La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Espa\u00f1olas (CRUE), Eva Alc\u00f3n, ha remitido recientemente una carta a la consejera de Universidades del Gobierno aut\u00f3nomo, Migdalia Mach\u00edn, manifest\u00e1ndole la preocupaci\u00f3n y malestar de la asociaci\u00f3n que preside, creada en 1994, y que, en la actualidad, agrupa a un total de 77 universidades espa\u00f1olas, por la proposici\u00f3n de ley de consejos sociales que est\u00e1 tramitando el Parlamento de Canarias.<\/p>\n
En opini\u00f3n de Alc\u00f3n, la propuesta legislativa redefine la funci\u00f3n legal de los consejos sociales hasta el punto de \u201cmenoscabar gravemente la autonom\u00eda universitaria\u201d. De hecho, a\u00f1ade, el texto \u201cdesnaturaliza la misi\u00f3n del Consejo Social como instrumento de participaci\u00f3n y representaci\u00f3n de la sociedad en la universidad y pr\u00e1cticamente hace de \u00e9l un \u00f3rgano de gobierno y representaci\u00f3n m\u00e1s de la propia universidad, dir\u00edase que casi como un Consejo de Gobierno paralelo\u201d.<\/p>\n
La carta de la presidenta de la CRUE, tambi\u00e9n enviada a los rectores de las dos universidades p\u00fablicas canarias, Francisco Garc\u00eda y Llu\u00ecs Serra, a\u00f1ade algunos ejemplos de este exceso competencial: se faculta a los consejos sociales para suscribir acuerdos y convenios de colaboraci\u00f3n con entidades p\u00fablicas y privadas, incluyendo aquellos orientados al desarrollo de programas de empleabilidad, formaci\u00f3n dual y transferencia de conocimiento. Tampoco parece la mejor soluci\u00f3n, prosigue la presidenta, que el Consejo Social sea su propio \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, cuando no es una Administraci\u00f3n P\u00fablica distinta de la universidad.<\/p>\n
Especialmente grave resulta la previsi\u00f3n recogida en el art. 14.3 de la propuesta en el sentido de que \u201cla Intervenci\u00f3n o a la unidad responsable de control interno de la gesti\u00f3n econ\u00f3mico-financiera de la universidad, as\u00ed como su personal, depender\u00e1 del Consejo Social (\u2026)\u201d. Seg\u00fan Eva Alc\u00f3n, lo que el art. 59.3 LOSU prev\u00e9, por el contrario, es que \u201clas universidades desarrollar\u00e1n un r\u00e9gimen de control interno, que contar\u00e1, en todo caso, con un sistema de auditor\u00eda interna\u201d y que \u201cel \u00f3rgano responsable de este control tendr\u00e1 autonom\u00eda funcional en su labor y no podr\u00e1 depender de los \u00f3rganos de gobierno unipersonales de la universidad\u201d. Se trata, por tanto, de un control interno, una consideraci\u00f3n que de ninguna manera puede darse al Consejo Social.<\/p>\n
Estos son, opina Eva Alc\u00f3n, s\u00f3lo algunos ejemplos de esta propuesta legislativa que \u201cpodr\u00eda causar perjuicios\u201d al sistema universitario, \u201cafectando claramente a la autonom\u00eda de las universidades\u201d, por lo que la emplaza a reflexionar sobre estos asuntos y queda a disposici\u00f3n de la consejera para cualquier aclaraci\u00f3n que se quiera precisar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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