La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de La Universidad de La Laguna acogió recientemente las jornadas «Salud, agricultura y consumo. Encuentro entre médicos, agricultores y consumidores», organizadas por el Aula de la Naturaleza y Medio Ambiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Asociación Canaria Independiente de Pequeños y Medianos Agricultores y Ganaderos (ACIPMAGA). Ya se han hecho públicas sus conclusiones, que pueden resumirse en la alerta sobre las dificultades que vive el sector agrícola dedicado al mercado interior, que continúan provocando el abandono de la actividad al no poder comercializar su producción a un precio digno.
A juicio de la organización de esta reunión, las causas que han generado esta crisis son múltiples: alto precio del suelo agrícola, aumento de los costes del agua o las semillas, la entrada de importaciones a bajo precio favorecidas por prácticas mercantiles como el «dumping», el fraude diario de comercializar mercancía foránea como producto canario, un inadecuado desarrollo del POSEICAN en la etapa 2000-2006, la entrada constante de nuevas plagas y enfermedades (más de 70 en los últimos diez años), etc. La pérdida de agricultores dedicados a abastecer el mercado interior no sólo supone para la sociedad canaria un coste económico sino también ecológico, cultural y social muchas veces intangible, lo que provoca que no se valore realmente la importancia de un sector estratégico para cualquier sociedad desarrollada.
Por ello, se proponen medidas como demandar el apoyo del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) en cuanto al asesoramiento a los agricultores sobre variedades, técnicas de cultivo, novedades técnicas de control biológico y mejora de las técnicas en agricultura orgánicas, para ayudar al agricultor de producción local a reducir o eliminar los tratamiento químicos de control y mejorar la producción.
También abogan por solicitar políticas orientadas hacia la «soberanía alimentaria». En opinión de los expertos reunidos, es muy preocupante que en Canarias queden menos de 250 m2 de suelo agrícola por habitante, y que a los dos millones de residentes existentes, con los nuevos planes generales de ordenación municipal, se vaya a aumentar en dos millón más, a lo que hay que añadir los que ocupen las casi 900.000 casas vacías ya existentes.
Otra propuesta pasa por proteger el suelo rústico y propiciar el relevo generacional de los agricultores, facilitando a los más jóvenes el acceso a tierras de cultivos, mediante la creación de bancos de tierras tanto públicas como privadas. Y asegurar a los agricultores que sus terrenos no vayan a ser atropellados por urbanizaciones o infraestructuras, para que dispongan de la tranquilidad necesaria para hacer inversiones en la renovación de sus explotaciones.
Unido a lo anterior, los responsables de estas conclusiones exponen que «no tiene sentido la protección del suelo rústico si no se promociona el consumo de los productos locales avalados (producción convencional, integrada o ecológica: sin residuos tóxicos)». Ello es primordial para la propia salud de la población, por lo que proponen introducir su consumo desde los comedores escolares.
Una última medida pasa por hacer un llamamiento a los productores para generar iniciativas comunes para la comercialización de la producción local, así como exigir el control y la identificación de la procedencia de la mercancía foránea y facilitar la visibilidad de los productos canarios en los mercados locales.
(Nota cedida)
