Un total de 24 universidades se han unido para formar parte de la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia a iniciativa de la Universitat Politècnica de València. Se trata de un proyecto de colaboración interdisciplinar entre las distintas instituciones académicas, las administraciones públicas, entidades privadas y la sociedad, con el objetivo de desarrollar, promocionar y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
La Universidad de La Laguna también se ha adherido a este proyecto que centrará su labor a través de la investigación, la innovación, la formación, la divulgación y la transferencia de conocimiento. La rectora, Rosa Aguilar, que ha participado telemáticamente en la presentación de esta red, ha señalado que gracias a esta iniciativa se crea un foro que abre muchas posibilidades de crear alianzas entre instituciones y de la que pueden emanar proyectos concretos en pro de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Sin dejar de prestar atención a todo el territorio nacional, Aguilar también centró su mirada en Canarias, lugar en el que, “por desgracia, se dan altas cotas de pobreza”, dijo. De ahí la necesidad de atender las problemáticas de las nuevas generaciones, para tratar de paliar los efectos negativos de esa adversa coyuntura socioeconómica y propiciar que la educación sea un ascensor social que permita a todas las personas lograr unas condiciones de vida aceptables.
Este proyecto, impulsado por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV, se centra en que los niños, niñas y adolescentes deben ser considerados sujetos de derecho, y por lo tanto han de participar en la toma de decisiones que les afectan, y en general, en la sociedad en la que viven. Además, nace con la convicción de que la familia, el Estado y la sociedad deben garantizar el ejercicio de los derechos de este colectivo, como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
La Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia se compromete además con la Agenda 2030 para apoyar y fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que afectan más directamente este colectivo. La intención de esta iniciativa, la primera de estas características en España, será la de convertirse en un interlocutor válido con los poderes públicos y las administraciones públicas, de forma que realmente se contribuya al desarrollo y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.
