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La Universidad de La Laguna rubrica su apoyo a la labor formativa de las Universidades Populares canarias

miércoles 24 de abril de 2019 - 14:21 UTC

Universidades Populares

La Universidad de La Laguna y la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) han firmado hoy, miércoles 24 de marzo, un protocolo general de actuación mediante el cual la institución académica prestará su apoyo científico y docente a las actividades desarrollada por la entidad formativa que cuenta con el apoyo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

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Por parte del centro de educación superior firmó el documento su rector, Antonio Martinón, mientras que por la asociación lo hizo su presidente, Marco Aurelio Pérez. En el acto también estuvo presente Antonio Ortega, alcalde de San Mateo (Gran Canaria) y presidente de la Comisión de Cultura y Deportes de la FECAM, así como varios alcaldes y concejales de municipios que prestan su apoyo a esta iniciativa formativa. Como colofón, el periodista y escritor Juan Cruz Ruiz realizó na brece disertación.

Martinón, aprovechado la presencia de Cruz entre el público, recordó la labor que el alcalde de Puerto de la Cruz Francisco Afonso realizó para impulsar una de las primeras universidades populares de Canarias. El rector alabó este tipo de organización de educación no oficial, que entronca perfectamente con la actividad de extensión universitaria que realizan las propias universidades.

El rector aprovechó la ocasión para reivindicar el papel que desarrollan las dos universidades públicas canarias como herramientas de apoyo a toda actividad que suponga la difusión de la cultura y el conocimiento. También manifestó su preocupación por la proliferación de universidades privadas en Canarias, a pesar de que es una comunidad de tamaño medio. “No sé si hay mercado para tanto, y digo ‘mercado’, que es un término que no suelo utilizar cuando hablo de universidades públicas”. Por ello, reclamó que desde las instancias gubernamentales se vele por que dichos centros privados cumplan con las mismas exigencias de calidad y rigor académico que las públicas.

El presidente de la ACUP explicó que este convenio supone un paso más en el proceso de revitalización de las Universidades Populares, tras un periodo no muy lejano en el que estuvieron a punto de desaparecer. En la actualidad existen 25 de estas entidades en toda Canarias y, si bien están implantadas en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura, cree que hay que hacer un mayor esfuerzo para mejorar su arraigo.

También valoró que la colaboración con las Universidades Públicas facilitará a las instituciones públicas de educación superior la posibilidad de acercar a los municipios parte del conocimiento que origina.

Por su parte, Antonio Ortega apreció que este tipo de convenios ayudan a dar seguridad jurídica a las actividades formativas que los municipios canarios fomentan a través de las universidades Populares.

Tras las intervenciones protocolarias, el acto dio paso a la intervención de José Arnay, quien explicó el papel que el programa formativo que dirige dentro de la Universidad de La Laguna, los Estudios Universitaria para Personas Adultas y Mayores (EUPAM), puede tener dentro de las Universidades Populares ofrece una formación “diferente, pero compatible”. También habló en el acto Óscar Medina Fernández, quien ofreció un repaso histórico sobre las universidades populares, figura que comenzó a implantarse en España hace poco más de un siglo, en 1900.

Finalmente, Juan Cruz intervendría en el acto, comenzando su conferencia recordando los años “felices” que vivió como estudiante en la Universidad de La Lagua, recordando que muchos capítulos de sus primeras novelas fueron escritos en los escalones del Edificio Central.

El convenio firmado tendrá una duración de cuatro años prorrogables y estará coordinado por una comisión mixta con integrantes de las dos entidades firmantes. Con él se pretende impulsar iniciativas de docencia e investigación, cada una de las cuales requerirá un acuerdo específico para su puesta en marcha.

El convenio ofrecerá marco legal para el desarrollo de actividades conjuntas en las áreas consideradas prioritarias: estudios e investigaciones, formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores y cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el logro de los objetivos del acuerdo.


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