Una representación del colectivo Uni-Digna, en la cual se encontraba la presidenta del Comité del PDI Laboral de la Universidad de La Laguna, la profesora del Departamento de Sociología y Antropología Esther Torrado, mantuvo la semana pasada una reunión con el ministro de Universidades, Joan Subirats, y su equipo para demandarle una evaluación universitaria al servicio del bien común y de una ciencia abierta, gratuita y social. La reunión surge tras la publicación en El Diario.es de una carta abierta y una petición en la plataforma Change.org que recabó más de 1.300 firmas en pocos días.
Durante el encuentro, Luis Torrego (Universidad de Valladolid) expuso que las políticas públicas españolas han reforzado un modelo de ciencia basado en el factor de impacto y el uso de los ránquines de revistas establecidos por las multinacionales Clarivate y Elsevier como criterio principal de evaluación de la investigación. «Un modelo que gratifica la investigación dirigida a la rentabilidad económica y devalúa la orientada a conocer y tratar de resolver las necesidades de la sociedad que la financia, e incumple acuerdos internacionales sobre ciencia suscritos por los organismos oficiales españoles”.
«El problema añadido”, prosiguió Torrego, “es que el sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria premia la acumulación de esas publicaciones cuantificables y comercializables que son las que supuestamente generan distinción y reconocimiento (sexenios), al tiempo que “penaliza” si no se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la reducción del salario y un aumento significativo de lo que se ha acabado denominando carga docente”.
Ana de Castro (Florida Universitaria-Valencia), insistió en que «este sistema está convirtiendo así la función docente esencial de la universidad en un obstáculo para la promoción académica, un “castigo”, que termina por devaluar una finalidad fundamental de la universidad, que es la de enseñar, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y postergue”. Por su parte, el profesor de la Universidad de León Enrique Díez remarcó que «el actual sistema obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación».
Las profesoras Esther Torrado (Universidad de La Laguna) y María Verdeja (Universidad de Oviedo) explicaron que Uni-Digna considera necesario incorporar otros elementos para valorar el trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y con las necesidades y sectores más desfavorecidos.
El Ministro señaló la importancia de valorar también la docencia y de dar un papel significativo al alumnado. Indicó que la evaluación está muy centrada en la valoración de la trayectoria individual de las personas y no en los equipos, y también se refirió a la utilidad social de la ciencia y de la universidad, coincidiendo en esa visión de la universidad como espacio y servicio público.
Propuestas
La representación de Uni-Digna trasladó al ministro una serie de propuestas. La primera sería dirigir las políticas públicas de investigación al desarrollo de los repositorios públicos de “acceso abierto” y considerar otros méritos de investigación además de las publicaciones científicas.
También sugirieron que se considere como mérito la investigación orientada al bienestar humano desde una perspectiva global y local; al desarrollo cultural; a la sostenibilidad y al cambio social; y a la conexión con los entornos locales y los movimientos y colectivos de utilidad pública, entre otros parámetros.
Otra sugerencia fue evaluar los criterios, modelos, procedimientos, agentes, estrategias de trabajo, garantías, resultados y cuantos elementos participen en la actividad evaluadora de la investigación. Relacionado con eso, se aboga por utilizar referentes de buena ejecución en lugar de ordenaciones y ranking, y por que los criterios cuantitativos únicamente sean utilizados para apoyar la valoración cualitativa, la cual tiene que basarse en razonamientos informados y de carácter deliberativo.
Finalmente, Uni-Digna aboga por “no convertir la docencia —función esencial de las universidades— en castigo, sino en valor principal de evaluación del profesorado universitario”. Aunque no se entró a analizar la particularidad de las medidas, el ministro mostró su sintonía con el espíritu y enfoque de las propuestas, y acogió positivamente la disposición del colectivo de profesorado para participar en un proceso de debate y transformación del modelo actual.
(Nota e imagen cedidas).
