Dentro del programa de actos celebrados hoy, viernes 11 de marzo, en la Universidad de La Laguna con motivo del 219 aniversario de su fundación, el Edificio Central acogió una mesa redonda en la que varios especialistas del ámbito académico y de diversas organizaciones sociales debatieron el futuro del estado del bienestar, bajo la moderación del periodista Carmelo Rivero. Este coloquio estuvo organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del centro docente.
Los ponentes del coloquio fueron Juan Hernández Bravo de Laguna, catedrático de Derecho Constitucional de la ULL; Jorge Rodríguez Guerra, profesor titular de Sociología de la ULL; Leonardo Ruiz del Castillo, director de Cáritas Diocesana de Tenerife; Alejo R. Trujillo Marrero, presidente autonómico de Cruz Roja; y José Miguel González Hernández, director del gabinete técnico de Comisiones Obreras (CC.OO) Canarias y presidente del Consejo Económico de Tenerife.
Juan Hernández Bravo de Laguna inició su intervención recordando que “estado de bienestar” es un concepto que ha ido mutando con el tiempo, pero se basa en el principio de garantizar a los ciudadanos unos mínimos que aseguren su subsistencia, algo que no contemplaba el antiguo estado liberal, que consideraba que la subsistencia de las personas era un asunto privado, no publico. Esta nueva concepción del estado social surge tras el final de la I Guerra Mundial, en un contexto marcado por la crisis económica y el auge de las ideas del economista Keynes.
En referencia a la crisis del estado de bienestar, el ponente ironizó que éste siempre ha tenido una “mala salud de hierro”. El problema básico es que resulta complejo mantener óptimamente asuntos como las pensiones, la sanidad y la educación pública. A su juicio, es un sistema que vive en una “perpetua crisis” porque es imposible que atienda a todas las demandas sociales. Sin embargo, ha logrado tal importancia que ya nadie discute que deba existir un sector público.
El sociólogo Jorge Rodríguez Guerra considera que el estado de bienestar es un proceso que ha estado continuamente reconstruyéndose y, si bien coincidió con el anterior ponente en que los años 20 del siglo XX suponen el momento de su institucionalización, él cifra su origen a finales del siglo XIX como consecuencia de la aparición de la pobreza en masa en las sociedades europeas, el denominado “pauperismo” o, como se llamó en la España decimonónica, la “cuestión social”, en combinación con la aparición de un movimiento obrero cada vez más organizado. De este modo, se buscó un modo de conciliar la expansión capitalista con el mantenimiento de la población.
El estado de bienestar tuvo su auge en los treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, logrando reducir sustancialmente los niveles de pobreza, aunque es verdad que nunca logró eliminar las grandes desigualdades sociales. La crisis económica de los años 70 del sigo XX supuso una profunda reestructuración del estado social, liderada por el liberalismo más clásico y con las llegadas al poder de Thatcher en Reino Unido y Reagan en EE.UU. como hitos. De este modo, se inician procesos de liberalización de la circulación del capital, a privatizaciones progresiva de servicios públicos, y a intentos cada vez más fuertes de recortar derechos sociales.
Así, se tiende a perder un sentido universalista de este sistema, para ir configurando un “estado de bienestar pobre para los pobres”. Sin embargo, en su opinión tampoco es sostenible a medio plazo el estado neoliberal, y cita como ejemplos el giro a la izquierda de varios países de Latinoamérica, que se produjo tras varias décadas de políticas liberales y que en la actualidad ha propiciado que, en su opinión, estén saliendo de la crisis mucho mejor que Europa.
El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo, propugnó la necesidad de combinar la estabilidad social con la sostenibilidad de los recursos naturales, para lo cual es necesario crear “un nuevo sujeto histórico” caracterizado por una nueva conciencia social y su sensibilidad con la pluralidad.
Reflexionó que el capital social que supone las ONG como la suya no puede ser menospreciado y, de hecho, cada vez es más reconocido por los estados. Las organizaciones no gubernamentales pueden, además, ofrecer nuevas alternativas a problemas sociales que los estados no pueden o no saben afrontar, ya que cuentan con un importante recurso: su gran masa de voluntarios, que actúa de manera independiente a las políticas de los gobiernos o a los intereses de las empresas, y con el único objetivo de lograr el bienestar social.
El sector público es cada vez más costoso y supone cargas fiscales muy grandes, por lo que llegará un momento en el que será insostenible o insuficiente por sí mismo para atender las necesidades sociales. A su juicio, la solución a este dilema es apostar más por la intervención del llamado “tercer sector”, conformado por las organizaciones no gubernamentales que pueden suplir parte de esos servicios.
Alejo R. Trujillo Marrero, presidente autonómico de Cruz Roja, se refirió a un estudio elaborado por su organización en 2010, referido a los usuarios de los servicios que provee. Según este trabajo, cerca del 60% de las personas que acuden al programa de empleo de esta asociación en Tenerife está por debajo del umbral de la pobreza, y se aprecia una consolidación del desempleo de larga duración. Estas situaciones meramente económicas provocan otras relacionadas con la salud y la conciliación. De 2009 a 2010, ha aumentado en un millar el número de personas que han solicitado su ayuda, superando ya los 2.500 individuos.
Trujillo denuncia, además, la existencia de una perversa paradoja: con la crisis, ha aumentado la demanda de auxilio, pero han disminuido las ayudas de la administración. Por ello, las organizaciones deben paliar esa situación con recursos propios o iniciativas como el sorteo del Oro en el caso de Cruz Roja, cuyos beneficios se dedican a mantener su servicio asistencial y segur luchando contra la exclusión social.
Por último, José Miguel González Hernández, director del gabinete técnico de CC.OO. Canarias, basó su intervención en dos ideas: que el estado de bienestar es un derecho, y que lo público no significa que sea gratis, es decir, tiene un coste. Los servicios públicos se pagan gracias a un principio de solidaridad entre generaciones, para mantener las pensiones, y entre rentas, para mantener los derechos sociales de los más desfavorecidos.
Así, señaló que el 60% de los presupuestos generales del estado se dedica a mantener el estado del bienestar, lo que equivale aproximadamente 190.000 millones de euros. En Canarias, se corresponde con el 70% de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, equivalentes a 5.000 millones. Por eso, González reflexionó que muchas de las voces interesadas en privatizar lo público lo hacen porque se está hablando de un “bombón muy apetecible”, tal y como lo demuestran las cifras anteriores.
Resulta cada vez más difícil sufragar este sistema social, ya que el estado recauda cada vez menos. Una de las causas es que la natalidad ha bajado, lo cual implicará menos cotizantes en el futuro, por también porque recientemente se han eliminado determinadas figuras impositivas, como el impuesto sobre sucesiones, propiciándose así que se recaude menos. Por ello, no descarta que en el futuro se lleguen a proponer subidas de impuestos y medidas de co-pago de los servicios públicos, en función de la renta de cada ciudadano.
