Los rectores de las dos universidades públicas canarias, Francisco García (ULL) y Lluís Serra (ULPGC), intervinieron hoy, 30 de octubre en la comisión parlamentaria de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, para explicar el momento actual y los retos de futuro. Si bien señalaron que están próximos a alcanzar un acuerdo sobre la financiación plurianual de estos centros públicos con el Gobierno regional, todavía falta consolidar este acuerdo y asegurar su cumplimiento.
En la sesión parlamentaria intervino en primer lugar el rector de la ULPGC, señalando que su centro continúa aumentando el número de estudiantes de nuevo ingreso y con unas tasas de empleabilidad significativas. El crecimiento en investigación es también trascendente, con la captación de fondos por ingresos de transferencia y de recursos competitivos. “Tenemos que reducir burocracia, adaptar la oferta académica y reforzar la relación con empresas y administraciones, y hacerlo rindiendo cuentas”, aseguró Serra, quien aclaró que su universidad dispone de contabilidad analítica para saber dónde destinan sus recursos. “Por eso cuando pedimos más financiación no se trata de un cheque en blanco, sino de contar con los instrumentos necesarios para cumplir con nuestros objetivos correctamente”.
El rector sostuvo que las universidades públicas canarias cuentan con una financiación que se sitúa casi un 5% por debajo de la media española. “No competimos con la sanidad, la igualdad o la educación básica, porque nosotros formamos ingenieras, economistas, maestros, arquitectas…Financiar la universidad pública es invertir en las capacidades futuras de Canarias”, apuntó.
En relación con las negociaciones, explicó que la financiación estructural prevista para las dos universidades en 2027 alcanzaría los 312 millones de euros, mientras que el proyecto de presupuestos presentado ante la Cámara recoge inicialmente 301 millones. Los rectores señalaron que la diferencia se incorporaría mediante una adenda, por lo que insistieron en la importancia de que los compromisos económicos queden debidamente formalizados y garantizados. “Las universidades están dispuestas a asumir objetivos de cumplimiento medibles en todos los ámbitos, pero antes han de garantizarse los recursos básicos, que no pueden tener un carácter competitivo anual”, repuso Serra en la comisión.
Francisco García, por su parte, destacó la contribución de las universidades públicas al desarrollo económico y social de Canarias, a través de la formación de profesionales altamente cualificados, la mejora de la empleabilidad, la generación de actividad económica y el impacto social de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento, elementos fundamentales para mejorar la productividad y avanzar hacia un modelo económico más diversificado, competitivo y basado en el conocimiento.
La tasa de paro de la población con educación superior en Canarias es del 8%, frente al 11 % de las personas que no cuentan con estudios universitarios. “Seguimos avanzando en nuevos títulos con la creación de diez nuevos dobles grados y posgrados, hemos impulsado más de 200 acciones formativas de microcredenciales universitarias, con la previsión de emitir más de 2.000 acreditaciones durante 2026, en colaboración con el sector privado, para transformar el sector económico y hacerlo más innovador y competitivo. Se ha formalizado la constitución de tres nuevas empresas de base tecnológica y se está haciendo un especial esfuerzo en internacionalización, trabajando relaciones con otros ámbitos geográficos para conectar esta tierra con el escenario global”, a través de dos alianzas europeas y de iniciativas como Campus América, Campus África o Bridge to África.
García explicó que el presupuesto de este año es de 181 millones con 21.000 estudiantes, mientras que el de la Universidad de las Illes Balears supera esa cantidad en unos 100 millones, pese a contar con alrededor de 15.000 estudiantes. A pesar de ello, señaló, “estamos innovando, mirando al futuro”. Insistió en la necesidad de culminar el acuerdo de financiación con el Gobierno de Canarias y desplegar otras medidas complementarias para aprovechar el potencial de las universidades canarias a la hora de afrontar los retos de Canarias, que son los mismos que los de las universidades públicas.
Tras el turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, los rectores tuvieron oportunidad de intervenir nuevamente. Serra indicó que resulta muy pertinente hacer una política de alojamiento conjunta, no por cabildos, sino de forma integrada. Igualmente aclaró que la renovación de plantillas no solo es renovar para lo que se está haciendo, sino de contar con nuevos perfiles para lo que se quiere hacer, y para todo ello se necesita financiación. Indicó que las universidades han perdido capacidad de gasto en momentos de bonanza económica, lo que no parece lógico, y, con todo, han seguido ahorrando gasto ejecutando políticas medioambientales transversales.
“Hemos estado infrafinanciados durante muchos años, y eso no se soluciona de un año para otro, tras un recorte sostenido en el tiempo del 20%”, añadió el rector de la Universidad de La Laguna. En respuesta a los parlamentarios, Francisco García expuso algunas de las acciones previstas para ampliar la presencia de la ULL en las islas no capitalinas, con presencia de actividades durante todo el año en La Gomera y La Palma, y la voluntad de extender progresivamente estas iniciativas a otros territorios. También se refirió a la oferta de alojamiento universitario, que ronda las 550
plazas (similar a la ULPGC), pero que no crece desde hace años. Está valorando varias propuestas del ámbito público-privado que, si llegan los recursos suficientes, podrán acometerse. En otro orden de cosas, la Universidad de La Laguna cuenta con 25 cátedras de empresa para generar nuevas sinergias con sectores estratégicos de las islas. Para concluir, y en respuesta a una de las intervenciones parlamentarias, el rector reivindicó el papel de la Universidad como espacio de pensamiento crítico, libertad académica y debate plural, subrayando la necesidad de distinguir entre la legítima discrepancia y los discursos de odio. En su intervención hizo referencia a la posición de la institución respecto a Israel. “Hay que saber distinguir una cosa de la otra”.
La comparecencia puso de manifiesto la coincidencia de ambas universidades públicas en la necesidad de culminar un acuerdo de financiación suficiente, estable y plurianual, que garantice su funcionamiento y permita ampliar su contribución a la formación, la investigación, la innovación y el desarrollo económico y social de Canarias.


