ÁMBITOS. Nº 6. 1 er Semestre
de 2001 (pp. 279-303)
Periodismo
especializado en medio ambiente: el caso Doñana como paradigma de manipulación
informativa
Dr. Carlos Elías ©
Profesor de Periodismo Especializado de la
Universidad Carlos III de Madrid
Este artículo es parte de
una tesis doctoral titulada Flujos de información entre científicos y prensa
en la que, entre otros asuntos, se aborda la manipulación política de la
información científica. En esta tesis se utilizó la metodología de
investigación participativa, que implicó, entre otras circunstancias, que quien
suscribe este artículo estuviera seis meses en el gabinete de prensa del CSIC
como becario para investigar a fondo cómo se gestiona la información desde un
gabinete de prensa gubernamental. En el artículo se demuestra la gran
influencia de los gabinetes de comunicación en la prensa española. También se
analiza cómo se manipula el mensaje y cómo se seleccionan las fuentes para
someter los criterios científicos a los políticos. Para demostrar esta
hipótesis se han estudiado todas las informaciones que aparecieron sobre el
desastre ecológico de Doñana en la prensa de tirada nacional desde abril hasta
julio de 1998. Se han relacionado las diferentes actuaciones del gabinete con
la teoría general de la gestión de crisis informativas.
This research are included in a doctoral thesis about information flows
between scientists and press. We use participative research methods. For that,
the author got a fellowship of CSIC, the biggest spanish research center, and
worked as a member of its press office during a six months periods. This
article shows how scientific press offices have a very big influence in spanish
press. Also the research proves how messages is manipulated and how the
scientific sources are selected in order to indentify scientific and politics
criteria. For demostrate how this manipulation is done, I analyse press
information about Doñana ecological catastrophe published in 1998 in spanish
national newspapers from april to july. Also these dates proves the
relationship with general theories about informative crisis.
Palabras clave:
Doñana/Periodismo especializado/Crisis informativas/Gabinetes de
prensa/Periodismo medioambiental.
Key Words: Doñana/Specialized
jornalism/Informative crises/Press offices/Environmental journalism.
A las 3:30 horas de la
madrugada del sábado 25 de abril de 1998 se rompe una presa de contención de
lodos contaminantes en las minas de Aznalcóllar, a 60 kilómetros del Parque
Nacional de Doñana. En la presa se almacenaban millones de metros cúbicos de
agua con metales pesados. Ese mismo día la ministra de Medio Ambiente, Isabel
Tocino, visita la zona afectada. El domingo 26 de abril se improvisan unos
diques para impedir que el agua contaminada se extienda por el parque nacional,
pero aún así quedan arrasadas 5.000 hectáreas de cultivos en el entorno. Ese
día el acontecimiento es primera página de todos los periódicos españoles (1).
Las televisiones, las emisoras de radio y las agencias de noticias habían dado
la noticia desde el día anterior. La crisis había estallado y los medios de
comunicación estaban ávidos de información. El 27 de abril ya aparecieron
declaraciones en las que el Ministerio de Medio Ambiente, del PP, y la Junta de
Andalucía, del PSOE, eludían sus culpas respectivas y se cruzaban acusaciones
mutuas sobre la responsabilidad del vertido.
A esas alturas de la
crisis ya se conocía la responsabilidad de cada actor de esta tragedia. Los
inclinómetros que poseía la presa y cuya misión era calibrar si los muros de la
misma cedían ante la presión del agua tóxica embalsada, propiedad de la empresa
sueca Boliden Apirsa, no funcionaban o estaban sucios y no medían adecuadamente
las inclinaciones de los muros. Aun así se solicitó permiso para desembalsar 1
millón de metros cúbicos de agua al Guadiamar, afluente del Guadalquivir, pero
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo prohibió, pues no podía
permitir ese vertido sin que antes hubiese sido depurado.
La Confederación
Hidrográfica es la encargada de vigilar los vertidos al río y pertenece al
Ministerio de Medio Ambiente. La Consejería de Industria de la Junta de
Andalucía, del PSOE, era la encargada de vigilar la seguridad de la balsa, un
cometido que diseñó y ejecutó una empresa denominada Geocisa. Esta empresa
debía controlar, entre otros aspectos, el buen funcionamiento de los
inclinómetros. La Consejería de Medio Ambiente, también del PSOE, debía
controlar los residuos tóxicos pero no los mineros.
El 20 de abril, cinco días
antes del suceso, Geocisa remitió a la Consejería de Industria un informe
-concluido el 31 de marzo y publicado en El País (17 de mayo)- en el que se
alertaba del deficiente estado de los cuatro sensores de movimientos del muro.
Días después, la Consejería de Industria, según su director general, Francisco
Mencia, solicitó a esta empresa que lo reparase. Geocisa no informó sobre si
cumplió la reparación. Ningún inspector lo verificó. Boliden Apirsa no
interrumpió su producción. Ninguna autoridad lo exigió. Continuó el llenado de
la balsa y subió el volumen del agua y la presión de los lodos tóxicos. El día
25 de abril ya no hicieron falta los inclinómetros para saber que los muros se
movían.
El 28 de abril, el
director de Estación Biológica de Doñana, Miguel Ferrer, señala a la prensa que
el acuífero está afectado. La Estación Biológica (2) pertenece al CSIC y su
director, un cargo de confianza del presidente. Inmediatamente fue llamado a
Madrid y se le prohibió realizar más declaraciones sin consultar antes con el
CSIC.
El Ministerio de Medio
Ambiente estaba apareciendo en la prensa como culpable cuando, en realidad, los
responsables de que las inspecciones no se hubiesen llevado a cabo eran los
consejeros de Industria y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El gabinete
de prensa del presidente de la Junta, Manuel Chaves, dirigió desde el primer
momento una ofensiva muy fuerte contra Isabel Tocino.
La estrategia del
Ministerio de Medio Ambiente estuvo, en un principio, muy mal diseñada para
combatir una crisis. Fue a la defensiva y no tomaba la iniciativa. Esto fue un
error según los últimos estudios sobre gestión de crisis informativas. Así, el
investigador en comunicación científica Pierre-Marie Fayard (3) señala:
La energía liberada
por una crisis alimenta la ruptura del consenso previo entre las partes de un
todo hasta entonces en equilibrio a falta de algo mejor. Adoptar una postura
defensiva o a la espera de acontecimientos provoca el abandono de la escena de
acción y de la iniciativa a merced de otros principios de existencia, mientras
otros actores, no necesariamente bien intencionados, están a la espera de que
la crisis empiece a hacer efecto.
En parte, la culpa de esta
falta de estrategia la tenía el hecho de que la ministra había cambiado
frecuentemente a su jefe de prensa durante su mandato. La estrategia de
comunicación de la Junta de Andalucía apelaba a los sentimientos. La ministra
sólo viene a hacerse la foto, declaraba Manuel Chaves dos días después del
desastre y tras la visita de Isabel Tocino.
Mientras, la estrategia de
comunicación del ministerio cometía un error muy frecuente: apelar a la razón.
Las declaraciones sólo giraban en el sentido de que el ministerio no tenía
competencias y la Junta sí. Pronto se comprobó que esa política no beneficiaba
al ministerio, porque los responsables de comunicación de la Junta
contraatacaban con similares razonamientos y era obvio que ni los periodistas
ni la población iba a perder el tiempo en averiguar a quién correspondían las
competencias.
Incluso llegaron a
criticar a la ministra por decir que el parque nacional de Doñana se había
salvado (4). La afirmación era cierta. El parque nacional, responsabilidad del
Ministerio de Medio Ambiente, no había sido afectado por la contaminación, al
menos en su superficie, porque luego se comprobó que los acuíferos que lo
surten sí estaban contaminados, pero esta verificación se realizó el 29 de
abril, dos días después de las declaraciones de la ministra. Lo que sí estaba
afectado era el parque natural de Doñana, que pertenecía a la Junta. Sin
embargo, pocos periodistas y menos lectores estaban al tanto de la diferencia
entre parque nacional y parque natural, entre parque y preparque. Estaba claro
que la estrategia de apelar a la razón había que aplicarla de otra forma.
La estrategia de
iniciativa y de declaraciones sentimentales que tuvo la Junta de Andalucía en
un primer momento tuvo también sus fallos conceptuales como cuando el consejero
de Medio Ambiente arremetió contra la Confederación Hidrográfica por bombardear
agua contaminada al río Guadiamar. Pero no matizó que habían sido los propios
técnicos de la Junta, es decir, sus subordinados, los que habían sugerido tal
decisión, para evitar una mayor avalancha de lodos. Sin embargo, lo importante
era tomar la iniciativa y echar la culpa al ministerio.
Un rosario de políticos
visitó Doñana para apoyar a uno u otro bando. La estrategia ahora era estar en
los medios de comunicación para justificar y argumentar las posturas de cada
partido político y recriminar las del adversario. Por el PP, visitaron el
parque, entre otros, el presidente de gobierno, José María Aznar; el ministro
de Industria, Josep Piqué; la titular de Agricultura, Loyola de Palacio, y el
de Trabajo, Javier Arenas, quien también era el responsable en aquella época
del PP en Andalucía. Por el PSOE acudieron desde los miembros de la Junta hasta
el candidato a la presidencia de gobierno en aquella época, Josep Borrell.
Estaba claro que en el
plano político no se solucionaba nada porque éstos no se ponían de acuerdo y
sus declaraciones estaban mediatizadas por el partido al que pertenecían. En el
plano científico, el asunto también amenazaba con salirse de los cauces previstos.
En este caso, tanto el gobierno como la Junta querían que los científicos
aseguraran que los daños no habían sido muy graves, de forma que sus mutuas
responsabilidades quedaran rebajadas. Sin embargo, la opinión de los
científicos independientes era muy crítica. De ahí surgió la idea de encauzar
todas las opiniones científicas a través de un organismo científico susceptible
de ser manipulable políticamente como el CSIC.
Al revisar los periódicos
de esos días se demuestra cómo en un primer momento todos los científicos
españoles que sabían algo sobre el tema pudieron opinar. Sólo cuando el
gabinete de prensa del CSIC tomó las riendas del asunto, se observa que el CSIC
cobró el absoluto protagonismo científico, al tiempo que otros expertos dejaron
de aparecer.
Diferencias entre los tres diarios nacionales en el tratamiento informativo de la crisis
Si estudiamos las
repercusiones de la noticia en los tres diarios de tirada nacional El País,
Abc y El Mundo- observamos bastantes diferencias en cuanto al tratamiento de la
información.
El diario El Mundo fue,
sin duda, el que mejor trató la información, no sólo desde el punto de vista de
su cobertura informativa número de páginas-, sino de su independencia de
criterio así como por la inclusión desde un primer momento de las opiniones
científicas, algo que no hicieron los otros dos.
El domingo día 26 de
abril, El Mundo titulaba a 4 columnas en primera página Desastre ecológico a
las puertas de Doñana, al tiempo que movilizaba desde el mismo día 25 a su redactor
especializado en medio ambiente Gustavo Catalán Deus- quien apoyado por otro
redactor y la corresponsal del diario en Sevilla cubrieron el accidente
ecológico durante las primeras semanas.
El día 27, El Mundo ya
incluyó un artículo del profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza
Pedro Arrojo, quien además era miembro por España del Comité Hombre-Biosfera.
Las primeras declaraciones
de un científico en la prensa española sobre este asunto se produjeron en El
Mundo el 29 de abril. Correspondían al presidente de la Real Academia de
Ciencias, Ángel Martín Municio, y aparecieron en la portada del citado diario.
En ellas, Martín Municio
aseguraba, entre otras afirmaciones: La repercusión de este vertido será para
la eternidad en miles de hectáreas y añadía: La sociedad española no se está
dando cuenta de la brutal y terrible trascendencia de esta contaminación
ambiental.
El mismo día 29 también
aparecen en El Mundo las opiniones de Miguel Ferrer, en su calidad de director
de la Estación Biológica de Doñana, no de científico; y de los científicos
Narcís Prats, catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona, y de
Miguel Delibes de Castro (5), director de la Estación Biológica desde 1988
hasta 1995 y estudioso del ecosistema de Doñana durante 25 años, el cual
vaticinaba: El agua y el lodo formarán una bomba permanente de tierra apestada
que se irá filtrando poco a poco.
Estas declaraciones eran
ampliadas por la opinión del científico del CSIC Román Román, del Instituto de
Ciencias Medioambientales, quien explicaba a El Mundo (29 de abril): La
concentración de contaminantes en el acuífero es baja en estos momentos porque
éste está cargado de agua, pero aumentará en el verano, cuando el volumen de
agua comience a descender.
El diario El Mundo fue
también el más crítico tanto con el PP como con el PSOE en este asunto. Pese a
lo que pueda creerse respecto a la afinidad de este periódico con el PP, las
críticas más duras contra Isabel Tocino aparecieron en este diario. Así, en su
editorial del 30 de abril El Mundo publicaba:
Isabel Tocino minimizaba
el desastre con alegre precipitación Doñana está salvado. En lugar de
permanecer a pie de obra (...) ha estado fuera de España dos días para firmar
el protocolo de Kioto, un documento que podría haber signado en su nombre el
secretario de Estado. (...) Su viaje transoceánico suena a espantada y a
dejación de responsabilidades. (El Mundo, 30-4-1998: 3)
En el mismo editorial
además de responsabilizar a la Junta de Andalucía de sus dejaciones, también se
recuerda que José Borrell estaba al frente de Obras Públicas, ministerio del
que dependía Medio Ambiente, cuando se produjeron las primeras denuncias en
1995.
El diario El País titula
en la primera página del domingo 26 de abril: La rotura de una presa con agua
ácida causa un desastre ecológico en Doñana pero no desplazó a su redactor
especializado en medio ambiente Inmaculada Mardones-. La información del
domingo se elaboró con agencias y con la corresponsal del diario en Sevilla.
El día 27 de abril, El
País envía a un redactor desde Madrid, pero no al especializado en medio
ambiente, sino a uno de los de la sección de ciencia Javier Sampedro-. Es
interesante destacar asimismo que hasta el 30 de abril, en que aparece la
reunión de los científicos del CSIC del día 29, El País no incorpora a su
información la opinión de ningún científico. Sólo aparecen declaraciones de
miembros del gobierno desde ministros a directores generales-; de la Junta
desde consejeros hasta técnicos-; de alcaldes de las zonas afectadas y de
organizaciones ecologistas. Sin embargo, no aparecen opiniones y, sobre todo,
evaluaciones de ningún científico (6).
Esta estrategia de El
País, utilizada en los primeros días, de no incorporar opiniones independientes
a la de los poderes establecidos creo que se sustenta en el hecho de que
posiblemente debió sufrir fuertes presiones de los dirigentes del socialismo
andaluz que salían muy perjudicados en declaraciones de científicos que no sólo
los responsabilizaban, sino que en vez de minimizar las consecuencias de la
catástrofe tal y como pretendían la Junta y el gobierno- las maximizaban.
Sin embargo, a medida que
transcurrieron los días El País fue introduciendo la opinión de otros
científicos. Destaca la de Miguel Delibes (9 de mayo) y la no inclusión de las
del presidente de la Real Academia de Ciencias.
No obstante, el artículo
de Miguel Delibes es bastante crítico. En él se señala:
La balsa de lodos tóxicos
y aguas ácidas de las minas de Aznalcóllar se rompió y los efectos de la negra
riada consiguiente empiezan, sólo empiezan, a ser conocidos: desolación,
muerte, impotencia, miedo a lo que ocurra en el futuro, a cuánto tiempo pueda
prolongarse la desgracia. (El País, 9-5-1998: 12)
Tras este análisis,
criticaba a ministra Isabel Tocino señalando que no pueden cavarse trincheras y
distribuir fuerzas a las puertas del parque nacional, por si acaso, mientras se
destruyen el parque natural y su entorno. Añadía: Mucho menos, por supuesto,
se puede presumir luego de que lo mío se ha salvado. De poco vale que el
corazón de Doñana quede indemne si se queman sus brazos y sus piernas.
Sin embargo, Delibes no
critica en la misma medida la dejación de responsabilidades de la Junta en
cuanto a la inspección de los inclinómetros. Sólo apunta: La disputa entre los
responsables de los gobiernos central y autonómico recuerda a la de dos niños
que, jugando, rompieran el jarrón chino de la estantería familiar.
El País le dedica al
accidente dos páginas los días 26 y 27; cuatro el 28 y tres y un editorial el
29. En el editorial titulado Escurrir el bulto se critica el mutuo cruce de
acusaciones entre la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente, pero la crudeza
de la crítica es inferior a la de El Mundo.
Abc publicó un editorial
el mismo día 26 de abril en el que instaba a buscar soluciones en lugar de
eludir responsabilidades. Destaca que, al igual que El País, tampoco envía a
sus redactores especializados en medio ambiente a Sevilla, sino que la
información se elabora desde allí 7 . Al igual que en El País, en Abc no
aparece la opinión de los científicos hasta el día 30 de abril, es decir la
referida a la reunión de los expertos del CSIC. Las fuentes que aparecen en
las noticias proceden del gobierno central, de la Junta de Andalucía, de
técnicos y de ecologistas. Abc, acorde con su línea ideológica, prima en los
titulares las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente. Titulares como
Tocino: el corazón de Doñana se ha salvado (27 de abril) o Isabel Tocino
apunta directamente a la Junta de Andalucía como responsable de los vertidos
(28 de abril) ilustran esta hipótesis.
Durante los primeros días
esta información no aparece en la portada de Abc, aunque es necesario matizar
que las portadas de este diario no siguen los criterios habituales de otros
periódicos debido a la particularidad de incluir una foto en color de grandes
dimensiones en la misma.
Tras este análisis sobre
cómo se desarrolló la noticia en los primeros días puede concluirse que en los
momentos iniciales los periodistas no sabían a qué científico acudir o no
consideraron necesario incluirlos en la información, un hecho habitual en la
información medioambiental española, como ya se ha señalado en esta tesis.
Uno de los primeros en ser
contactado fue el presidente de la Real Academia de Ciencias, Ángel Martín
Municio, quien dio su opinión en varias emisoras de radio y televisión. Incluso
en un reportaje publicado en El Mundo (1 de mayo) titulado Las claves del
mayor desastre medioambiental, la opinión científica proviene sólo de Martín
Municio. A la pregunta del periodista sobre ¿Hasta cuándo permanecerá la
contaminación?, el presidente de la Real Academia de Ciencias le contesta:
Eternamente. Y añade:
Esto quiere decir que la
recarga de contaminantes en el acuífero de Doñana, que tiene aguas fósiles de
cientos de años, darán trazas de metales pesados dentro de varios siglos.
Cualquier análisis profundo de las tierras afectadas también detectará durante
décadas el vertido. (El Mundo, 1-5-1998: 25)
Otro de los científicos al
que también se le consultó sobre el desastre fue a Miguel Delibes de Castro
quien defendió a los ecologistas en varias emisoras de radio y televisión. Sus
declaraciones fueron recogidas en El País (4 de mayo) en un artículo recopilatorio.
Bajo el título Delibes: los ecologistas tenían razón, el que fuera director
de la Estación Biológica de Doñana afirmaba: En su momento nos convencieron
(los técnicos del gobierno y la Junta) de que esto no podía ocurrir nunca, y
nosotros nos dejamos convencer. Para subrayar a continuación: Los únicos en
levantar la voz fueron los ecologistas.
Delibes se refería a los
informes que la Confederación Ecológica Pacifista de Andalucía (CEPA) remitió
en enero de 1996 a la Unión Europea y en los que se apuntaba también la
existencia de filtraciones. Tanto el gobierno como la Unión Europea negaron
posibles impactos ecológicos. Tras esta denuncia, un ex técnico de la empresa
Boliden Apirsa denunció también la existencia de filtraciones de los residuos
que almacenaba la presa minera al río Agrio, afluente del Guadiamar, que a su
vez surte de agua a Doñana. El juzgado número dos de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla) archivó el caso a principios de 1998 al no apreciar hechos
constitutivos de delitos, a pesar de que en el escrito constaba que las
filtraciones de residuos almacenados en la balsa eran debido a la mala
ejecución del recrecimiento de las paredes de la presa minera.
El ex director de la
Estación Biológica de Doñana Miguel Delibes criticó, en la entrevista
mencionada de El País, la decisión judicial y argumentaba que la misma debe
servir para crear un órgano judicial específico para delitos contra el medio
ambiente.
Para rematar la
entrevista, Delibes acusaba a la Junta y al gobierno central de no haber actuado
y desmantelaba el principal argumento científico del gobierno para eludir
responsabilidades al asegurar que es absurda la dicotomía entre parque
nacional y parque natural, ya que sus mecanismos ecológicos están muy
intrincados. Lo que está en juego añadía- es la comarca de Doñana y
finalizaba diciendo: Los contaminantes vertidos no matan inmediatamente, pero
van a llevar a una reducción de la calidad y diversidad de fauna en los
próximos 20 años.
Con este análisis se puede
concluir que en los primeros momentos, los periodistas sí iban bien encaminados
en cuanto a buscar a fuentes científicas acreditadas. Sólo cuando entró en
acción un gabinete de prensa tan potente como el del CSIC quedaron apabullados
y aceptaron lo que de él provenía. De hecho, si se analizan las informaciones
publicadas en la prensa a partir del 30 de abril se observa que la práctica
totalidad de la opinión científica proviene de los denominados expertos
nombrados por el CSIC.
Aunque no se actuó desde
el principio, desde los primeros momentos en el gabinete de prensa del CSIC se
vislumbró la posibilidad de canalizar toda la información científica a través
de él. Tomó cuerpo la idea de formar un grupo de expertos en realidad, no en
Doñana, daba igual el tema- de los cuales el portavoz y la cabeza visible fuera
siempre el presidente del CSIC. Periodísticamente era irrelevante que los
expertos lo fueran en Doñana o en el genoma humano. Los periodistas no iban a
reparar en eso. Aunque científicamente resultaba un disparate que
investigadores de áreas no relacionadas con Doñana tomaran decisiones,
políticamente resultaba una gran ventaja, pues los expertos seleccionados eran
amigos del presidente, César Nombela (8), al cual desde el Ministerio de
Medio Ambiente se le había sugerido que defendiera con más ahínco la postura
gubernamental y que apareciera más en la prensa, pues el único que estaba
saliendo en los medios en los primeros días de la crisis- era Martín Municio.
El comité de expertos se
reunió por primera vez en la tarde del 29 de abril. Formado por 17 personas
(9), todas ellas doctores, en él estaban desde César Nombela, experto en
genética microbiana, hasta el director de la Estación Biológica de Doñana,
Miguel Ferrer, cuyo cargo es propuesto por el presidente del CSIC.
Muchos investigadores que,
incluso, habían dirigido proyectos de investigación financiados por la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología relacionadas con Doñana no estaban en
el comité. Destacaba la ausencia de dos investigadores importantes del CSIC
relacionados con Doñana: Miguel Delibes y Javier Castroviejo (10), primer
director de la Estación Biológica de Doñana, cargo que ostentó durante 14 años
y considerado la máxima autoridad mundial en el ecosistema del parque.
El caso de Castroviejo es
paradigmático de esta política típicamente española de prescindir de los
verdaderos expertos. En el momento de suceder el accidente, este investigador
que tanto hizo por la fundación de la Estación Biológica de Doñana, era
presidente del comité español del programa Hombre-Biosfera de la UNESCO
auspiciado por Naciones Unidas-, cuyo objetivo es potenciar y coordinar las
investigaciones sobre medio ambiente que se llevan a cabo en todo el planeta.
Su calidad como
investigador tenía tal prestigio en el ámbito científico internacional que en
noviembre de 1998 fue elegido presidente del Consejo Internacional de
Coordinación de los mencionados programas Hombre-Biosfera. Su función era
coordinar los programas sobre investigación medioambiental que se llevan a cabo
en todos los países del mundo.
En cualquier país
occidental con tradición científica no cabe duda de que él hubiese sido el
presidente del comité de expertos. En España ni siquiera se le invitó a que asistiera
a la primera reunión. Además, desde el gabinete de prensa del CSIC se evitó que
los periodistas pudieran ponerse en contacto con él remitiéndolos siempre a los
expertos seleccionados por Nombela. Lo grave, desde el punto de vista del flujo
de comunicación científica en España, no es que esto suceda, sino que la prensa
libre española no tenga la especialización suficiente en ciencia y medio
ambiente como para denunciar estas maniobras.
También llamó la atención
que no hubiese investigadores de las universidades andaluzas. Desde el punto de
vista institucional, causó perplejidad en medios científicos que ni siquiera
estuviera, aunque sólo fuera como invitado sin derecho a opinar, el presidente
de la Real Academia de Ciencias, Ángel Martín Municio (11), quien además era un
reputado bioquímico.
En el comité sí estaba,
por ejemplo, Teresa Mendizábal, doctora en Físicas pero que llevaba muchos años
de asesora de cuestiones protocolarias del CSIC, o Miguel García Guerrero,
vicepresidente de Organización del CSIC. Fuentes de este organismo aseguraron
que, en realidad, sólo 3 de los 17 expertos de Doñana habían dirigido
trabajos en investigaciones relacionadas con el ecosistema del parque.
En concreto se trataban,
además del director propuesto por Nombela, Miguel Ferrer, de los investigadores
Fernando Hiraldo, vicedirector de la Estación Biológica, y de José Juan Chans,
también de esta estación. No estaba, sin embargo, Pablo Arambarri, profesor de
investigación del CSIC quien ya en 1977 había alertado del riesgo del complejo
minero de Aznalcóllar.
Quien suscribe este
artículo no ha podido averiguar por qué el comité de expertos sólo lo
constituían 17 de ellos y no 18 u otra cantidad. En una crisis como ésta, lo
lógico es que se hubiese propiciado, incluso, una asamblea de científicos. Con
el tiempo, el número de científicos consultados fue aumentando pero sólo en
calidad de invitados-. Sin embargo, en los medios de comunicación, al menos en
el periodo estudiado en Doñana -de abril a julio-, a partir de mediados de mayo
sólo aparecen científicos externos al comité de expertos en una ocasión (El
Mundo, 6 de julio).
Algún periodista preguntó
cómo era posible que Miguel Delibes o Javier Castroviejo no estuvieran desde el
principio en el comité de expertos. La respuesta del gabinete fue que al estar
tan implicados en la investigación de Doñana sus conclusiones podrían no ser
objetivas. Lo terrible, nuevamente, no fue la respuesta -en España parece que
saben más de los temas aquellos que nunca los han estudiado- sino que el
periodista la diera por válida. Así, a partir de la irrupción del CSIC en el
escenario de la crisis, el resto de los científicos dejó de aparecer en los
medios de comunicación. Para la prensa española sólo existieron sus miembros
como referentes científicos.
En el periodo estudiado
para la crisis de Doñana, desde el 25 de abril hasta el 31 de julio, César
Nombela apareció en los medios en 81 ocasiones. Miguel Delibes, en cambio, sólo
salió en cuatro, Martín Municio en tres y Castroviejo en una. El director en
ese entonces de la Estación Biológica, Miguel Ferrer, apareció en 33 ocasiones.
Destacan algunas declaraciones de César Nombela en apoyo claro al gobierno pero
extendidas al CSIC que era como extenderlas a la voz de la ciencia española. Elogios
del CSIC a las medidas de urgencia que decidió Medio Ambiente (titular de Abc,
3 de mayo).
La estrategia había dado
resultado. El criterio científico en vez de ser el consenso de universidades y
academias españolas junto al CSIC estaba sólo manos de este último. Incluso se
prohibió tomar muestras de los lodos para un posterior análisis químico a
personas que no pertenecieran al CSIC. Así, cuando miembros de Greenpeace
intentaron recoger lodos para analizarlos, tanto desde la empresa como de la Junta
o el gobierno se apresuraron a decir que esos análisis carecían de valor,
aunque fuesen certificados por el Colegio Oficial de Químicos. El redactor
especializado en medio ambiente de El Mundo, Gustavo Catalán, fue zarandeado y
expulsado de la zona afectada cuando intentaba fotografiarla y obtener muestras
del lodo, lo cual originó una denuncia de la Asociación Española de Periodistas
de Información Ambiental (APIA).
Quien suscribe este
artículo no ha podido averiguar cuáles fueron las verdaderas causas por las que
las universidades andaluzas, en especial la de Sevilla, no tomaron una
iniciativa científica al principio de la crisis y constituyeron un comité de
expertos desde el primer momento (12). Muchas opiniones coinciden en que tanto
a la Junta como al ministerio le interesaban minimizar los efectos de la
catástrofe y confiaban más en un organismo científico con presidencia política
como el CSIC- que en uno independiente como las universidades. En este
sentido, matizan que si la responsabilidad hubiese sido únicamente del
Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía sí hubiese propiciado un
comité de expertos en su comunidad autónoma desde el primer momento.
La estrategia del CSIC
estaba clara. No se podía mentir, porque los resultados científicos son
reproducibles y si se perdía la credibilidad científica del CSIC fallaba la
base de la estrategia. Pero sí se podían dosificar los datos negativos, ocular
algunos contaminantes y, sobre todo, dar la impresión a la opinión pública de
que era un problema resoluble para la ciencia española. Todas sus
comunicaciones tenían que tener un carácter eminentemente positivo. Desde el
CSIC no debían exigirse responsabilidades políticas, sino aportar soluciones.
Sin embargo, también quedó muy claro desde el principio que en este pulso el
CSIC se jugaba su prestigio científico de cara al futuro. Aparecer en primera
escena de los medios de comunicación y en las portadas y editoriales de todos
ellos representaba una oportunidad única para consolidar la imagen corporativa
de prestigio. De hecho, el CSIC nunca había aparecido tanto en la prensa
española como en mayo de 1998.
La fórmula para equilibrar
el prestigio científico con la oportunidad de apoyar al gobierno que había
nombrado a sus responsables, pasaba, ineludiblemente, por consultar a todos los
verdaderos expertos (13) posibles tanto nacionales como internacionales- y
elaborar un plan riguroso desde el punto de vista científico. Posteriormente,
sobre ese plan se podría hacer las correcciones oportunas para los medios de
comunicación, pero la idea central debía ser científicamente rigurosa. Para
evitar que se desvelaran aspectos inoportunos de los estudios científicos se
previó, precisamente, la necesidad de que sólo hicieran declaraciones los
expertos seleccionados en un principio.
En toda situación de
crisis debe tenerse iniciativa e intentar neutralizar las opiniones no
convenientes. Para ello se diseñó una estrategia en la que los expertos se
reunían y emitían informes cada semana. En el gabinete de prensa se dio la
orden tajante de que a los periodistas sólo se le podían facilitar los nombres
que figuraban en el listado de expertos. Jamás otros investigadores, aunque
tuvieran más experiencia científica en Doñana, como Delibes o Castroviejo.
También se prohibió el nombre de Román Román, posiblemente como represalia por
sus declaraciones en El Mundo (29 de abril) ya citadas.
La entrada en escena del
CSIC fue muy bien acogida por los medios de comunicación, sobre todo, por los
de ámbito nacional, ávidos de fuentes científicas que estuvieran en Madrid.
Ninguno de ellos reparó en si los investigadores seleccionados eran los más
adecuados ni se preguntó sobre los criterios utilizados para la elección de los
miembros del comité. Tampoco se hizo alusión a sus currículos, a su idoneidad o
falta de ella y, sobre todo, ninguno mencionó si faltaban o no investigadores
españoles de prestigio. Ningún medio de comunicación puso en duda la autoridad
del CSIC ni reclamó la presencia de científicos procedentes de las
universidades españolas. El Mundo (30 abril) se refiere a la primera reunión
celebrada por los expertos del Consejo en los siguientes términos la
denominada reunión Doñana, de carácter permanente, es en realidad un auténtico
sanedrín de sabios. A continuación se habla de la talla profesional de los
investigadores que la componen, para concluir definiendo a los integrantes de
la comisión como La flor y nata de la investigación oficial española. Desde
ese momento, los expertos del CSIC se convierten para todos los periódicos
españoles en el grupo o comité de sabios. La entrada en juego del CSIC
mereció grandes espacios en los medios de comunicación. El 29 de abril fue la
reunión y el 30 es el día en que más informaciones aparecen sobre Doñana, con
excepción de los primeros días de la catástrofe.
La difusión del segundo
informe se hizo pública el 5 de mayo. Para lograr la atención de los medios,
los expertos y miembros del gabinete de prensa se desplazaron hasta Doñana,
pues desde allí estaban informando los redactores especializados en medio
ambiente de la prensa española. La reunión tuvo lugar en el palacio de Doñana.
Analizando las
declaraciones que aparecen en la prensa del día siguiente se demuestra cómo
Nombela siguió al pie de la letra los consejos que desde el gabinete de prensa
le fueron dados: Sólo debe decir ideas positivas.
Científicos y políticos:
no hay motivo de alarma', fue el titular de Abc del 6 de mayo. El Mundo destacaba
en la entradilla de su información que ocupaba dos páginas completas unas
declaraciones con tintes claramente políticos del presidente del CSIC: Si la
ciencia no actuó con celeridad cuando el síndrome tóxico, en esta oportunidad
no va a ocurrir lo mismo, reprochando, de paso, la calidad de la ciencia que
se hacía en épocas anteriores (14).
En El Mundo (6 de mayo)
también aparece por primera vez una de las frases positivas elaboradas por el
gabinete de prensa y que a partir de ese momento repetiría con frecuencia César
Nombela: Reparar el daño ambiental causado por Doñana puede ayudar a restaurar
la imagen de los científicos españoles. Y reiteraba: Si la comunidad
científica española falló cuando el síndrome tóxico esta vez no va a ser así.
Lo que era un desastre no
sólo desde el punto de vista ecológico, sino en cuanto a dejación de
responsabilidades de los políticos españoles se convertía, de repente, en la
oportunidad histórica que tenían la ciencia española para reparar ante el
mundo su mala imagen.
Nombela también desmintió
en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del 5 de mayo las declaraciones
del director de la Estación Biológica de Doñana, Miguel Ferrer, del día 29 de
abril, en las que afirmaba que uno de los acuíferos que surten de agua Doñana
estaba contaminado. No daba datos pero consideró muy poco probable la
contaminación del mismo. En este caso se trataba de avalar las declaraciones de
la ministra que había asegurado que el parque nacional no había sido dañado.
Sin embargo, en su comparecencia del 27 de mayo en el Congreso de los Diputados
junto con el director del Instituto Geominero de España -dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente-, Emilio Custodio, ambos reconocieron que el
vertido de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar afectó al acuífero 27 que
abastece las marismas de Doñana.
Ambos matizaron estas
afirmaciones señalando que la afección del acuífero 27 es muy pequeña y, por
tanto, subsanable. (El Mundo, 28 de mayo).
Otro ejemplo de la postura
del presidente del CSIC intentando suavizar la gravedad de la catástrofe está
en sus declaraciones del jueves 30 de abril a la agencia Europa Press (15), en
la cual se mostraba esperanzado por el nivel extremadamente bajo de
mercurio existente en los lodos tóxicos. Añadía: Siendo éste uno de los
metales más tóxicos, el resultado es bastante positivo, puesto que al ser más
bajo de lo que mucha gente esperaba, aporta cierta esperanza para resolver el
problema (16) .
Esa estrategia de
consenso, de ideas eminentemente positivas y de informes favorables a las
tareas de regeneración se fue modificando ligeramente a partir de finales de
mayo cuando se observó que los trabajos de regeneración de los márgenes de la
cuenca hidrográfica del Guadiamar, responsabilidad de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, que a su vez pertenece al Ministerio de Medio
Ambiente, iban mucho mejor que los de rehabilitación de las grandes superficies
de suelos afectados pertenecientes a la Junta de Andalucía. Existen bastantes
informaciones que demuestran esta hipótesis. Una de ellas es que mientras el
CSIC alabó directamente los métodos empleados por el ministerio, nunca realizó
comentarios similares respecto de los de la Junta de Andalucía. De hecho,
criticó abiertamente la forma en que la Junta eliminaba los lodos con palas y
tractores- y recomendó que se hiciera a mano para evitar que se pierdan las
semillas de las capas de tierra superiores. Pero, obviamente, no era lo mismo
retirar los lodos de la cuenca del río 10 metros desde cada orilla- a mano que
hacerlo a lo largo de 5.000 hectáreas de extensiones agrícolas. Tanto César
Nombela como Miguel Ferrer empezaron a denunciar que la retirada de los lodos
iba demasiado lenta y que la situación del parque se agrava día a día (El
Periódico de Cataluña, La Vanguardia, El Mundo, El País, Abc, Diario 16, del 27
de junio).
La iniciativa de actuación
en la crisis estaba ahora en manos del CSIC y lo que en principio fueron
propósitos de restar importancia a la catástrofe estaba tomando otro cariz.
Esto hizo que la Junta de Andalucía, principal afectada ahora por las críticas
del CSIC, exigiese que Los informes del CSIC sobre el vertido tengan que pasar
por el filtro de la Junta y del Gobierno (Titular de El Mundo, 27de junio). De
hecho, estaba previsto difundir el informe sobre los niveles de contaminación
atmosférica de metales pesados para el día 25 de junio. Sin embargo, fue
secuestrado por el coordinador de las actuaciones del gobierno, Félix Pérez
Meyer, quien en rueda de prensa explicó a los periodistas que, a partir de esa
fecha, los informes del CSIC sobre las consecuencias del vertido tóxico
tendrán que ser traducidos por el comité de coordinación de la Junta y del
gobierno para no causar alarmas innecesarias en la población, no asustar y
unificar criterios. (El Mundo, 27 de junio).
Desde el punto de vista de
la teoría de la estrategia de la manipulación informativa en tiempos de crisis,
la Junta de Andalucía estaba pagando caro el hecho de no haber planteado desde
el principio un comité de expertos andaluces afín a sus intereses. Para
remediar esta situación, nombró en junio al catedrático de Ecología de la
Universidad de Sevilla Francisco García Novo coordinador del grupo de
catedráticos y profesores andaluces excluidos del comité de sabios (El Mundo,
6 de julio). Como en toda crisis informativa, una vez transcurrido los primeros
momentos, los que tomaron la iniciativa en un principio se consolidan como
protagonistas de la información y el resto deja de ser relevante. En este caso
también se demuestra que, al menos en los diarios de ámbito nacional, este
grupo de expertos andaluces apenas salió en ellos.
A juzgar por las
declaraciones de García Novo, da la impresión de que el objetivo de esta
comisión era plegarse a los intereses de la Junta, es decir justificar
intereses políticos, y no simplemente un aporte de ideas a la comunidad científica.
Un ejemplo: en una información publicada por El Mundo (6 de julio) se señala
que en el último informe del CSIC se indica: El río Guadiamar se recupera más
lentamente de lo esperado. Sin embargo, para García Novo, citado en esa misma
información, el río se regenera de manera satisfactoria en todos sus tramos,
de acuerdo con su propio informe. Mientras García Novo señalaba que a finales
de mayo ya había colonización de algas e insectos, para el CSIC esto sucedía
porque estos insectos ponen huevos en el río y, como no hay otros animales, su
supervivencia es alta. Sin embargo, se reafirmaban en que no había
recolonización del río y que la prueba era, precisamente, la presencia de algas
e insectos. Estas contradicciones entre los científicos servían a los políticos
para desacreditar actuaciones que los propios investigadores proponían. Era una
estrategia de comunicación diseñada por el gabinete de la Junta que se basaba
en crear en la opinión pública española la imagen de que existía desacuerdo entre
los científicos, de forma que los políticos pudieran actuar sin tener en cuenta
sus recomendaciones y, encima, no ser criticados por ello.
Lucha entre intereses científicos y políticos: el desembalse de agua de Entremuros
En muchos episodios en los
que los políticos quieren manipular a los científicos, llega un momento en el
que los investigadores se rebelan. Esto suele suceder cuando se les intenta
forzar para que revistan de carácter científico una decisión política que no se
sostiene desde el punto de vista de la teoría científica aceptada.
En estos casos, los
investigadores deben elegir entre el prestigio científico y el poder político y
casi siempre suelen elegir el primero, entre otros motivos, porque el prestigio
científico es muy difícil de conseguir y muy fácil de perder. Sin embargo, en
un sistema democrático el poder político no es excesivamente difícil de
conseguir, sobre todo, si se tiene prestigio social y profesional.
Uno de los ejemplos más
ilustrativos de esta lucha entre intereses políticos y científicos sucedió con
el informe del CSIC del 5 de junio en el cual se recomendaba la liberación al
Guadalquivir de las aguas ácidas retenidas en el embalse de Entremuros, una vez
que se les hubiese rebajado su grado de acidez. El plan del CSIC preveía que
los 4,5 hectómetros cúbicos (17) de agua ácida debían ser trasladadas, poco a
poco, a una balsa de depuración, situada junto al último dique de contención,
donde recibiría un tratamiento con hidróxido de calcio. El agua se distribuiría
a modo de lechada en el Guadalquivir y se necesitaban 1.600 toneladas de
hidróxido de calcio para aumentar el pH es decir, disminuir la acidez- del
agua embalsada. Todo este proceso debía hacerse antes de que llegaran las
lluvias de otoño y la balsa reventara.
A la ministra Isabel
Tocino no le gustaba la idea de verter algo en el Guadalquivir, pues ella su
ministerio- era la responsable de preservar el buen estado de los ríos
españoles. Sabía que si sucedía algo malo, la Junta de Andalucía comenzaría una
gran estrategia mediática contra la ministra e, incluso, contra los científicos
del CSIC a modo de venganza.
La ministra conocía de
antemano el informe del CSIC antes de que éste se divulgara a la prensa. No
supo qué hacer, desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, y su
instinto le hizo desmarcarse de los expertos del CSIC que, en otras ocasiones,
tanto la habían apoyado. Tocino cuestiona el último informe de los expertos
del CSIC sobre la retirada de los lodos (Titular de portada de El Mundo en Andalucía,
7 de junio). El texto de la información citada señalaba:
Aparentemente, en el
desembalse del agua tóxica de Entremuros la ministra no ha confiado en los
estudios que durante un mes y medio han hecho los expertos del CSIC para llevar
a cabo la depuración de los 4,5 hectómetros allí embalsados, ya que se ha
encargado otro a la empresa Imerco. La ministra llegó a pedir al presidente del
CSIC, César Nombela, que explique qué quieren decir con éste último informe.
Isabel Tocino manifestó que desde el primer momento la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir ha trabajado de acuerdo con las pautas que le han
marcado los expertos. Pero en el tema del desembalse, después de llegar a un
acuerdo sobre la necesidad de depurar esas aguas que niega el director del
parque nacional- el informe del CSIC sobre Entremuros ni se menciona en las
reuniones. (El Mundo, edición de Andalucía, 7-6-1998, portada)
El asunto del desembalse
de Entremuros provocó una de las situaciones más tensas en el CSIC. Muchos
piensan que si el nombramiento del presidente del CSIC hubiese dependido de la
ministra de Medio Ambiente en el momento en el que sucedieron estos
acontecimientos, el nombramiento dependía de la ministra de Educación y
Cultura-, Isabel Tocino lo hubiese cesado o lo hubiese obligado a plegarse más
a sus intereses.
Pero, en este caso, creo
que el espíritu de científico de César Nombela pudo más que su apego al cargo.
Normalmente, los investigadores que llevan una vida dedicados al estudio
riguroso de cualquier aspecto de la ciencia o la cultura tienen un límite
respecto a la manipulación de sus ideas. Esta opinión, generalizada en algunos
ámbitos políticos, es la que justifica, por ejemplo, que la ministra de Medio
Ambiente haya preferido elegir para el cargo de director del Instituto Nacional
de Meteorología a Eduardo Coca, un abogado técnico del estado, en lugar de a un
científico (18).
Sin embargo, desde el
punto de vista institucional del CSIC, su enfrentamiento con la ministra le otorgó una apariencia de
independencia muy valorada por los medios de comunicación y que ha ayudado a
consolidar su imagen corporativa. En cuanto al conocimiento del CSIC por la
opinión pública española es evidente que existe un antes y un después desde la
catástrofe ecológica de Doñana.
Lo que sigue es un breve
resumen de la aparición destacada del CSIC en los medios de comunicación
durante el periodo estudiado en esta tesis: El País (29 de abril) publica una
entrevista destacada en portada con Miguel Ferrer. El Periódico de Cataluña (30
de abril) dedica a este asunto un editorial titulado Las cosas como son. El
mismo diario (8 de mayo) vuelve a publicar otro editorial: Isabel Tocino no se
explica sobre Doñana, en el que elogia la actuación del CSIC. El 10 de mayo
aparece en Abc, en la sección tribuna abierta, un artículo de César Nombela
titulado Aznalcóllar: serenidad y rigor. Ese mismo día, la revista de El
Mundo dedica un reportaje de 10 páginas al accidente ecológico. La Vanguardia
(10 de mayo) publica una entrevista, destacada en portada, con Miguel Ferrer.
El 11 de mayo, las revistas Época (6 páginas), Cambio 16 (8 páginas) y Tribuna
(7 páginas) publican reportajes sobre Doñana, en los que mencionan al CSIC. El
Magazine de La Vanguardia dedica un reportaje de 7 páginas: Doñana: el paraíso
asediado. El Periódico de Cataluña (17 de mayo) publica un editorial titulado
Doñana o la pérdida de credibilidad, elogiando al CSIC. La Vanguardia (17 de
mayo) entrevista a César Nombela. El Semanal de El País (24 de mayo) dedica un
reportaje de 9 páginas a Doñana, el paraíso amenazado. El País (2 de julio) y
El Mundo (11 de julio) publican sendas entrevistas con César Nombela.
Los informes (19)
elaborados por la comisión de expertos del CSIC se convirtieron desde el primer
momento en la información más demandada por los medios. En la teoría sobre
estrategias de resolución de crisis informativas se indica que en ellas se
tiene horror al vacío. En la gigantesca aspiración de datos por el saber, los
medios de información, entregados a sí mimos, se benefician a priori de la
iniciativa, y siempre la agradecen.
Los informes servían en
unas ocasiones como argumento principal sobre el que se apoyan todas las
noticias, y en otras, como referencia para evaluar las actuaciones que se
desarrollaban en la zona. La identificación de los medios de comunicación con
los informes llegó hasta tal punto que los procesos de retirada de lodos que no
se habían realizado siguiendo los consejos del CSIC son denunciados por los
medios de comunicación (La Vanguardia, 13 de mayo y El País, 9 de junio).
Cuando la opinión de los
expertos del CSIC es acogida por las distintas administraciones con alguna
reserva, los medios destacan que se quiere acabar con las voces que molestan
(El Mundo, 26 de mayo, editorial). En más de una ocasión, los medios apuestan
por que se cumplan las recomendaciones del CSIC (El Mundo, 7 de junio). Cuando
aparecen opiniones contradictorias, los periódicos no se pronuncian hasta que
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas emita su dictamen (El País,
8 de mayo y Abc, 9 de mayo). El diario El País (2 de junio) destacaba la buena
acogida que están teniendo los informes periódicos de los expertos. La
incidencia de los informes en los medios es patente, sobre todo la del tercer
informe reflejado en la prensa el 13 y 14 de mayo y la del quinto el 7 de
junio.
Desde el punto de vista de
la comunicación, la importancia de los informes radicaba en que servían como
alimento informativo para los periodistas, eclipsando otras posibles fuentes.
Desde el 29 de abril hasta el 25 de junio, cuando la crisis estaba en su
apogeo, se publicó un informe cada 10 días. En mayo -el mes en que
informativamente este asunto fue más relevante- se difundieron 4 informes (20)
del comité de expertos. En junio se publicaron dos. En verano decayó el interés
y no se volvió a publicar el otro hasta el 23 de septiembre.
Podría argumentarse que
los informes se elaboraban no en función de las necesidades de alimentación de
los medios de comunicación, sino de la pura obtención de datos científicos.
Pero esto no se sostiene, puesto que lo habitual en el método científico es que
los resultados se obtengan al final, de forma que lo normal hubiese sido que la
producción de informes hubiese sido superior en los meses de julio y agosto
cuando se hubiesen obtenido y analizado todos los datos. No se justifica que al
comienzo de una investigación científica seria se elaboren tantos informes y,
al final, decrezca su número.
La recompensa de la
estrategia del gabinete de comunicación fue la obtención de unos niveles de
rigor y credibilidad para el CSIC desconocidos hasta ese momento. La
credibilidad en los medios resulta patente. El Periódico de Cataluña (17 de
mayo) alude al Consejo en un editorial, en los siguientes términos:
Los españoles
necesitamos que dejen de mentirnos sobre Doñana. Urge designar una voz única y
no manipulada que informe sobre los daños. Pero, ¿de dónde sacamos una voz
libre que no se sienta condicionada por las responsabilidades que les
corresponden en la catástrofe a los poderes políticos? Está claro que el
culpable directo de la rotura fue la empresa Boliden, explotadora de las minas.
Pero la mala función autorizadora y supervisora de las administraciones clama
al cielo, y la torpeza en la respuesta tras el desastre merece destituciones.
Afortunadamente, hay gente que trabaja con seriedad y que, sin intención
alarmista, advierte de los peligros presentes y futuros. Ni la Universidad de
Barcelona, que ha analizado los lodos, ni el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas son cosa de aficionados. Ambas instituciones
certifican la alta contaminación de los fangos y advierten que podría haber
daños irreparables. El CSIC denuncia incluso el peligro que puede suponer para
la salud la inhalación de las partículas metálicas contenidas en el barro, e
insta a los políticos a que se retiren los lodos a un ritmo tres veces superior
al actual. Cuando ya han pasado tres semanas desde el accidente, y ante la
falta de credibilidad de las versiones oficiales, la opinión pública española
continúa creyendo más en las versiones independientes que publican los medios
de comunicación que en las oficiales (El Periódico de Cataluña, 17-5-1998: 3)
En la misma línea se
muestra el diario El País (8 de mayo), donde señalaba: Hay que huir de
alarmismos, remitiéndose después al informe que estaba realizando el CSIC. Los
medios destacan los criterios del CSIC que fueron establecidos desde el
principio y que con el paso del tiempo se ha demostrado su rigor y solvencia.
Así por ejemplo, cuando desde la Junta de Andalucía se tildó la propuesta del
CSIC -de desaconsejar el paso por el Vado del Quema- como alarmista los
medios resaltan (La Vanguardia, El País, El Mundo, Abc, 15 de mayo) que la
Junta obliga a cambiar uno de los trayectos de la romería del Rocío como
propuso en su día el CSIC. Titulares como El Gobierno recurre para paliar la
catástrofe de Doñana a expertos del CSIC cuyas alertas ignoró (Abc, 1 de
junio) o Los científicos ganan el duelo del desembalse de las aguas tóxicas
(El Mundo, 26 de mayo), ponen de manifiesto la credibilidad que los medios dieron
desde el primer momento a las opiniones del CSIC. Cuando surge un nuevo
problema relacionado con el accidente de Aznalcóllar, los medios ya lo ven como
«otro reto que tendrá que afrontar la Comisión de Expertos (El País, 10 de
mayo). Incluso, cuando se tarda en aceptar sus recomendaciones se dice:
Pese a que el tratamiento
de esta aguas antes de bombearla hacia el Guadalquivir fue una de las primeras
recomendaciones de los expertos del CSIC, hasta ahora nada se había hecho al
respecto. (El Mundo, 26-5-1998: 30)
La estrategia había
funcionado, pues el CSIC de casi no aparecer en los medios de comunicación al
comienzo de la crisis, se había convertido en el único referente aceptado no
sólo por estos, sino por otros agentes sociales incluidos los ecologistas, tras
decidir entrar en el escenario comunicacional.
La información sobre el
accidente ecológico de Aznalcóllar acaparó la atención de los medios de
comunicación, hasta el punto que de en mayo doblaron su espacio medio dedicado
a la información ambiental, pasando del 2 por ciento que ocupa normalmente esta
información en los grandes diarios nacionales al 4, 2 por ciento (21).
De las 454 informaciones
(22) analizadas en nuestro periodo de estudio (abril-julio), 246 (53 por
ciento) citan en su contenido al CSIC. Sin embargo, en el periodo de máxima
atención informativa -del 26 de abril al 30 de junio- se publicaron 407
informaciones de las que 224 (55 por ciento) citan al CSIC; en este último
periodo César Nombela aparece en 74 ocasiones.
La criticable dependencia de los medios españoles hacia los gabinetes de prensa
El profesor de la
Universidad del País Vasco Txema Ramírez ha realizado varias investigaciones,
cuyos resultados cita en su libro Gabinetes de Comunicación (23), que indican
que la dependencia de los medios españoles hacia los gabinetes de comunicación
había crecido un 22 por ciento en 14 años. Así, en 1978, el 30 por ciento de
las noticias seleccionadas y publicadas en los diarios estudiados El Correo
Español, Deia, Egin, El País y Abc- tenían como fuente un gabinete de prensa;
en 1992, este porcentaje se había incrementado al 52 por ciento.
En otro de sus estudios
sobre la influencia de los gabinetes de prensa en los medios de comunicación
-realizado en 1992 sobre 60 periodistas de diversos medios españoles,
responsables de seleccionar de entre la información que reciben, aquella
susceptible de difundirse (gatekeepers)- se puso de manifiesto, entre otros
datos, que un 32,23 por ciento de los encuestados consideraba que los gabinetes
de prensa tienen mucha influencia en los medios de comunicación y un 39,04
opinaba que la influencia era bastante. Según los encuestados, los
comunicados que más se difundían eran los procedentes de gabinetes de
comunicación del mundo económico y de partidos políticos y sindicatos (un
70,6%), seguidos de los de gabinetes institucionales (67,2%).
Sin embargo, en cuanto a
la eficiencia, definida ésta como la capacidad que tiene cada gabinete de
conseguir sus objetivos previstos, la investigación de Txema Ramírez determinó
que eran los gabinetes institucionales, con un 85, 9 por ciento, los que tenían
un mayor grado de esta cualidad, seguidos por los de los partidos políticos y
sindicatos (84,2%), el mundo económico (80,7%) y, a bastante distancia, los
gabinetes de comunicación de los movimientos sociales y ONGs, con un 35,1 por
ciento de eficiencia y los de asesorías de comunicación, con un 31,5 por
ciento.
La mayor parte de los
gatekeeper encuestados valoraba como justo el tratamiento dado por los medios a
las informaciones procedentes de los gabinetes, aunque un 38 por ciento lo
consideraba excesivo o desproporcionado.
Para algunos, estas
actuaciones de los gabinetes de prensa no son éticamente reprochables, Pero sí
lo es, desde todos los puntos de vista, el hecho de que los medios de
comunicación se fíen tanto de los gabinetes institucionales españoles.
Al igual que los
periodistas lucharon en tiempos pasados por la libertad de expresión y de
información, su objetivo debería ser ahora enfrentarse a estos gabinetes. Si no
lo hacen, dará la impresión de que, en realidad, no se luchó por esa libertad
de prensa para beneficiar a la sociedad sino, simplemente, porque esta libertad
facilitaba su trabajo. Los gabinetes de prensa representan en la actualidad uno
de los mayores peligros contra la libertad de información, pero como facilitan
el duro trabajo diario del periodista, éstos no sólo no los critican sino que,
además, los utilizan y los elogian.
En realidad, y tras
analizar el trabajo que se llevaba a cabo en el gabinete de prensa del CSIC,
puede afirmarse que los periodistas que trabajan en la actualidad en algunos de
estos gabinetes podrían considerarse como los herederos de los antiguos
censores de la época franquista. La diferencia estriba en que mientras los censores
eran criticados y hasta vilipendiados por los sectores progresistas de la
sociedad española, desde los profesores universitarios hasta los redactores y
directores de periódicos, los modernos periodistas que trabajan en gabinetes de
prensa son admirados por sus colegas y no sólo son aceptados por la sociedad,
sino hasta encumbrados por ella. En muchos casos, estar al frente de un
gabinete de prensa está considerado en la España de finales del siglo XX como
un magnífico colofón a una carrera profesional como periodista.
Otra diferencia estaría en
que mientras los antiguos censores eran reclutados en atención a sus méritos
morales, los actuales responsables de gabinetes de prensa lo son en función de
sus méritos profesionales y de la capacidad que puedan tener para poner los
intereses de su patrón por delante de los principios éticos, como quedó aquí
demostrado cuando a personas ajenas al trabajo de científicos se les puso una
bata blanca para aparentar movilidad en un laboratorio cuyos investigadores no
estaban dispuestos a dejarse manipular ante las cámaras de televisión. De forma
que, como se ha podido demostrar en este capítulo, en algunos aspectos, su
eficacia para ocultar información es mucho mayor que la de los censores
franquistas.
(Recibido
el 5-6-2000, aceptado el 15-6-2000)
NOTAS:
(1) Aparece en primera
página de todos los diarios españoles, a pesar de que competía con otra noticia
importante: el 25 de abril, José Borrell ganaba las primarias del PSOE y se
convertía en el candidato socialista a la presidencia del gobierno, en lugar de
Joaquín Almunia.
(2) La Estación Biológica
se creó en 1974 pero antes, en 1963, el CSIC fundó la Reserva Biológica de
Doñana, germen de la actual estación.
(3)
Pierre-Marie Fayard dictó una conferencia sobre la estrategia de comunicación
en situación de crisis en el curso sobre Comunicación de Crisis. IDEC,
Universidad Pompeu Fabra. Abril, 1997. Barcelona. Esta conferencia fue recogida
en el nº 10 de la revista Quark correspondiente a enero-marzo de 1998 (pp.
70-80).
(4)
En concreto en las declaraciones, realizadas en Madrid el día 26 de abril, la
ministra de Medio Ambiente señaló: El 25 fue un día muy triste, pero el
corazón de Doñana se ha salvado. Esta opinión fue recogida por toda la prensa
nacional el 27 de abril.
(5)
Miguel Delibes de Castro comenzó a trabajar en su tesis doctoral sobre la
ecología del lince ibérico de Doñana en 1974, tras colaborar con Félix
Rodríguez de la Fuente en la enciclopedia Salvat de la vida salvaje española.
Su director de tesis fue Javier Castroviejo. En la actualidad investiga sobre
el lince y la nutria de Doñana.
(6) El día 29 de abril, El
País publica una entrevista con el director de la Estación Biológica de Doñana,
Miguel Ferrer, en la que asegura que el acuífero 27 que surte de agua al parque
nacional de Doñana está contaminado. Estas declaraciones son publicadas por el
resto de los medios de comunicación y si bien tiene un contenido científico,
Ferrer las hace en función de su cargo político como director de la estación
biológica.
(7)
Debe matizarse que en el caso de Abc, la redacción de Sevilla no es una simple
corresponsalía, sino que tiene casi tantos periodistas como la de Madrid.
(8)
César Nombela fue sustituido en su cargo de presidente del CSIC por Rolf
Tarrach en octubre de 2000. Nombela recibió el 23 de abril de 2001, justo unas
horas antes del tercer aniversario del desastre ecológico de Doñana, la Gran
Cruz del Mérito Civil, otorgada a propuesta del Ministerio de Asuntos
Exteriores. El acto estuvo presidido por la ministra de Ciencia y Tecnología,
Anna Birulés.
(9)
Los miembros del comité de expertos eran los siguientes: César Nombela,
presidente del CSIC; Miguel García Guerrero, vicepresidente de Organización y
Relaciones Institucionales del CSIC; Teresa Mendizábal, vocal asesora de
Presidencia del CSIC; Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de
Doñana (CSIC); Enrique Macpherson, coordinador científico del área de Recursos
Naturales del CSIC; José Juan Chans, investigador de la Estación Biológica de
Sevilla; Víctor de Lorenzo, del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC); Juan
Luis Ramos, de la Estación Experimental del Zaidín (Granada) (CSIC); Juan
Cornejo, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC);
María Jesús Sánchez, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Salamanca (CSIC); Francesc Gallart, del Instituto de Ciencias de la Tierra
Jaume Almera de Barcelona (CSIC); Luis Hernández Saint-Aubin, del Instituto de
Química Orgánica General de Madrid (CSIC); Josep María Bayona, del Centro de
Investigación y Desarrollo de Barcelona (CSIC); Rosa Montoro, del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia (CSIC); Francisco Cabrera, Instituto
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC) y Julio Camargo, de la
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Asistió como invitado Javier Cobos,
director del Parque Natural de Doñana (Junta de Andalucía) y fue invitado pero
no pudo asistir a la reunión Alberto Ruiz de Larramendi, director-conservador
del Parque Nacional de Doñana (Ministerio de Medio Ambiente).
(10)
Castroviejo escribió uno de los escasos artículos científicos que aparecieron
en la prensa española tras el 30 de abril. En él analizaba las consecuencias
ecológicas de la catástrofe de Doñana. En El Mundo (4 de mayo) este
investigador indicaba: Nos guste o no, este episodio ha marcado
inexorablemente un antes y un después. No es de extrañar que haya quienes lo
minimicen, lo intenten marginar o no lo consideren. Se había avisado y
denunciado desde hacía muchos años en muy diversas ocasiones y foros de todas
las formas posibles, y guste o no, tarde o temprano aparecerán los
responsables. En el artículo, Castroviejo criticaba alguna de las hipótesis
propuestas para regenerar el entorno calificándolas como aterradoras.
(11) Ángel Martín Municio
señaló en entrevista a quien suscribe este artículo que la desastrosa forma
de seleccionar a los científicos integrantes en el comité de expertos en Doñana
no tiene parangón en otros países desarrollados. Sin embargo, evitó
pronunciarse más sobre este asunto para que no me acusen de que yo quiero
protagonismo. Añadió: Lo de Doñana ha sido un asunto muy feo.
(12) No obstante, el CSIC
buscó la ayuda de las universidades andaluzas. Así, por ejemplo, los análisis
de la contaminación de los suelos del parque son realizados por el Departamento
de Edafología de la Universidad de Granada. Su director, José Aguilar, uno de
los catedráticos más antiguos y reconocidos en Edafología tampoco estuvo en el
comité de expertos. La Universidad de Granada no da informes oficiales a la
prensa. Todos los datos pasan por el gabinete de prensa del CSIC en Madrid.
(13) Para ello se convocó
un congreso en el que participaron algunos verdaderos expertos como Miguel
Delibes al que, no obstante, no invitaron al comité del CSIC.
(14) En realidad, el
objetivo era aprovechar la coyuntura para, de paso, desacreditar la ciencia que
se hacía en la época socialista. Sin embargo, en rigor, la intoxicación por
aceite de colza desnaturalizado se produjo en 1981. En decir, en la época de la
UCD. En un principio, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo quiso, al igual que
sucedió en 1998 con Doñana, quitarle importancia al asunto. El ministro de
Sanidad de esa época, Jesús Sancho Rof, definió la enfermedad como un bichito
que si se cae de la mesa se mata. El bichito resultó ser una corruptela en
la que existían muchos implicados 17 acusados- y cuyo objeto consistía en mezclar
aceites de consumo humano con anilinas y aceites para otros usos, más baratos,
pero que eran vendidos al consumidor al precio de aceite comestible. La primera
muerte se produjo el 1 de mayo de 1981. En total murieron 234 personas y 16.000
resultaron intoxicadas. En un principio, como afectaba al sistema pulmonar, se
la definió como neumonía atípica. En aquel episodio también fue el CSIC el
encargado de realizar las investigaciones para esclarecer las causas de la
enfermedad. El juicio se produjo en 1987, ya en la segunda legislatura
socialista. Esta circunstancia y el hecho de que el suceso ocurrió a mediados
de 1981, muy cerca de la primera legislatura socialista 1982- hicieron pensar
al gabinete de prensa del CSIC que la mayoría de la opinión pública española lo
atribuía, en realidad, al gobierno del PSOE. Por ello, no se consideraron
contraproducentes, desde el punto de vista político, las afirmaciones de
Nombela que, en realidad, desacreditaban al sistema científico de la España
franquista y de la UCD, muchos de cuyos responsables estaban en el momento de
producirse la catástrofe ecológica de Doñana en las filas del PP.
(15) Declaraciones
publicadas, entre otros medios, por El Mundo, 1-5-1998: 26.
(16)
En estas declaraciones, Nombela evita pronunciarse sobre los niveles de otro
metal pesado, el arsénico, cuyas concentraciones sí son más altas de las
esperadas en un principio. Se espera una semana, 7 de mayo, para hacerlo
público. Sin embargo, la intención no era difundirlo tan rápido, sino esperar a
que la crisis amainara. Pero una filtración alertó a los periodistas de El
Periódico de Cataluña, La Vanguardia y El Mundo.
(17)
Resulta interesante, desde el punto de vista de técnicas de manipulación del
lenguaje, el hecho de que tanto desde el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta
de Andalucía y el CSIC siempre se hiciera referencia a 4,5 hectómetros cúbicos,
una medida, la del hectómetro cúbico, poco usada y que, en la mayoría de la
población, da lugar a una representación abstracta de la verdadera cantidad de
agua tóxica. En realidad 4,5 hectómetros cúbicos son 4.500 millones de litros
de agua. Pero, obviamente, esa cantidad es más impactante. En las informaciones
publicadas por la prensa española analizadas siempre aparece la cantidad en
hectómetros cúbicos, aunque, a veces se habla de millones de litros
embalsados, pero nunca se especifica cuántos son.
(18)
En el diario El País (25 enero de 2000) aparece una denuncia de una comisión de
meteorólogos del INM porque Eduardo Coca se arrogue el derecho de opinar como
científico ante los medios de comunicación. En concreto, se le critica sus
opiniones calificadas como «sin fundamento- sobre los aerolitos caídos en la
península ibérica a mediados de enero. Una vez más, en la tesis doctoral del
firmante se indica que el problema no reside tanto en el nombramiento, cuyo
objetivo muchas veces es el de plegarse a los intereses políticos, sino en la
falta de periodistas especializados que no indagan sobre el currículo de las
fuentes y presentan en este caso a Eduardo Coca como autoridad científica. En
este sentido, es relevante cómo Eduardo Coca era en 1998 la fuente habitual de
la agencia Efe para explicar científicamente los fenómenos atmosféricos que de
forma habitual desencadenan temporales en España. Para Efe, es más relevante el
cargo que la autoridad científica, en un asunto eminentemente científico.
(19)
Hasta el momento de redactar la tesis de la que se obtiene este artículo, el
CSIC había publicado 13 informes. La secuencia es la siguiente: 29 de abril, 5
de mayo, 12 de mayo, 22 de mayo, 5 de junio, 25 de junio, 23 de septiembre, 2
de octubre y 26 de noviembre de 1998. En 1999 se publicó uno el 9 de marzo,
otro el 3 de mayo y el último de ese año el 23 de diciembre. Al finalizar 1998
se publicaron las conclusiones de un seminario sobre Doñana, que también pueden
considerarse como un informe de la situación.
(20)
Se incluye aquí también el del 29 de abril.
(21) Datos obtenidos del
análisis mensual que realiza el centro de estudios de Información Ambiental de
Cataluña.
(22) Para este análisis se
han incluido los periódicos estudiados en la tesis de quien suscribe este
artículo. Sin embargo, también se ha añadido la información proveniente de
revistas de información general Tiempo, Época, Cambio 16, Tribuna- y de los
diarios económicos Cinco Días, Expansión y La Gaceta de los Negocios.
(23)
Ramírez, Txema. Gabinetes de comunicación. Bosch-Comunicación, Barcelona, 1995
FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO DE
LATINA EN BIBLIOGRAFÍAS:
Nombre del
autor, 2002; título del texto, en Revista Latina de Comunicación Social, número
47, de febrero de 2002, La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección
telemática (URL):
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina47febrero/4708elias.htm