Presidencia del Gobierno de Canarias acogió ayer jueves 27 el acto de inauguración del IX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), centrado en esta ocasión en los derechos sociales y sus principios rectores.
Organizado por el área de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, la sesión de apertura contó con la presencia del presidente del comité local, Antonio Domínguez; el presidente de la ACE, Javier García; el vicepresidente tercero del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez; el rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech; y el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro.
Todos los miembros de la mesa presidencial hicieron hincapié en la importancia del lema escogido para este encuentro, especialmente en los actuales momentos de crisis económica y, en consecuencia, de posible revisión de los límites presupuestarios al Estado social que es, sin embargo, parte indefectible del Estado constitucional.
El congreso, que comenzó ayer y continuará durante toda la jornada de hoy, estudiará en dos ponencias generales el propio concepto de derechos sociales, su carácter fundamental y mecanismos de garantía, así como el desarrollo constitucional, estatutario y legislativo de estos derechos y de los principios rectores en las últimas tres décadas.
Este encuentro, al que se han inscrito más de 130 expertos de todo el país y se han presentado 36 comunicaciones, alberga además tres mesas redondas sobre los niveles de garantía, los derechos sociales fundamentales y los principios rectores.
Varios miembros de la mesa recordaron la figura del desparecido profesor Gumersindo Trujillo, lo que dejó muy mermada el área de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna que, con el paso de los años, ha logrado recuperarse, se han leído de hecho varias tesis doctorales y es la anfitriona de este congreso.
El rector destacó además que el análisis de los derechos sociales es sin duda “una cuestión de mucho calado, en un momento en el que la coyuntura económica parece poner todo en entredicho, es preciso reflexionar acerca de cuál es el papel del Estado y qué derechos sociales son irrenunciables, de qué garantías y límites disponen y cómo se engarza todo ello en una situación de crisis financiera como la actual”.
También señaló que, en cuanto al derecho a la educación, “la propia Universidad de La Laguna está viendo muy limitada sus cometidos y su compromiso con la calidad, al ver restringidos sus presupuestos en estos años tras los sucesivos recortes habidos”.
“Ello no es óbice”, añadió, “para que ante las dificultades económicas crezca la creatividad y la capacidad para gestionar mejor si cabe los recursos. En este punto, está claro que el esfuerzo institucional es de todos”.
Todos los intervinientes destacaron además el valor de los derechos sociales como elemento de cohesión, y también se hizo mención a que, en momentos de convulsión, se trata de los primeros derechos que se ven cuestionados, poniéndose en entredicho los logros que tanto esfuerzo costaron para conseguirlos.
