La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna ha emitido una declaración institucional aprobada en la sesión de ayer, jueves 18 de julio, de su Comisión Permanente, en la que muestra su rechazo al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por considerarlo lesivo contra el actual sistema público de servicios sociales. Se reproduce a continuación el texto original en su integridad:
“La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna desea expresar su más rotundo rechazo al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y denuncia que la actual redacción del texto cercena derechos básicos de los ciudadanos y supone la práctica desaparición del actual sistema público de servicios sociales.
Queremos llamar la atención de la opinión pública sobre las graves consecuencias de un proyecto legal con el que el Gobierno estatal pretende reducir a la mínima expresión los servicios municipales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En definitiva, lo que se propone es suprimir diferentes servicios y prestaciones esenciales como las guarderías, las ayudas a domicilio, las pequeñas residencias para mayores o la atención a las personas con discapacidad de estos municipios. En pleno proceso de una gravísima crisis económica y social, las consecuencias de esta norma para Canarias pueden ser dramáticas y tener un impacto sustantivo en 61 de los 88 ayuntamientos. Con el cierre de los servicios correspondientes, que prestan hoy las corporaciones locales, se estima que pueden verse afectados, aproximadamente, unas 430.000 personas que sensiblemente tendrán limitados sus derechos.
Este anteproyecto plantea que la prestación de los Servicios Sociales sea gestionada por las comunidades autónomas. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tendrán como única competencia en la intervención social la “valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Esto significa renunciar a todo lo que se está haciendo en materia de prevención y asistencia, en diversos órdenes, alejar a los ciudadanos de las instituciones más cercanas, agrandar el déficit democrático de las instituciones, y al mismo tiempo incrementar el proceso burocrático para los ciudadanos.
También supone el desprecio de un rol profesional como el del Trabajo Social que ha costado establecer lustros de mucho esfuerzo y que ha promovido desde hace décadas la intervención social y la atención primaria de los servicios sociales que ha formado parte activa del desarrollo de los servicios para la atención de los ciudadanos en los municipios.
Alertamos, asimismo, sobre que este texto legal abre la puerta a desatender o en el mejor de los casos privatizar aquellos servicios que las comunidades autónomas no puedan atender por falta de recursos.
Por todo ello, esta Facultad, en colaboración con otras entidades como el Consejo General y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, hace un llamamiento a todas las instituciones de las Islas para que muestren su rechazo a esta nueva ley que, con el nombre de “racionalización y sostenibilidad de la administración”, lo que en realidad plantea es un desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales bajo criterios principalmente economicistas, anulando un auténtico eje del Estado Social y de Derecho recogido en la Constitución española de 1978”.
