La Universidad de La Laguna cuenta desde diciembre de 2014 con un Protocolo de detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y de acoso sexista, una herramienta calificada como imprescindible en unas jornadas divulgativas celebradas hoy lunes 18 de mayo en la Sección de Ciencias de la Información.
Se trata de un documento fruto del esfuerzo colectivo, aseveró la directora de la Unidad de Igualdad de Género, Sara García Cuesta, y responsable de dicho texto, dado que ha contado con la colaboración del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio de Inspección, Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y del Instituto Canario de Igualdad, entre otros organismos.
Para García Cuesta, el protocolo es un instrumento de cambio para frenar actitudes intolerables en cualquier ámbito, pero especialmente en la universidad. La estructura de género, de clase o de poder se trasforma en determinadas ocasiones en estrategias abusivas que pueden generar acoso y que deben ser cortadas de raíz, aseguró la experta, quien además apeló a la responsabilidad social que ha de ejercer una institución como la universitaria.
Elisa Pérez, agente de igualdad, hizo hincapié en la todavía frágil posición de las mujeres en el mercado de trabajo, donde abunda la precariedad laboral para este colectivo, con condiciones laborales adversas, desigualdad retributiva, segregación laboral, reticencias a los embarazos y a la maternidad y una difícil conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
La especialista diferenció distintos tipos de acoso sexual o sexista, desde el que se hace explícitamente hasta el llamado acoso sexual ambiental, en el que el acosador genera un entorno hostil o intimidatorio para conseguir sus fines.
Tanto estas dos ponentes como las restantes estuvieron de acuerdo en que este tipo de hostigamiento hacia las mujeres no es ajeno al mundo universitario y que, por más cultura que tengan los integrantes de la comunidad universitaria, se producen igualmente relaciones de acoso.
Ante esta situación el protocolo aprobado procura una acción rápida y eficaz que prevenga, además, de la llamada victimización secundaria, en la que la persona que denuncia se encuentra ante la pasividad de la institución, que se vuelve en su contra y no solo no la respalda sino que la maltrata por denunciar los hechos.
Ana Puy, directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad y ex directora de la Unidad de Igualdad de Género de la ULL, explicó a los asistentes a las jornadas que el protocolo de actuación fue la medida más demandada en el plan de actuación de la Unidad. Puy afirmó que los acosos intimidatorios son formas de violencia de género, al tiempo que reconoció que en este ámbito también pueden darse denuncias falsas, que, como tales, constituyen un delito y deben ser perseguidas, pero que en su gran mayoría son un mito y su presencia es mínima.
Puy también indicó que en el proceso de elaboración del protocolo hubo voces partidarias de que estos asuntos fueran tratados desde el punto de vista de la mediación, “pero son delitos muy graves que en modo alguno pueden quedar así”. La experta también agregó que, frente a los que defienden acudir directamente a la vía judicial, ella es partidaria de acudir primero a las instancias universitarias donde se han producido los hechos, pues resultaría más fácil conocer la situación, observar el entorno de la víctima y actuar.
El rector de la institución académica, Eduardo Doménech, insistió en la importancia de denunciar el acoso, y de hecho añadió que en sus ocho años de mandato apenas se han dado tres casos de denuncia expresa, mientras que desde que el protocolo fue aprobado y difundido ya se ha vuelto a actuar sobre otros tres, lo que indica que se trata de un instrumento necesario y sumamente útil. Con todo, agradeció el enorme esfuerzo desempeñado por la Unidad de Igualdad de Género para que este documento sea hoy una realidad, un texto en el que llevaban trabajando más de dos años, que ha recibido aportaciones de muchos agentes sociales y cuyos borradores fueron revisados en varias ocasiones.
Acoso sexual, un problema de poder
Esther Escolano, subdirectora general de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y e Igualdad, señaló que la universidad debe estar atenta y vigilante ante los casos de acoso. Recalcó que la universidad es como cualquier otra organización, donde se producen situaciones abusivas que deben ser corregidas. “El acoso sexual no es un problema de sexualidad, es un problema de poder”, apuntó.
A pesar de los avances que la sociedad ha experimentado en asunción de derechos y de igualdad, siguen todavía ocurriendo situaciones de acoso, a veces sutiles y otras no tanto, aseveró la ponente, para quien la universidad tiene como misión educar en el sentido más integral del término. “Con este protocolo de la ULL estoy segura de que mejorará el clima laboral de la institución”.
La directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, Inmaculada Perdomo, hizo hincapié en la estrecha relación que guarda este instituto con la Unidad de Igualdad de Género, y de hecho este último órgano cuenta con un consejo asesor del que forman parte varios profesores del primero.
Perdomo indicó que con la llegada de la convergencia europea y los nuevos planes de estudios, las asignaturas sobre género se han visto muy reducidas, de tal forma que ya solo cabe una perspectiva transversal desde las materias troncales. Con todo, señaló que la Universidad de La Laguna lleva tiempo trabajando en muchas cuestiones relacionadas con la igualdad.
