\tLa Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de España, reunida en Asamblea General ordinaria en el Centro Asociado de la UNED en Calatayud, ha adoptado el siguiente acuerdo por unanimidad, que hace público y traslada al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al Ministerio de Justicia, y a los Consejos Generales de la Abogacía y de la Procura de España.
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\tLa reforma de la Ley 34\/2006, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, llevada cabo por el RD-ley 5\/2012, de 5 de marzo, ha supuesto una modificación inoportuna de un régimen jurídico previamente aceptado, sobre el que las Universidades y los Colegios Profesionales han venido trabajando con decisión para poner en marcha los másteres en los términos prefijados. <\/p>\n
\tLas medidas adoptadas suponen de hecho para los alumnos un tratamiento injustificadamente desigual para situaciones materialmente equiparables, y desdobla el modo de acceso a estas profesiones de una manera confusa e ineficiente. <\/p>\n
\tEsta intervención normativa, a todas luces improvisada y con palmarios defectos de técnica legislativa, se ha gestado sin la colaboración de las partes afectadas, y, lejos de resolver problemas, crea otros de difícil y compleja solución, provoca inseguridad jurídica e introduce nuevos y serios inconvenientes que ponen en evidente riesgo la implantación de los másteres en el modo y plazos previstos.<\/p>\n
\tLas Facultades de Derecho han cumplido fielmente la legislación vigente, y este proceder permanecerá invariable. En consecuencia, la Conferencia de Decanos y Decanas insta al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a adoptar, de modo urgente, las medidas necesarias para resolver la situación de inseguridad jurídica, zozobra institucional e insatisfacción social que la norma ha provocado; y a restaurar los cauces de diálogo y acuerdo que han presidido hasta este momento las relaciones entre las partes interesadas.
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