Existe un largo y tortuoso camino entre crear una tecnología por parte de un grupo de investigación y lograr comercializarla. Muchas veces, habiendo conseguido lo primero con altas dosis de éxito, no se llega de forma tan satisfactoria a lo segundo. En medio, queda un cierto vacío que hace que la universidad no conecte adecuadamente con la empresa, y para lo cual las los centros de investigación deberán poner sus invenciones en manos de gestores profesionales con amplios conocimientos en desarrollo de negocio y del mercado, y organizados a través de empresas de base tecnológica o agrupaciones de interés económico.
La segunda y última jornada de la Red Nacional de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (Red OTRI), auspiciada por la Universidad de La Laguna y que está celebrándose en la sede central de CajaCanarias, contó en la mañana de hoy viernes 5 de junio la experiencia de algunas iniciativas públicas de valorización de la investigación, con el objeto de ofrecer a las OTRIS diversas herramientas que permitan que las invenciones de las universidades y centros de investigación sean oportunamente explotados por la industria.
Uno de los proyectos presentados es el programa InnoCash, promovido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se trata de una iniciativa público-privada que persigue orientar y favorecer la inversión privada en proyectos de innovación originados en centros públicos de investigación y centros tecnológicos, aprovechando las deducciones fiscales que existen para estos casos. El programa fue presentado por su director, Rafael Camacho, quien dijo en primer lugar que las OTRIS deben estar convencidas de que la innovación es un motor de crecimiento económico.
Este programa pretende por tanto que la inversión privada genere empresas de base tecnológica o agrupaciones de interés económico que innoven en proyectos de I+D+i avanzados y con claras expectativas de comercialización. Se trataría de rellenar el hueco, explicó el ponente, que queda entre la fase de invención y protección de los resultados de la investigación, que llevan a cabo las universidades y centros de investigación, y la fase de explotación comercial.
En opinión de Camacho, la fase de investigación acaba en el momento concreto en que se han conseguido que los resultados de laboratorio funcionen y, en el mejor de los casos, estén adecuadamente protegidos. “Lo que debe quedar claro es que un centro público de investigación tiene que formar personas y hacer buena ciencia, pero no es su objeto social generar beneficios económicos empresariales”.
En este punto, el conferenciante reconoció que en muchas ocasiones a las empresas no les sirve lo que crean las universidades, porque falta una fase intermedia de adecuación de ese producto a los requerimientos de la empresa antes de emprender la fase de explotación. “Parece que hubiera dos lados de la barrera, por un lado el trabajo de los investigadores y de las OTRIS y, por otro, el de la empresa. Pero en realidad hay uno solo, el de la realidad económica”, aseveró Rafael Camacho durante su intervención, para quien el centro de investigación no está para llevar a cabo el desarrollo tecnológico y la comercialización.
La solución pasa por la creación de empresas de base tecnológica o agrupaciones de interés económico. Así, habría una primera transferencia de resultados de investigación de las universidades mediante un contrato a este tipo de entidades, que son las encargadas de buscar recursos financieros y humanos para ejecutar este proceso de desarrollo tecnológico. “Estas empresas no debería estar lideradas por los investigadores que han creado la tecnología, sino por gestores con experiencia empresarial que elaboren y cumplan un plan de negocio y pongan en valor el proyecto. Una vez alcanzada con éxito la prueba de concepto industrial, se daría entonces una segunda transferencia para su explotación definitiva en el mercado”.
Tras su intervención, le tocó el turno al jefe del Servicio de Comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Pedro Cartagena, quien presentó los servicios electrónicos de esta entidad: pago electrónico, solicitud electrónica de patentes, servicio de signos distintivos y el boletín oficial diario de la propiedad industrial.
La jornada finalizó con la puesta en común de conclusiones de varios talleres de trabajo desarrollados en la tarde de ayer sobre herramientas de búsqueda de información para valorización, la participación de las universidades en las empresas de base tecnológica y, por último, la explotación de resultados de proyectos europeos de ID+i.
