La universidad es una institución absolutamente necesaria, porque aporta una visión innovadora a la sociedad. Estas fueron las palabras de presentación con las que ayer 8 de noviembre el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abrió su conferencia en la Facultad de Derecho, dedica al Ministerio Fiscal y medio ambiente. Perspectivas de futuro.
Conde-Pumpido, invitado por el área de Derecho Penal de la universidad y por la Fundación Pedro García Cabrera, destacó que el medio ambiente es «un bien jurídico indiscutible digno de protección penal, porque está necesitado de ella». Agregó que no se trata de un bien jurídico tradicional ya que es algo nuevo y tiene autonomía.
En cualquier caso, puntualizó, el recurso a la protección penal debe quedar reducido a los supuestos más graves, ya que cualquier infracción no puede ser amparada desde el punto de vista penal, habiendo instancias administrativas intermedias para ello.
El medio ambiente es algo tan sensible que la reacción penal debe producirse antes de que el delito se haya consumado, es decir, antes de que el bien jurídico haya desaparecido. Para ello resulta imprescindible la coordinación entre administraciones, con el objeto de complementar la norma penal con el derecho administrativo.
El ponente relató cómo se fue creando paulatinamente y de manera informal una red de fiscales de medio ambiente, que se oficializó en una reunión de 2004. «La especialización de los fiscales no sólo permite mayor conocimiento de la materia, sino que favorece una mayor relación con los agentes sociales implicados en la protección del medio ambiente, lo que acerca la posibilidad de desarrollar técnicas de investigación específicas».
Conde-Pumpido contó cómo se han ido gestionando los conciertos con las comunidades autónomas a través de la firma de convenios que permitan la creación de redes oficiales de fiscales en las autonomías. Ya están suscritos los de Galicia y Andalucía, y se está negociando el de Canarias, adelantó. Estos fiscales de autonomías estudiarán los casos de delitos contra la flora y la fauna, delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico artístico. El último paso llegaría con la Ley de Montes, actualmente en fase parlamentaria, y donde ya se habla de la fiscalía con sección delegada para el tratamiento de asuntos específicos.
Conde-Pumpido cerró su intervención animando al nutrido grupo de alumnos presentes en la sala a continuar con sus estudios de Derecho, y convertirse en juristas como «pacificadores de conflictos», un papel esencial, dijo, en toda sociedad civilizada.
