La Universidad de La Laguna celebró ayer, martes 21 de enero en su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la segunda mesa sobre economía de la iniciativa institucional Pacto por Tenerife para Canarias. La primera, celebrada en 2013, marcó el inicio de este foro temático de expertos, mientras que en esta nueva sesión se presentaron quince propuestas que, a partir de ahora, serán desarrolladas por grupos de trabajo a los cuales están invitados a participar todas las instituciones sociales y políticas de la isla.
Pacto por Tenerife se creó con un triple objetivo: abordar la crisis desde la perspectiva de la eusocialidad, entendida ésta como la organización colaborativa para conseguir un objetivo común; mejorar la relación entra la universidad y la sociedad; y generar alternativas creativas a los problemas presentes. Se han creado tres mesas temáticas: de Economía, cuya segunda sesión se celebró ayer, de Educación y de Ciudadanía y Bienestar Social, cuyas nuevas sesiones se convocarán próximamente.
En la mesa de ayer un plantel de especialistas presentó las quince propuestas, pormenorizadas una por una, y atendió las sugerencias de los asistentes, entre los que se encontraban representantes de los principales partidos políticos, de organizaciones sindicales y sociales, así como los alcaldes de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Los Realejos, entre otras autoridades. Los expertos fueron los catedráticos en Economía Aplicada José Ángel Rodríguez y José Luis Rivero, y el profesor titular de la misma disciplina y decano de la Facultad de Derecho, Marcel Bonnet.
Las quince propuestas pueden consultarse en la página web de la universidad. Antes de desarrollarlas, Rodríguez recordó que la idea del foro era buscar elementos caracterizadores que permitieran articular medidas de futuro: "El objetivo es someter esas ideas-fuerza a pruebas de estrés dialéctico para extraer de esos ejercidos formas prácticas de implementarlas con garantías de resistencias y de lealtades, así como evidencias de que los resultados de esas aplicaciones demuestran viabilidad social".
La propuesta uno se centraba en la necesidad de concretar los objetivos planteados en el Plan de Acción de la Estrategia Europa 2020 en Canarias. La segunda se centró en la necesidad de modificar estatuto de autonomía de una manera satisfactoria para el conjunto de la región.
Las siguientes dos propuestas abordaban el Régimen Económico y Fiscal canario en un momento en el que hay muchas incertidumbres derivadas de la reforma fiscal comprometida por el Estado con la Unión Europea, el cambio de modelo de financiación autonómica y el desarrollo de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Además, se habló de dotar a esta nueva fiscalidad de una mayor transparencia, estableciendo para ello protocolos de evaluación interna.
Las siguientes tres propuestas, de la quinta a la séptima, se ocuparon de la distribución de la renta a través de las políticas activas de empleo, la colaboración más estrecha y coordinada entre las diferentes entidades locales, y la búsqueda de un ajuste óptimo entre la oferta y la demanda de trabajo.
La octava propuesta ponía énfasis en los servicios sociales, dado que la cada vez menor disponibilidad presupuestaria obliga a pensar mejor en esta cuestión y suplir carencias como la falta de una carta de servicios sociales o un mapa de estos recursos que es muy parcial. Como explico Rivero, "es importante centrarse en este asunto porque los rastros de la crisis económica serán muy permanentes".
El noveno punto fue el más instrumental de todos, y abogaba por emplear mejor la información vertida en la Encuesta de Ingresos y Condiciones Sociales que elabora cada cuatro años el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), cuya nueva edición está próxima.
Las siguientes cuatro propuestas, de la 10 a la 13, incidieron en la reforma de las administraciones públicas en un momento en el que los cambios legislativos que se están tramitando actualmente van a ofrecer un nuevo arco de relaciones administrativas, con la posibilidad de que se produzca una nueva oleada de transferencias de competencias a ayuntamientos y cabildos. Todo ello, cumpliendo principios de racionalidad, equidad y sostenibilidad.
La penúltima propuesta se preocupó del problema de la financiación. Los especialistas pusieron especial énfasis en la fiscalidad, recordando que en la comunidad autónoma se ha creado durante años un diferencial fiscal de tres puntos con respecto a la media nacional. Las limitaciones son tales que fomentan una excesiva dependencia de la negociación política para lograr ingresos en los presupuestos generales del estado y con los proyectos europeos.
La propuesta décimo quinta y final se centró en la reflexión acerca del territorio. "Es el momento de poner sobre la mesa visiones contradictorias sobre el paisaje, que no van a dejar de serlo, pero que se deben debatir en un contexto de reflexión y largo plazo para intentar sacar seis o siete líneas maestras consensuadas sobre este recurso", señaló Rivero.
Durante la sesión, los representantes políticos, sindicales, sociales y académicos realizaron diferentes puntualizaciones o aportaron nuevos asuntos que serán estudiados durante las sesiones de trabajo que se convocarán próximamente para desarrollar estos quince puntos.
Entre otras sugerencias aportadas por la audiencia, se citó el cambio de la ley electoral regional; dotar de mayor transparencia a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC); propiciar un acercamiento de los jóvenes al mundo rural y sus oficios, que están cada vez más olvidados; la creación de un censo por parte de los ayuntamientos de familias en riesgo de exclusión social; limitar el sueldo a los políticos y regular mejor la figura de los asesores externos; o compatibilizar las leyes de protección medioambiental con las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales.
