La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) \u00a0muestran su preocupaci\u00f3n sobre el riesgo que supone la obligatoriedad de la inclusi\u00f3n en el sistema de la Seguridad Social del estudiantado universitario que realicen pr\u00e1cticas formativas en entidades colaboradoras a partir del 1 de octubre, fecha en la que entrar\u00e1 en vigor la disposici\u00f3n adicional 52\u00aa de la Real Decreto-Ley 2\/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliaci\u00f3n de derechos de los pensionistas, la reducci\u00f3n de la brecha de g\u00e9nero y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema p\u00fablico de pensiones.<\/p>\n
Tanto la ULPGC como la ULL, como el resto de las universidades espa\u00f1olas, rechaza esta medida, ya que no ofrece una mejora sustancial en la protecci\u00f3n del estudiantado en pr\u00e1cticas y, sin embargo, resulta un elemento de disuasi\u00f3n para que las empresas y entidades p\u00fablicas acojan estudiantes. De hecho, muchas entidades, tanto privadas como p\u00fablicas, han notificado a ambas universidades que no est\u00e1n en condiciones de asumir dicha disposici\u00f3n adicional, que, unido al tejido empresarial limitado de esta comunidad, con una fuerte tendencia al sector tur\u00edstico, hace muy complicado buscar entidades colaboradoras adicionales.<\/p>\n
Las pr\u00e1cticas externas suponen un instrumento muy valioso en la calidad formativa del estudiantado, siendo su primera toma de contacto con el mundo profesional, y aportando un factor important\u00edsimo en su inserci\u00f3n laboral. Por tanto, habr\u00eda que hacer todo lo posible por mantener el modelo actual y garantizar una oferta de plazas razonable y de calidad en entidades. \u00a0Si esta medida es llevada a su implementaci\u00f3n, la oferta de pr\u00e1cticas externas disponible para el estudiantado ser\u00eda dr\u00e1sticamente reducida, afectando en gran medida a la calidad de su formaci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se da la circunstancia que el Decreto 168\/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluaci\u00f3n para la autorizaci\u00f3n de la implantaci\u00f3n de las ense\u00f1anzas universitarias conducentes a la obtenci\u00f3n de los t\u00edtulos oficiales de Grado, M\u00e1ster y Doctorado de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias establece la previsi\u00f3n de un per\u00edodo de pr\u00e1cticas externas de al menos 12 cr\u00e9ditos en todos los estudios de grado. Por tanto, ante la situaci\u00f3n de que las entidades no asuman las obligaciones con la Seguridad Social, las universidades tendr\u00edan que atender las obligaciones de alta, baja y cotizaci\u00f3n, para que su estudiantado pueda realizar las pr\u00e1cticas formativas con garant\u00edas suficientes, con el consecuente incremento de costes y, sobre todo, en recursos humanos destinados acometer la elevada carga burocr\u00e1tica.<\/p>\n
El tejido empresarial que actualmente acoge al estudiantado en Canarias est\u00e1 formado mayoritariamente por empresas peque\u00f1as y administraciones p\u00fablicas, que por su falta de capacidad econ\u00f3mica para asumir los costes adicionales derivados de esta compensaci\u00f3n y de su gesti\u00f3n, limitar\u00eda las oportunidades de formaci\u00f3n del estudiantado. Adem\u00e1s, esta obligaci\u00f3n implicar\u00eda la revisi\u00f3n de cientos de convenios ya establecidos con las entidades, los cuales ser\u00e1n imposibles de actualizar en su totalidad a fecha de 1 de octubre, pudiendo ocurrir que no puedan ofertarse numerosas pr\u00e1cticas curriculares que actualmente se realizan. Por otro lado, resulta parad\u00f3jico que sean, precisamente las administraciones p\u00fablicas, que reciben alrededor del 60% del estudiantado universitario, las que ya est\u00e1n planteando obst\u00e1culos para asumir una norma dictada por la propia Jefatura de Estado.<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, y dado que el \u2018Estatuto de las personas en formaci\u00f3n pr\u00e1ctica no laboral en el \u00e1mbito de la empresa\u2019<\/em>, actualmente en desarrollo por el Ministerio de Trabajo y Econom\u00eda Social en la Mesa de Di\u00e1logo Social, definir\u00e1 la regulaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas externas universitarias, ambas universidades consideran que resulta absolutamente imprescindible que no entre en vigor la citada disposici\u00f3n adicional 52\u00aa de la Real Decreto-Ley 2\/2023, de 16 de marzo.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) \u00a0muestran su preocupaci\u00f3n sobre…<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":69651,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[343,345,348,2765],"tags":[9964],"acf":[],"yoast_head":"\n