El ser humano y los animales conviven desde los inicios de la historia. En la actualidad, esta coexistencia parece haber mejorado dada la proliferación de granjas de animales y mascotas. También las especies protegidas resultan más cercanas gracias a actividades como el turismo de observación y los documentales sobre la naturaleza.
Sin embargo, la relación entre humanos y animales no es siempre respetuosa y el maltrato animal se sigue manifestando en sus distintas formas: prácticas culturales como el toreo o las peleas de gallos y perros; tradiciones arraigadas en lo etnográfico que, en ocasiones, suponen un escarnio para ciertas especies, como las romerías y el arrastre de ganado; actividades ganaderas abusivas; explotación turística de algunas especies; y la pervivencia de zoológicos que siguen suponiendo el cautiverio de animales fuera de sus entornos naturales.
También los dueños y dueñas de los animales pueden ejercer un maltrato impulsado por el utilitarismo, como es el caso de los cazadores que ahorcan o abandonan a galgos y podencos cuando ya no les son útiles, o simplemente por pura crueldad, como las personas que disfrutan haciendo sufrir a sus mascotas.
En septiembre de 2024 la Fiscalía General del Estado hizo pública su memoria anual de 2023 sobre todo tipo de delitos, entre los que se incluyeron los que atentan contra el medioambiente. De las 2.799 diligencias de investigación incoadas, 246 correspondieron a maltrato animal. En el ámbito doméstico específicamente se persiguieron 1.389 delitos contra mascotas, de los cuales 1.327 terminaron en escritos de acusación, pero solo 256 terminaron en sentencias condenatorias.
Estas cifras no incorporan aquellos casos que no se denuncian, ya que son desconocidos por las autoridades, lo que hace pensar que la magnitud del problema es presumiblemente mayor. También habría que sumar a estas cifras la alta tasa de abandono que, según un estudio elaborado por la Fundación Affinity, ascendió a 286.000 perros y gatos que terminaron en protectoras en ese año.
Desde las administraciones se trata de combatir este problema y, sin duda, uno de los mayores hitos ha sido la aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que introduce una serie de medidas como la obligatoriedad de realizar un curso de aptitud para la tenencia de una mascota, limitar el tiempo que se puede dejar a un animal solo en casa y endurecer las sanciones para quienes ejercen el maltrato, los maltratadores, entre otras. No ha sido una ley exenta de polémicas pues, aunque haya supuesto una mejora con respecto a la normativa previa, entre otras cuestiones deja sin cobertura a los animales implicados en la actividad taurina, a los utilizados para investigación científica, a los de producción y a los silvestres.
Sin embargo, no se puede dejar el abordaje de un problema como este solamente a la legislación. Al igual que con otro tipo de problemas sociales, algunas de las herramientas de intervención más importantes son la prevención a través de la educación y las actuaciones con aquellas personas que han ejercido maltrato, con el fin que abandonen esa práctica. Pero también se puede influir sobre la opinión pública para que reaccionen frente al maltrato, tanto para prevenirlo como para erradicarlo. Precisamente, este es el objetivo de una investigación desarrollada por un equipo de la Universidad de La Laguna, con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que actualmente se encuentra a la mitad del periodo de cuatro años concedido.
Ana M. Martín.
Reacción social hacia el maltrato
El proyecto “Variables psicoambientales implicadas en la preocupación social y en la conducta frente al maltrato animal (ANICARE)” está coordinado por la catedrática de Psicología Social de la Universidad de La Laguna Ana María Martín, y en él participa personal investigador de diferentes especialidades de la psicología, como la psicología jurídica, en su caso y en el de Andrea Vera, la psicología ambiental en el de Bernardo Hernández, Christian Rosales y Cristina Ruiz, así como las metodologías de las ciencias del comportamiento en el de Stephany Hess Medler.
Como explica la memoria del proyecto, su objetivo es estudiar el maltrato animal como un delito ecológico, atendiendo, entre otras cuestiones, a qué variables pueden explicar un porcentaje significativo de la reacción social frente al mismo. La investigación previa ha aportado conocimientos sobre cuál es el espacio perceptivo del delito ecológico en general y cuáles son los factores que influyen en que las personas acaten las leyes medioambientales, pero no han sido analizados cuáles son los factores que influyen en que las personas increpen a quienes transgreden las normas medioambientales, pongan en conocimiento de la autoridad estas transgresiones y colaboren para controlarlas y prevenirlas.
“Nuestra idea es que existe una conciencia social y que las personas reaccionen frente a esta conducta. Quienes maltratan son una minoría, por lo que preferimos trabajar promoviendo conductas positivas más que persiguiendo a quienes llevan a cabo las conductas negativas”, explica Ana María Martín.
El fin último de este proyecto sería, pues, diseñar programas de intervención que permitan concienciar a las personas y, para ello, el primer paso es conocer bien cuál es la reacción de la población ante determinadas situaciones de maltrato animal. “Creemos que para erradicar comportamientos negativos no se debería actuar sobre la población siempre con miedo y amenazas y recurriendo a las fuerzas de seguridad, sino por convencimiento. Sería más eficaz conseguir que todos creamos que no se puede hacer daño al animal y, si vemos que otra persona lo hace, actuáramos para que pare”. Por ello, el proyecto no se centra tanto en casos de zoofilia, psicopatía o crueldad extrema, ya que son minoritarios en la sociedad, sino en conductas que causan daño a los animales y son más o menos aceptadas socialmente.
No es un asunto sencillo porque el propio concepto sobre lo que es y no es maltrato es difuso. “Nos escandaliza que se trate mal a un gato o a un perro, pero entendemos perfectamente que sacrifiquemos a un cerdo y nos lo comamos. La distinción entre lo que es maltrato y lo que no es cultural. ¿Por qué se puede considerar que está mal maltratar a una vaca y no una corrida de toros? Por eso, más que estudiar al psicópata maltratador, preferimos centrarnos en lo que hace la gente en general”.
Bernardo Hernández.
Una modalidad de delito ambiental
Este proyecto surge como consecuencia de otros anteriores de este grupo centrados en los delitos ecológicos. En esos trabajos se dieron cuenta de que, cuando había animales implicados, la reacción de las personas era diferente. “Uno de los escenarios que estudiábamos era disparar a un cernícalo. Nos dimos cuenta de que cuando lo comparábamos con la reacción hacia otro tipo de delitos ecológicos, la indignación era mayor, la gente consideraba que era más grave. Igualmente, nos dimos cuenta de que los vertidos al mar, que afectan a la fauna marina, también causaban mucho rechazo”.
Desde la psicología social es sabido que las personas categorizan a los animales y no perciben igual a uno doméstico que a uno protegido o a otro que se cría para consumo humano. Por ello, se estimó pertinente ampliar la investigación considerando también las variables psicoambientales que fomentan las actuaciones en favor de distintos tipos de animales. “Comenzamos estudiando el comportamiento proambiental y los vínculos positivos hacia el medio ambiente. Después pasamos a estudiar el delito medioambiental y ahora, dentro de él, estamos investigando el maltrato animal”, resume Bernardo Hernández.
Justo cuando el equipo se planteó investigar exclusivamente el maltrato animal, se produjeron ciertos cambios legislativos que llevaron a reajustar el proyecto: en 2021 hubo modificaciones en las leyes civiles, de tal modo que los animales pasaron de ser propiedades a ser considerados seres sintientes; y el Código Penal incluyó el maltrato no solo a especies protegidas, sino también a animales domésticos y de cría. A eso hay que añadir la ya citada ley de 2023, por lo que todas esas modificaciones condujeron a que hechos que antes no se consideraban delito, ahora lo fueran. Por lo tanto, se ha tenido que ir adaptado el proyecto de investigación a estos cambios.
Cristina Ruiz y Andrea Vera.
Cuatro estudios
El proyecto pretende evaluar las dimensiones psicoambientales que determinan la percepción de las personas hacia el maltrato animal, atendiendo a conceptos como su percepción de la legitimidad de la autoridad y las leyes, las actitudes hacia el medioambiente y otro tipo de características personales para, una vez determinado su impacto, formular actuaciones basadas en evidencias científicas. Y la manera de abordar estos objetivos es a través de cuatro estudios sucesivos, que permitirán obtener la información deseada sobre cada una de esas dimensiones antes de formular las propuestas de intervención.
“Ya hemos realizado los dos primeros estudios y estamos recogiendo datos para el tercero, pero también nos gustaría hacer otro tipo de investigación complementaria. Tenemos como observadores independientes al Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y a las consejerías responsables de Medio Ambiente tanto del Cabildo de Tenerife como del Gobierno de Canarias. De alguna forma, nos gustaría aportar resultados que puedan ser útiles en políticas sociales”.
Por su parte, Cristina Ruiz añade que el propósito es comprender cómo influyen en la percepción del maltrato las actitudes hacia los animales, el sentimiento de conexión con la naturaleza y si la empatía hacia las personas está relacionada con la empatía hacia la naturaleza. “En último término, intentamos encontrar sobre qué tenemos que actuar para cambiar la conducta de las personas. Por ello, estudiamos distintos tipos de variables hasta llegar a las que son más importantes. Primero actitudes y, después, normas personales y sociales y obligaciones morales”.
En los dos primeros estudios se elaboró un cuestionario que proponía situaciones relacionadas con un delito ambiental prototípico como son los vertidos ilegales y con el maltrato animal. Estas situaciones fueron redactadas ex profeso para el cuestionario, pero se basaron en informaciones reales extraídas de los periódicos, una minuciosa tarea de documentación por parte del equipo investigador que supuso una de las primeras fases del trabajo. “Nos interesa saber qué piensan las personas, y los medios de comunicación tienden a presentar casos que a la gente le son más familiares”. Aunque actualmente no se descarta incorporar noticias sacadas de redes sociales, inicialmente se desecharon porque hay determinados segmentos poblacionales que, por edad o desinterés hacia las tecnologías de la comunicación, no acceden a esas plataformas.
Andrea Vera explica que, en el primer estudio, además de los escenarios de vertidos ilegales, se presentaron escenarios de las tres categorías recogidas por la legislación (domésticos, de cría y protegidos) con la intención de averiguar si había diferencias en la percepción hacia ellos. “Efectivamente, las hay. Podemos diferenciar la percepción del maltrato animal de la de otros tipos de delitos ecológicos. Las diferencias que encontramos fueron que las reacciones eran más negativas respecto al delito de maltrato animal en su conjunto, especialmente hacia los animales domésticos, que era lo que veníamos hipotetizando. También observamos cómo influyen en dicha percepción algunas variables de personalidad, como la empatía hacia la naturaleza”.
El segundo estudio trata de analizar cómo unas variables anteceden a otras hasta llegar a la reacción final frente al maltrato. Así, se han analizado en primer lugar las normas descriptivas que reflejan lo que todo el mundo hace. “Esto es muy importante porque muchas veces no hacemos lo que se debe hacer, sino lo que los demás hacen. Por ello, también son importantes las normas prescriptivas, que describen cómo influyen en las personas lo que hagan individuos y grupos que son referentes e importantes para ellas. Todo eso antecede a lo que interiorizamos como una norma personal y nos lleva a la motivación para la actuación, en este caso, la obligación moral. Es esa obligación moral la que activa, finalmente, la reacción ante el maltrato”, detalla Cristina Ruiz.
El tercero de los estudios abordará una serie de variables actitudinales que hasta ahora no se habían investigado en relación al maltrato animal, como la identidad con la naturaleza, la percepción de la legitimidad de las autoridades que aplican las leyes, y la motivación para realizar acciones positivas hacia el medio ambiente. Hasta el momento, los estudios se han centrado en población canaria, pero con la introducción de cuestionarios online, en las últimas etapas también se va a contar con respuestas de personas de otras comunidades, teniendo así una participación más diversa. Los dos primeros estudios han contado con alrededor de 600 respuestas cada uno, y se espera ampliar la cifra en los dos siguientes.
El cuarto estudio será resultado de los datos obtenidos en los anteriores, ya que en él se analizará el impacto de las variables que hayan sido explicativas en los tres estudios anteriores poniendo a prueba un modelo. “Existen muchas variables posibles, pero tenemos que ser prácticas e ir a aquello sobre lo que podamos intervenir y en lo que basar programas de intervención para mejorar la relación entre los animales y las personas. También nos gustaría estudiar el papel de las distintas opciones de dieta, como por ejemplo el veganismo”, añade Ana M. Martín.
Andrea Vera, Christian Rosales y Stephany Hess.
Modelo para intervenir
Como resume Bernardo Hernández, el punto de partida del proyecto es que la respuesta de la ciudadanía frente al maltrato animal va a depender de cómo se perciben las tres tipologías de animales contempladas por la legislación, así como de las variables de naturaleza psicológica y psicoambiental identificadas a partir de los estudios. Matiza que “aunque el proyecto se está llevando a cabo en Canarias, asumimos que los resultados y el modelo que se obtengan serán válidos para la población en general. Pueden darse algunas diferencias en la percepción del maltrato, por ejemplo, entre quienes residen en zonas rurales o urbanas, o en lugares en los que la caza o la tauromaquia poseen un especial arraigo, pero aun así el modelo será generalizable al conjunto de España”.
Ana M. Martín redunda en esta idea explicando que el grupo trata de configurar un “modelo parsimonioso”, es decir, lo más sencillo posible, que vaya a lo fundamental y que incluya las variables imprescindibles para ser eficaz. “También incorporamos la perspectiva de género, porque en el ámbito de la psicología ambiental está clarísimo que las mujeres tenemos actitudes más positivas hacia el medioambiente y nuestras posturas medioambientales se manifiestan de manera diferente a la de los hombres. Y en el ámbito de la psicología jurídica, siempre hay más hombres transgresores que mujeres, ya que nos socializan para ser más pro normativas. Hay que ver en qué se diferencian para tenerlo en cuenta cuando se intervenga”.
En cuanto a las posibilidades de intervención, son múltiples. Por ejemplo, si los estudios elaborados en el trascurso del proyecto finalmente confirman que una de las variables que explican la reacción de la ciudadanía frente a alguien que está maltratando a un animal es la credibilidad y la fiabilidad atribuida a las autoridades, una línea de actuación podría ser informar a la sociedad de que las instituciones actúan, que lo han hecho en el pasado y que son fiables.
Con los datos obtenidos sobre el vínculo con animales, se podrían llevar a cabo actividades que fomentaran el contacto con ellos, como visitas a granjas para conocer el entorno donde viven. Otra posibilidad de actuación sería tratar de combatir el especismo, es decir, la creencia en que los seres humanos son la especie superior y, por tanto, que las demás especies están a su servicio.
Actuaciones basadas en evidencias
En cualquier caso, el propósito es aportar datos fiables acerca de las conductas sobre las que se quiere actuar para diseñar intervenciones eficaces. Porque, como señala Ana M. Martín, las instituciones deberían tomar en consideración la ciencia a la hora de diseñar políticas sociales, utilizando instrumentos y prácticas basadas en evidencias científicas, algo que, a su juicio, no se está haciendo: “Parece que hay un divorcio entre la universidad pública, lo que sabemos los científicos que trabajamos en ella, y lo que están haciendo las administraciones públicas”.
Así, no son pocas las campañas de márquetin para concienciar sobre determinadas problemáticas que han fracasado porque sus responsables actuaron siguiendo su “sentido común” y sus creencias estereotipadas. Como explica Cristina Ruiz, “si la campaña no obedece a las variables que científicamente se ha demostrado que pueden cambiar ese comportamiento, no son efectivas”.
En este sentido, Christian Rosales señala que, por ejemplo, “las campañas sobre cambio climático suelen basarse en imágenes negativas del medioambiente aunque la literatura y las investigaciones científicas dicen lo contrario: cuanto más positivas sean las imágenes, más generan en la persona la intención de realizar acciones frente a este problema. También queremos enfatizar que no se debería actuar basándose en creencias o en tradiciones, sino a partir de datos y, en este sentido, el modelo que queremos poner a prueba nos permitiría establecer cómo debemos intervenir y en qué dirección”.
Gabinete de Comunicación
