Guillem López Casanovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y, hasta 2017, miembro del consejo de gobierno del Banco de España, impartió recientemente en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna la conferencia “Rehaciendo el cuarto pilar del Estado del Bienestar”. En ella valoró los cuidados de la dependencia en España, la racionalidad de su provisión y aportó algunas consideraciones para reorientar la legislación que ampara este precepto. La intervención forma parte del ciclo de seminarios que organiza a lo largo del curso el Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la ULL.
El ponente explicó cómo España hizo un diseño legislativo de la cobertura pública de la dependencia entendido como Ley de derechos, de corte universal, pero con prueba de necesidad relativa, medios en copago y poco conectada con el resto del gasto social. La Ley pretendió equilibrar el terreno entre cuidado domiciliario e institucional, buscando un enfoque profesionalizador, en favor de mayor formación en el sector de cuidados, haciendo emerger tareas hasta el momento sumergidas y esperando la creación de un ‘filón de empleos’ asociables a la ley que la hiciera financieramente sostenible.
Pero, según López, la realidad de hoy muestra una ley protectora con financiación no resuelta, una operativa deficiente, con disfunciones en su encaje autonómico, en manos de una administración con escasa cultura gestora, “un regulador polizón que predica a menudo lo que no practica”, ausencia de un marco legal estable y sin una estrategia sociosanitaria efectiva. “Ha faltado posiblemente valentía en innovaciones, y el ‘papel lo ha aguantado casi todo’ por lo que continúa vigente aquello de no me digas qué valoras, enséñame tu presupuesto”.
Por ello, en su opinión, es una ley hasta el momento ‘no financiable’, con una situación actual a grandes rasgos de 1.600.000 dependientes, 750.000 beneficiarios y 950.000 prestaciones; 300.00 mil Grado 1 dictaminados a la espera de prestación; 120.000 solicitudes pendientes; y se ha doblado el nivel de gasto previo (entre el 0.7 y 0.8 % del PIB). La tasa de recuperación estimada, es decir, los retornos directos de la actividad de servicios no alcanza un tercio del gasto, junto a un copago que se sitúa en torno al 22% y una financiación restante asimétrica de tres cuartas partes por parte de las comunidades autónomas y un cuarto por el Estado.
Además, los datos muestran una implementación de la ley específicamente para Canarias muy deficiente: pocas solicitudes por población relativa, tardanza de los solicitantes en ser baremados, tiempo de espera entre baremación y concreción de prestaciones, cumplimiento de objetivos de la Ley (autonomía funcional, cartera de servicios, con lagunas sobre el territorio y comodidad gestora) y escasa o nula evaluación entre recursos y resultados.
El ponente reflexionó que la ley nació con mucha ambición, que pretendió un modelo “a la sueca”, universal, que cubriera todos los grados, de servicios, autofinanciada y con calidad acreditada. Sin embargo, el resultado fue una ley ‘low cost’ muy por debajo de expectativas. Por ello, habló de la “pata quebrada del cuarto pilar”, situación agravada por la crisis, que la convirtió en una especie de prestación de empleo familiar, con recortes monetarios, frustración de expectativas y generación de un limbo de dependientes.
Toca, por tanto, reparar y priorizar, atendiendo al objetivo de compensar la pérdida de autonomía funcional, aseguró el experto invitado por la ULL. Otro aspecto que debe abordarse es responsabilizar a quienes bareman, punto en el que tachó de ilógica la financiación autonómica tal y como pretende la comisión creada por el gobierno Rajoy, que no está integrada en la financiación general para la mejor coordinación socio-sanitaria. Otro aspecto propuesto sería complementar la financiación afectando la recaudación del impuesto de sucesiones (unos 287 millones de euros), proveer marcos estables para la concertación e incentivar la oferta de servicios, y recuperar así la prestación más básica para los grados de mayor dependencia.
En suma, abogó por recuperar perspectiva y “luces largas” en políticas, en atención a la nueva fragilidad social, a las diferencias de renta y patrimonio, y al papel de las transferencias generacionales e intrafamiliares.
