamación, Ariel, Madrid, 1988, pág.43 y 154.

8 Op. cit. pág.147 y ss.

9 Pinillos, José Luis: «Los falsificadores de la información», en Cuenta y Razón nº 44-45, págs. 3 a 6, advierte del peligro de las técnicas que utilizan los servicios de desinformación oficiales y no oficiales, con los ejemplos paradigmáticos de Göbbels durante el nacional-socialismo y la Sección A de la primera Dirección General de la KGB denominada «Desinformatzia».

10 Op. cit. pág.151.

11 En este sentido se manifiesta Villaverde Menéndez, Ignacio: Estado democrático e información: el derecho a ser informado, JGPA, Oviedo, 1994, pág. 351.

12 «El «derecho» a la información mendaz (algunas consideraciones sobre la jurisprudencia constitucional acerca de la libertad de información», en RDP, nº 27-28, 1988, págs. 281 a 290.

13 Carrillo, Marc: op. cit. pág.199. También: Solozábal Echavarría, Juan José: «Aspectos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información» en REDC nº 23, pág.151; Bustos de, Rafael: «La libertad de información: contenido esencial (II)», en Debate Abierto nº 8, 1992, pág. 74; Cremades García, Javier: op. cit., pág.103 y 113.

14 Muñoz Machado, Santiago: op. cit. págs. 99 y ss.

15 Véase la STC 240/1992 en la que se concede amparo a «El País», que había sido condenado por vulnerar el derecho al honor de un sacerdote, al entender que el error en la información fue cometido a pesar de que el periodista fue diligente.

16 Santaolalla López, Fernando: «Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión: una valoración», en RAP nº 128, 1992, pág.188 y ss.

17 Vilas Nogueira, op. cit. pág.286 y Santaolalla López, op. cit. pág.189.

18 Así se manifestaba inicialmente el Tribunal Constitucional, STC 13/1985.

19 Muñoz Machado, op. cit. pág.158.

20 López Guerra, Luis: «La libertad de información y el derecho al honor», en Poder Judicial nº. VI, 1989, pág.290. También en este sentido Muñoz Machado, op.cit.pág.159.

21 Solozábal Echavarría, op. cit. pág.143.

22 Salvador Coderch, Pablo: El mercado de las ideas, pág.165.

23 González Ballester, Teodoro: «La genérica libertad de expresión y la específica libertad de información», en Cuenta y Razón 44-45, pág.43.

24 Véase las SSTC 6/1981 y 12/1982.

25 En este sentido Solozábal Echavarría, op. cit. pág. 58. Fernández Areal, Manuel: «La protección de la verdad en la libre comunicación de mensajes informativos» en Poder Judicial nº. XIII especial, pág. 206, sostiene que el derecho no corresponde en exclusiva a los periodistas, si bien el conjunto de la población delega en ellos como profesionales, igual que ocurre con los médicos o los arquitectos.

26 Véase la STC 120/1983 F.J.2.

27 Carrillo, Marc: op. cit. pág.190.

28 Véase Muñoz Machado, op. cit. pág. 187 y ss.

29 Santaolalla López: op. cit. pág.18

30 Op. cit. pág.227.

31 Op. cit. pág.210

32 Véase epígrafe 2, La veracidad y la posición preferente.

33 Entre otros: Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo: «Hay libertades que obligan», en Cuenta y Razón 44-45, pág.37; Marc Carrillo, op. cit. pág.204; González Ballester, op. cit. pág.45; Muñoz Machado, op. cit. pág.31, Cremades García, op. cit. pág.83; Salvador Coderch, op. cit. pág.89.

34 Martín-Retortillo, op. cit. pág.38.

35 Op. cit. pág.83.

36 Op. cit. pág.205.

37 Véase BVerfGE 54.

38 El art.1.23 de los principios editoriales del Manual de estilo de «El País» dice: 'En los casos conflictivos hay que escuchar o acudir siempre a las dos partes en litigio. Aquellos dudosos, de cierta trascendencia o especialmente delicados han de ser contrastados por al menos dos fuentes, independientes entre sí, a las que se aludirá siquiera vagamente'.

39 En este sentido se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso The Florida Star v. B.J.F. de 20-06-89 que dice: «La confianza de los medios de información en la corrección de las notas oficiales de prensa no puede ser defraudada ex post sin un coste obvio de autocensura».

40 Galdón López, Gabriel: «El deber de documentar la información periodística», en Información y derechos humanos, Daniel Innerarity y Aries Vaz editores, Pamplona, 1987, págs. 111 y ss.

41 Op. cit. pág.204.

42 Galdón López, Gabriel: El servicio de documentación de prensa. Funciones y métodos, Barcelona,1986, págs.28 y ss.

43 Véase STC 16-03-81.

44 Véase SSTC 165/1987 y 105/1990.

45 Para un estudio detallado de las diferentes concepciones de periodista, aunque defendiendo la más corporativa -sólo los licenciados en Ciencias de la Información-, véase AA.VV.: Derecho de la información (I). Sujetos y medios, Colex, Madrid, 1992. pág.154 y ss.

46 Op. cit. pág.85.

47 Véase Fernández Areal, op. cit. pág.221.

48 Villaverde Menéndez, op. cit. pág. 219, apunta que son los arts.1.1 y 9.2 de la CE los que obligan al estado a no ser ajeno a la existencia o no de pluralismo informativo, del que, en definitiva, debe ser garante.

49 Op. cit. pág.188.

50 El grupo parlamentario de Izquierda Unida presentó una proposición de ley ante el Congreso el 22 de septiembre de 1994 en defensa de la pluralidad y de la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación. En su exposición de motivos se sostiene que la concentración de medios de comunicación «constituye una amenaza para los derechos de dar y recibir los ciudadanos información veraz». Establece unos límites sectoriales y multisectoriales de concentración. Para velar por el cumplimiento de los preceptos de la Ley, se prevé la creación de un Consejo para la Defensa de la Transparencia y Pluralidad de los Medios de Comunicación que estaría compuesto por miembros designados por los sindicatos, por las organizaciones empresariales del sector, y por las Cortes Generales.

51 Es el caso de los arts.18 a 23 de la LO 10/1988, de 3 de mayo, de televisión privada, que limita al 25% el capital máximo que puede acumular una persona física o jurídica.

52 Fernández Areal, op. cit. pág.220; Solozábal Echavarría, op. cit. pág.147.

53 En España los periódicos y libros soportan un 4% de IVA, mientras que en otros países comunitarios éstos no tienen impuestos.

54 Op. cit. pág. 168.

55 Hesse, Konrad: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, pág.60. En cita de Solozábal Echavarría, op. cit. pág.141.

56 Véase Bökenförde, E.W.: Escritos sobre derechos fundamentales, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 1993, págs. 53 y ss. También las aportaciones de Peter Häberle citadas en la obra anterior.

57 Véase crítica a esa idea y a la concepción institucional de los derechos en Santaolalla López, op. cit. pág.192.

58 Véase las SSTC 105 y 172/1990 y el ATC 20/1993.

59 Véase las SSTC 104/1986, 107/1988, 171 y 172/1990, 40, 85 y 240/1992, 170/1994 y 42/1995.

60 Véase la STC 6/1988, complementada por la STC 105/1990 que especifica otros dos elementos derivados de los anteriores: que la información sea útil para la formación de una opinión pública libre y que sea ejercida por profesionales en medios de comunicación.

61 En el mismo sentido, véase a Santaolalla López: op. cit. pág. 194 y ss.

62 Respecto a la protección de la juventud y de la infancia véase García Atance, María Victoria: «La protección de la juventud y de la infancia en las libertades informativas», en Estudios sobre derecho de la información, UNED, 1994. Desde una perspectiva del profesional de los medios de comunicación véase Rico, Lolo: TV fábrica de mentiras, Espasa Hoy, Madrid, 1992.

63 Véase López Guerra, op. cit. pág.287.

64 Véase Rivero Rojas, Gloria P.: La libertad de expresión del trabajador, Madrid, 1991, y «El conflicto entre el honor y la libertad de expresión: referencias en el ámbito laboral», en Poder Judicial nº. XIII especial, 1990.

65 Véase STC 107/1988.

66 Véase STS 18-03-92.

67 Véase Santaolalla López, op. cit. pág.202 y 203. Según Salvador Coderch, op. cit. pág. 272, debe entenderse dentro del concepto de personaje público a políticos y otras personas relevantes en la sociedad.

68 La jurisprudencia norteamericana se enfrentó a esta cuestión en el caso Time Inc. v. Firestone en 1976 y estableció que la disolución judicial de un matrimonio no era una materia de interés público aunque los divorcios de gente muy rica puedan interesar a una parte del público. En España véase (infra) la STS 18-03-92.

69 González Gaitano, Norberto: El deber de respeto a la intimidad, EUNSA, Pamplona, 1990.

70 Salvador Coderch, op. cit. pág. 242.

71 Ibidem, pág. 242 y 243.

72 Op. cit. pág.191 y 192.

73 En el caso de particulares, la intromisión en la intimidad sólo se acepta si hay consentimiento del afectado. Consentimiento que puede ser revocado según el art.2.3 de la LO 1/1982 y la STC 117/1994 sobre el caso de Ana Obregón contra Interviú.

74 En este sentido véanse las SSTC 105/1990, 171/1990 y 85/1992 y la STS de 03-10-89 y la aportación doctrinal de Santaolalla López, op. cit. pág.202, y Fernández Areal, op. cit. 221.

75 Op. cit. pág.169 y ss.

76 También en este sentido las SSTC 107/1988, 105 y 172/1990, 336/1993 y 170/1994.

77 Véase Salvador Coderch y otros, op. cit. pág.290 y ss.

78 Véase Herbert v. Lando, 1979.

79 Véase el análisis detallado de esta jurisprudencia en Salvador Coderch, op. cit. pág.294 y 295.

80 Cuando el medio recoge lo que dice un tercero, lo dicho es responsabilidad del tercero, aunque el medio debe estar en condiciones de probar que lo publicado coincide exactamente con lo que dijo el tercero. No obstante, el TC exige que lo que se publique sea de interés público (puede que la noticia en general sí lo sea, pero que algún extremo de ella no y resulte ofensivo, esta parte no quedaría protegida). El medio quedará libre de demostrar el interés público de las manifestaciones del tercero cuando procedan de una persona que convierte en interés público todo lo que dice, por el hecho de decirlo ella, por ejemplo, declaraciones del presidente de Gobierno.

81 Véase la sentencia del TS de EE.UU en el caso Edwards v. National Audubon Society de 1977.

82 Véase, por todos, la opinión de Juan Luis Cebrián en el debate celebrado en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, Cuadernos y Debates nº 12, 1988.

83 Es el caso del código deontológico para periodistas adoptado por el Consejo de Europa el 01-07-93.

84 Véase la información aparecida en 'El País' el 28-11-94, pág.26, sobre el debate entre periodistas y juristas sobre el autocontrol de la prensa.

85 Op. cit. pág.12.

86 Véase el debate entre los diferentes ponentes asistentes a las Jornadas sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Código penal de 1994 celebradas en la Facultad de Derecho de La Laguna del 20 al 28 de enero de 1995, publicado por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

87 Villaverde Menéndez: op. cit. pág.338.

(Este trabajo fue premiado en el VI Certamen de Estudios Jurídicos Ignacio González Reyes, convocado por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife)


FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:

Navarro Merchante, Vicente (1998): La veracidad, como límite interno del derecho a la información. Revista Latina de Comunicación Social, 8. Recuperado el x de xxxx de 200x de:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/
56vic.htm