Los rectores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García y Lluìs Serra, respectivamente, han comparecido hoy, jueves 3 de julio, ante la comisión de Universidades, Ciencia e Innovación del Parlamento de Canarias que preside la diputada Elena Máñez, para ofrecer el parecer de las instituciones académicas sobre el texto del anteproyecto de Ley Canaria de Ciencia, actualmente en fase de elaboración.
Los dos rectores señalaron que se trata de una ley “oportuna y necesaria”, por lo que agradecieron el esfuerzo realizado por la cámara, pero también manifestaron su voluntad de mejorarla para que sea aún más útil. Por ello criticaron que se ha contado escasamente con la participación de las instituciones académicas en los debates sobre esta legislación y, además, las pocas ocasiones en que se ha contactado con ellas, ha sido sin un texto base sobre el cual poder trabajar.
Apreciaron que, en general, las vías de participación han sido “insuficientes” y que, además, se ha tratado a las dos universidades públicas como dos agentes más, cuando por su relevancia son mucho más. Así, si se tiene en cuenta que más del 95% de la I+D+i de Canarias sale de sus universidades públicas, resulta obvio que dichas entidades debieron haber sido más consultadas al respecto. Señalaron que el texto actual posee ciertas omisiones, pues los dos centros académicos poseen “resultados excepcionales en áreas punteras”, y ello no queda reflejado en el texto.
Esos resultados, agregaron, se han logrado a pesar de tener una inversión de menos del 6% del PIB, lo cual no ha impedido realizar muchas publicaciones de impacto y haber desarrollado una transferencia creciente al tejido productivo con enorme impacto social y con hitos como la creación de empresas spin-off y aportaciones en materias como la acuicultura, energías renovables, cambio climático y la movilidad. Por poner un dato sobre la mesa, el rector Serra explicó que en cinco años su universidad ha pasado de estar en el grupo de las que menos transferencia de investigación realizaba a estar ahora en el grupo de cabeza.
Ambos reclamaron, además, la necesidad de que la Ley de Ciencia cuente con un capítulo específico sobre las universidades públicas canarias para reflejar su relevancia en el sistema científico regional, el cual no existe en el texto actual.
Los rectores creen igualmente necesario que la legislación discutida recoja explícitamente la tan largamente reclamada estabilidad presupuestaria para las dos universidades públicas. Como señaló el rector García, resulta imprescindible “blindar un compromiso financiero” porque “apostar por la ciencia de verdad se hace en la Ley de Presupuestos”.
Desde algunos grupos parlamentarios se reclamó una investigación de corte más aplicado, pero ambos rectores rechazaron esa visión de una ciencia con corte mercantilista y apostaron por abordar todas las áreas de conocimiento. En este sentido, pusieron como ejemplos que no se puede considerar inútil los estudios arqueológicos, pues sería considerar irrelevantes los hallazgos de Atapuerca, o que en su día la física cuántica era considerada ciencia básica y, por tanto, poco práctica, y ahora son la base de la computación y los dispositivos móviles.
Los rectores fueron interpelados sobre la brecha de género universitaria y ambos respondieron que, si bien queda por hacer, la presencia femenina se está equiparando gradualmente en todos los ámbitos universitarias, tanto por el propio voluntarismo y trabajo de las mujeres, como por las políticas y medidas específicas que se están desplegando para incentivarla.
También se criticó el exceso de burocracia de las universidades, que los rectores no negaron, pero señalaron que se están introduciendo grandes mejores que está logrando una mayor agilización de las administrativas. En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones, recordaron que los presupuestos y cuentas son aprobados por el Consejo Social y que todas las facturas que se pagan están publicadas en los portales de ambos centros, por lo que se trata de entidades muy bien fiscalizadas. “Las universidades no barremos para casa, barremos para Canarias”, remarcó el rector Serra.
Como cierre de su intervención, y retomando el debate sobre la visión utilitarista de la investigación, el rector Francisco García regaló a cada integrante de la comisión parlamentaria un ejemplar el ensayo “La utilidad de lo inútil”, del Premio Princesa de Asturias de Comunicación Nuccio Ordine, y leyó una cita de la obra: “En los próximos años habrá que esforzarse para salvar de esta deriva
utilitarista no sólo la ciencia, la escuela y la universidad, sino también todo lo que llamamos cultura. Habrá que resistir a la disolución programada de la enseñanza, de la investigación científica, de los clásicos y de los bienes culturales”.
Propuestas de mejora
En una carta previa remitida el 4 de junio a los grupos parlamentarios, los rectores ya habían expresado su “profundo malestar institucional” por el proceso seguido en la elaboración de este anteproyecto de Ley Canaria de la Ciencia, por no haber sido las instituciones invitadas a participar ni consultadas durante su redacción pese a aglutinar prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el Archipiélago.
En dicha carta realizaron una serie de propuestas de mejora que han vuelto a ser repetidas en la comparecencia de hoy, y que se resumen en las siguientes:
- Incorporar un Título específico dedicado a las Universidades Públicas Canarias.
- Inclusión explícita de la ACIISI como órgano vertebrador del sistema.
- Desarrollo de una carrera investigadora pública estable y atractiva.
- Reconocimiento y financiación de estructuras de investigación de excelencia
- Inclusión de un Título específico sobre la Transferencia de Conocimiento.
- Otras propuestas específicas de mejora del articulado:
- Clasificación detallada de agentes y registro obligatorio de agentes.
- Consejo asesor: La actual redacción del artículo 8, si bien contempla la participación de las universidades públicas y centros de investigación, no garantiza una representación proporcional al peso que estas instituciones tienen en el ecosistema canario de I+D+i.
- Estrategia de I+D+i inclusiva en todas las áreas del conocimiento.
- Agilidad administrativa y simplificación de la gestión de la I+D.
- Adaptabilidad y enfoque dinámico de la ley.
- Cláusula de sustitución en subvenciones de personal investigador contratado
