El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (CEULL), como máximo órgano de representación del estudiantado en nuestra universidad, quiere expresar públicamente su preocupación ante la Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2003, actualmente en tramitación en el Parlamento de Canarias. Se expone de forma literal el texto remitido por este órgano:
«En primer lugar, partimos del gran valor institucional de los Consejos Sociales. Son órganos necesarios para asegurar la conexión de la universidad con nuestro entorno, incorporar las demandas y expectativas sociales al debate universitario y fortalecer la rendición de cuentas. Lo expresa con claridad la propia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en su artículo 47, al definirlos como espacios de participación de la sociedad en la vida universitaria. La experiencia acumulada demuestra que, cuando estos órganos actúan desde la cooperación y el respeto a los cauces internos de decisión, las universidades funcionan.
Esta reforma no se limita a actualizar el papel del Consejo Social: le da nuevas competencias que afectan al funcionamiento interno de la universidad, como la fi rma de convenios, o la intervención en cuestiones estratégicas que hasta ahora han sido responsabilidad de otros órganos como el Consejo de Gobierno. Eso genera confusión, solapamientos y, sobre todo, pone en riesgo nuestra autonomía.
Una preocupación concreta: decisiones que afectan directamente a lo académico, como las titulaciones o la programación docente, no pueden estar condicionadas por intereses externos, ni por empresas, ni por agentes que, aunque colaboren con la universidad, no deben marcar el rumbo de sus prioridades. Las decisiones académicas tienen que depender de la universidad, no de quienes están fuera.
También reprochamos que este cambio se haya propuesto sin un diálogo real con las universidades públicas, a pesar de que estas han aportado propuestas razonadas, argumentadas y con amplio respaldo. El hecho de que se ignore esa interlocución institucional nos parece profundamente preocupante.
Como representantes del estudiantado, creemos fi rmemente que una universidad pública fuerte necesita respeto a su autonomía, participación interna real y órganos de gobierno que decidan desde dentro, con criterios académicos y de servicio público, no con lógicas externas.
Esto no va de tecnicismos. Es un debate de fondo: ¿quién debe decidir el rumbo de la universidad pública? ¿Las instituciones académicas o quienes están fuera de ellas? La universidad no puede funcionar con interferencias. Si pierde su capacidad de autogobierno, pierde su capacidad de formar e investigar con libertad y pierde su papel de ascensor social, nos convertiremos en una empresa privada, o lo que es lo mismo, una universidad privada.
Por todo ello, desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna:
1. Instamos a los grupos políticos del Parlamento de Canarias que revisen la reforma propuesta en lo tendente a la invasión de competencias a los órganos académico universitarios, respetando la legislación estatal y la autonomía universitaria.
2. Censuramos cualquier reforma normativa que afecte al sistema universitario canario sin diálogo y participación real, sin contar con las universidades y todos sus sectores, incluido el estudiantado.
3. Exigimos que se proteja la autonomía universitaria como condición indispensable para una docencia e investigación libre, crítica y de calidad.
La universidad pública tiene que estar conectada con la sociedad, pero también ser libre para tomar sus decisiones, organizada democráticamente y comprometida con su función social».
