Los vicerrectorados de Personal Docente e Investigador (PDI) y de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Laguna han llegado a un acuerdo unánime con la representación sindical para poner en marcha un nuevo baremo marco para el personal docente laboral. De hecho, la revisión y actualización de este documento era una de las tareas pendientes del equipo de dirección del centro académico, según destacó esta misma semana Rocío Peña, vicerrectora de PDI, al considerar que el hasta ahora actual era insuficiente.
Bajo esa premisa se comenzó a trabajar en un nuevo texto, recogiendo las aportaciones de los departamentos y, con posterioridad, la de los sindicatos, con quienes se lleva manteniendo reuniones sobre esta materia desde mayo de 2022. Tanto Rocío Peña como Ernesto Pereda, vicerrector de Investigación y Transferencia, enfatizaron el buen talante de las reuniones habidas, así como el intenso trabajo y la implicación de todos los actores.
Los principales aspectos que han motivado la existencia de una nueva propuesta de reglamento de contratación del PDI laboral, en las figuras de Ayudante, de Profesorado Ayudante Doctor, Profesorado Contratado Doctor, Profesorado Asociado y Profesorado Sustituto, se deben a la necesaria adaptación a la evolución de los procedimientos administrativos derivada de la implantación de la administración electrónica y, también, a las nuevas exigencias para las diferentes categorías contractuales.
Ernesto Pereda destacó en el acto de firma, celebrado en el Rectorado, algunos de los avances conseguidos. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de disponer ahora de una herramienta actualizada para la selección de su PDI, en el que los méritos de todos los apartados, y especialmente en el de investigación, se han objetivado en los indicadores de calidad de los méritos aportados por los candidatos, al mismo tiempo que se asegura la inclusión de todos ellos mediante un proceso de normalización a partir de la propuesta del candidato con la puntuación más alta.
También se han tenido en cuenta de forma más detallada y completa aspectos como la calidad de la formación pre y postdoctoral, las estancias en otros centros, la formación para la docencia (incluida las evaluaciones positivas en esta materia), la transferencia o el conocimiento de los idiomas, etc., “todo sobre la base no solo de los baremos analizados de otras universidades nacionales sino también de las aportaciones realizadas por los departamentos”, indicó.
El nuevo baremo, además, está llamado a ser un elemento fundamental para la renovación de la plantilla de PDI, en línea con las acciones planteadas por el Plan Estratégico de I+D en lo que se refiere a la captación y retención de recursos humanos para la investigación, aseguró el vicerrector. Ambos sostuvieron que se ha previsto un periodo transitorio para quienes tienen que estabilizarse en 2023, de forma que el baremo, en el caso de las plazas permanentes, se empezará a aplicar a partir de 2024, mientras que sí es de aplicación de forma inmediata para las plazas de carácter temporal de nueva creación.
Peña y Pereda también agregaron que el baremo supondrá la agilización de la contratación del profesorado sustituto a través de una instrucción específica que servirá de experiencia piloto y que culminará con posterioridad en un reglamento de contratación específico para este tipo de plazas.
El presidente del Comité de Empresa de PDI Laboral, José María Castillo-Olivares, se congratuló de la firma de este acuerdo, al tiempo que agradeció a los miembros de este órgano su implicación en esta tarea, en medio de un contexto complicado y ante la inminente aprobación de una nueva ley del sistema universitario, aseveró. Por su parte, el titular de la Junta del Personal Docente e Investigador, Luis Cabrera, felicitó a todos y también al equipo rectoral, porque ha puesto sobre la mesa, dijo, la necesaria reforma de este baremo, “que nos sitúa en un contexto estatal propicio”, a la vez que señaló que no es un documento inmutable, sino que irá evolucionando y adaptándose a los tiempos.
La rectora, Rosa Aguilar, cerró el acto de firma alegrándose de este avance: “Para la universidad lo prioritario son las personas que trabajan y viven en ella, por eso tenemos que conseguir procesos de contratación más ágiles y este instrumento sin duda ayudará a lograrlo”.
