Los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de la Universidad de La Laguna (ULL), Lluís Serra y Francisco García, han calificado la propuesta de financiación plurianual recibida por la Consejería de Universidades, Ciencia, e Innovación y Cultura, para el período 2027-2030 como “decepcionante, tanto en la forma como en el fondo”, y “pone en jaque a las universidades públicas canarias”.
Solamente centrándose en la propuesta de financiación del Gobierno canario para 2027, primer año del documento de contrato-programa que se ha presentado, se recoge una financiación para gastos de carácter general de 286,9 millones de euros a destinar a las dos universidades públicas canarias, si se restan unas partidas económicas que están condicionadas a hechos que no dependen de las universidades públicas canarias y que, por lo tanto, no permitirían abordar gastos estructurales.
Sin embargo “las dos universidades canarias necesitan en 2027 un total de 290,4 millones de euros, únicamente para afrontar los incrementos retributivos establecidos por ley en 2026” y que aún no se han pagado. “Si, además, añadimos el incremento retributivo previsto para 2027, acordado por el Estado y las organizaciones sindicales, estamos hablando de un desfase total de 15 millones de euros para el año 2027”. Por tanto, a juicio de ambos rectores “a las universidades públicas se nos condena a seguir viviendo estos próximos años con respiración asistida”, pues la financiación propuesta resulta “claramente insuficiente” para atender los gastos estructurales ya comprometidos.
En su argumentación, los rectores también volvieron a insistir en que al desfase de estos 15 millones de euros para 2027 se suma a la pérdida de capacidad de gasto acumulada por las dos instituciones durante el período 2022-2026, que ambos equipos rectorales han estimado en 25 millones de euros.
“Por tanto, la propuesta que nos han hecho desde el Gobierno no solo no nos permite crecer, es que ni siquiera garantiza el sostenimiento de nuestra actividad ordinaria”. A ello se añade que el documento presentado establece potenciales penalizaciones a las universidades en esta financiación básica, con hasta un 2,5%, “algo sin precedentes”.
Lluís Serra y Francisco García recordaron que la nueva Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) establece que se debe iniciar una senda de financiación que permita alcanzar en 2030 una inversión en las universidades públicas canarias próxima a los 600 millones de euros (el 1% del PIB de la comunidad autónoma). “Sin embargo, la propuesta presentada sitúa esa cifra por debajo de los 330 millones de euros para las dos universidades, alejándose significativamente del objetivo marcado por la ley”, explicaron los rectores. Esto es, una propuesta que, como mínimo, solo cubre un poco más de la mitad del objetivo, ya que supone 270 millones menos de lo previsto para el año 2030.
Los rectores insisten en que esta financiación es prioritaria para unas universidades como las canarias, que, además, conviven en un entorno geográfico alejado y singular por su insularidad. “Si no disponemos de una financiación para nuestro funcionamiento ordinario, nos será imposible implantar nuevas titulaciones vinculadas a las necesidades sociales y económicas del Archipiélago; ampliar las plazas en las titulaciones con una demanda elevada y corremos el riesgo de que la renta pese más que el talento porque no estamos promoviendo la igualdad de oportunidades de muchas familias canarias; será inviable renovar infraestructuras universitarias que acumulan décadas de actividad, etc”. En definitiva, concluyeron, “sin una financiación adecuada y estable no solo pierden las universidades, sino pierde Canarias”.
En la actualidad, las universidades públicas canarias reciben un 5% menos de financiación autonómica por estudiante con respecto al resto del Estado español. Sin embargo, la comunidad canaria dispone de una financiación por habitante superior al resto de España.
Lo rectores exigieron que en septiembre se retome “de manera urgente” las negociaciones con la Consejería. Desde las universidades se hará llegar al Ejecutivo canario las cuestiones que se consideran importante corregir en el documento de financiación plurianual presentado, “con el objetivo de que la promesa del Presidente Fernando Clavijo sea efectiva antes de final de año y contemos con unas universidades públicas que cumplan con las funciones sociales que la sociedad canaria espera de ellas”.
