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¿Existen las empresas que hacen el bien?: el caso de la empresa B

 

9 de enero de 2026

 
Cuando pensamos en la creación de un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente, raramente consideramos a las empresas. Asociamos a las empresas con la obtención de beneficios económicos, con la promoción de intereses privados, y, en definitiva, con la idea de que no tienen responsabilidad social. Sin embargo, en la actualidad existen empresas que prometen combinar la persecución de lucro con “hacer el bien”. Habitualmente, estas empresas adoptan certificados que verifican su impacto social y medioambiental: entre ellos, el más conocido es el certificado privado de B Corp o de Empresa B. El sello de “Empresa B” ya está presente en los cartones de leche, en las cápsulas de café o en los botes de crema que compramos. En la actualidad más de 10.000 compañías son Empresa B, y, en nuestro país, empresas como Nespresso, The Body Shop, Ben & Jerry’s o Capsa Food (esta última es la propietaria de la marca Central Lechera Asturiana) operan desde hace años con el certificado. Pero, ¿hasta qué punto estas Empresas B tienen la obligación de crear un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente?
Para entender el alcance del certificado de Empresa B, conviene detenernos primero en por qué y para quién operan las empresas en nuestro ordenamiento jurídico. Las empresas españolas, como regla general, persiguen un fin lucrativo (artículos 1.665 del Código civil y 116 del Código de comercio). Es decir, obtienen beneficios económicos y los reparten entre sus socios. En la práctica esto significa que siempre se deberá optar por la decisión que aumente las ganancias de la empresa, incluso si ello requiere el despido de cincuenta trabajadores o escoger un proceso de producción más contaminante. Siempre se deberán maximizar los intereses de los socios, y, en consecuencia, la rentabilidad de la empresa. Este es el modelo que adoptan las empresas tradicionales como Inditex, Repsol, El Corte Inglés o Mapfre. Dicho esto, nuestro Derecho no prohíbe que las empresas persigan fines no lucrativos como, por ejemplo, de preservación del medio marino o de reinserción laboral. Pero es cierto que sí promueve la persecución tradicional de fines lucrativos. Quizás esa ausencia de promoción del legislador de otros modelos distintos del lucrativo explica que España sea uno de los países en los que se puede adoptar la certificación de Empresa B. Según B Lab, la certificación de Empresa B puede ser adoptada por entidades “que utilicen los negocios para hacer el bien” durante cinco años. Estas empresas serán aquellas que, persiguiendo un fin lucrativo, estén dispuestas a alterar su forma de operar para generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente.
A grandes rasgos, el proceso de obtención del certificado consta de dos partes: la superación de una autoevaluación de impacto acompañada de una auditoría inicial; y la firma de un contrato con B Lab que obliga a las Empresas B a modificar sus normas de organización, sus estatutos, para incluir el deber de considerar los efectos de sus decisiones en la sociedad y el medioambiente. Primero, la compañía deberá autoevaluarse contestando a más de 150 preguntas (la mayoría, de opción múltiple) sobre su desempeño social y medioambiental. Es lo que B Lab denomina la Evaluación de Impacto B. La entidad deberá obtener 80 puntos de 200 para optar a la certificación. Una vez superada la evaluación, las respuestas serán revisadas por un tercero independiente, que, en su caso, emitirá un informe concediendo el certificado. Así las cosas, la pregunta que surge es: ¿es esta autoevaluación una herramienta fiable para determinar si las compañías tienen un impacto positivo?
Hace unos años, la certificación de Nespresso como Empresa B suscitó un debate sobre esta cuestión. Nespresso obtuvo la certificación en 2022 con una puntuación de 84.3 puntos en la Evaluación de Impacto B. Esto sorprendió a la comunidad de Empresas B, que eran conocedoras de las prácticas poco éticas que se le han atribuido a la empresa en la última década. Nespresso ha sido acusada de contratar con proveedores que utilizan trabajo infantil y que no remuneran adecuadamente a sus trabajadores, e incluso de implementar horarios que superan los máximos permitidos en sus fábricas en Suiza. Y esto no le impidió obtener el certificado. No queda claro entonces si la superación de la Evaluación de Impacto B es suficiente para afirmar que la empresa tiene un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. En efecto, esto podría aumentar el riesgo de que las compañías utilicen la certificación de Empresa B para fingir que son sostenibles cuando no lo son. Esta práctica se conoce por el nombre de greenwashing (o ecopostureo) y socialwashing.
En segundo lugar, las empresas solicitantes del certificado deberán obligarse en sus estatutos a desarrollar sus actividades velando “por la generación de un impacto positivo” y a considerar los efectos de sus decisiones en los grupos de intereses afectados por sus operaciones. Dentro de estos grupos de intereses se incluyen los socios, pero también el medioambiente, los acreedores de la compañía o los trabajadores. Para B Lab, esta parte del procedimiento es clave porque es uno de los mecanismos que obliga a la empresa a operar de forma “respetuosa” con la sociedad y el medioambiente tras la obtención del sello de Empresa B (otro de los mecanismos es la superación de auditorías periódicas durante el periodo de vigencia del certificado). El problema surge cuando comparamos las cláusulas que deben incluir las Empresas B en sus estatutos con normas similares en Derecho comparado: el artículo 1833 del Código civil francés y la sección 172 (1) del Companies Act de Gran Bretaña. Estas normas no permiten adoptar a las empresas decisiones que sean manifiestamente contrarias a los intereses de los socios de obtener beneficios económicos, ya que el fin que persiguen sigue siendo lucrativo. Sin embargo, es cierto que permiten a las empresas justificar decisiones que sean favorables a grupos de intereses que nada tengan que ver con los socios, como pueden ser los trabajadores o el medioambiente, siempre que beneficien a los socios, al menos, en el largo plazo.
Ahora traslademos esta idea a las Empresas B. Estas empresas podrán adoptar la decisión de, por ejemplo, cambiar su proceso de producción por uno menos contaminante solo si ello comportara beneficios económicos a la compañía, aunque no sean inmediatos. En otras palabras, podrán crear un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente solo si crea algún valor para la empresa. De lo contrario, la decisión no estará justificada y no podrá adoptarse. Y es que la adopción de decisiones que favorezcan a la sociedad y el medioambiente y que sean perjudiciales para los socios requeriría la modificación del fin lucrativo de la empresa para incluir un fin no lucrativo. Solo así se podrá crear un impacto positivo incluso cuando ello disminuya los beneficios de la compañía. No queda claro si el certificado de Empresa B cumple con todo lo que promete, pero sí parece un paso hacia la inclusión de los intereses de la sociedad y el medioambiente en las empresas. Los reclamos de B Lab sobre el certificado o incluso su propio nombre podrían llevar a una concepción desacertada sobre las Empresas B. Frente a esto, el análisis jurídico nos acerca al contenido real de las obligaciones de estas empresas.

Autora: Ana Afonso Bellod



Archivado en: Revista Hipótesis
Etiquetas:  Artículo, Hipótesis, Universidad de La Lagun

Ana Afonso Bellod Investigadora

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