\tLa segunda sesión de la IV Jornada de Prensa y Justicia de la Universidad de La Laguna tuvo lugar el 22 de febrero en el Aula Magna Gumersindo Trujillo, con la mesa redonda “Transparencia de la Administración de Justicia y juicios paralelos”. Intervinieron Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional; María Isabel Valldecabres, profesora asociada de Derecho Penal de la Universidad Carlos III; Tomás Vicente López-Fragoso, catedrático de Derecho Procesal de la ULL; Celso Rodríguez, secretario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y Tinerfe Fumero, periodista del Diario de Avisos. De la moderación se encargó Margarita Uría, vocal del CGPJ. Se trata de un encuentro entre profesionales de la información y la justicia, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre aspectos que relacionan ambas materias.
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\tLa primera intervención fue la de Grande-Marlaska. En ella, habló sobre los juicios paralelos, que en su opinión, “son contrarios al periodismo de investigación”. Expuso su preocupación sobre la existencia de estos fenómenos, que afectan al correcto desarrollo de las investigaciones penales. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que los medios de comunicación ofrezcan datos a la sociedad, pero siempre y cuando sean veraces y no se interpongan en la investigación de los casos. Declaró también que el mundo judicial se rige por unos conceptos de la verdad y del tiempo que no contemplan los medios de comunicación.<\/p>\n
\tTras la exposición del magistrado, tomó la palabra María Isabel Valldecabres. Comenzó su alocución cuestionando si la transparencia y los juicios paralelos son elementos contrapuestos o complementarios. “El problema”, dice, “es que los juicios paralelos no se nutren de información oficial y muchas veces contienen datos incorrectos”. Por eso, para ella la transparencia de los medios de comunicación es el mayor inconveniente, y no los juicios paralelos. Además, declaró que no es necesario el uso de imágenes, por ejemplo en el momento de una detención, que pueden dañar mucho más la imagen y el honor del acusado que una información escrita. No obstante, en su opinión, limitar la capacidad de investigación de los medios de comunicación entraña un gran riesgo y no debe hacerse.<\/p>\n
\tLa siguiente intervención fue la del profesor Tomás Vicente Lopez-Fragoso, quien declaró que en muchas ocasiones el derecho al honor y a la propia imagen de los imputados puede verse coartado por el derecho a la libertad de información. Por ello, señala la importancia de colocar en una balanza, por un lado, el interés por recibir información libre y veraz, y por otro, el derecho del acusado a que se respete su intimidad, honor y la presunción de inocencia. El ponente considera imprescindible actualizar la ley actual por una legislación cierta y clara, que cualquier ciudadano de cultura media entienda.<\/p>\n
\tDespués de ésta, se dio paso a la exposición de Celso Rodríguez, que comenzó declarando que “el ejercicio de la libertad de expresión e información no es ilimitado, porque ningún derecho fundamental lo es”. Además, excluyó del concepto “periodismo” los programas de gran proliferación en los últimos años que afectan a personajes mediáticos, sin rigor informativo. Confiesa no tenerles respeto y considera que no merecen ser llamados productos periodísticos. Sí defendió por contra los programas informativos serios y profesionales.<\/p>\n
\tEn el cierre de esta la mesa redonda intervino Tinerfe Fumero, que, como sus compañeros, recalcó que la transparencia en la Administración de Justicia es un aspecto destacable, y que la vacuna para evitar los juicios paralelos es la información veraz. El morbo, según este periodista, es una fuente de negocio que condiciona en gran parte la actividad de la profesión. Por eso, muchas empresas periodísticas fomentan y alimentan el sensacionalismo.<\/p>\n
\tUna vez terminadas las ponencias tuvo lugar el debate entre los conferenciantes y el público asistente. El último acto de la jornada fue la conferencia “La publicidad en el proceso”, de Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, seguido del acto oficial de clausura, a cargo de Carmen Rodríguez Wangüemert, decana de la Facultad de Ciencias de la Información.<\/p>\n
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