El grupo de investigación de la Universidad de La Laguna “ReinvenTUR: renovación e innovación turística”, integrado por profesorado de áreas como Geografía, Economía, Sociología y Turismo, ha redactado un informe que analiza el Proyecto de Ley 8L/PL-0006 de Renovación y Modernización Turística de Canarias que está en fase de tramitación. En él se expone la existencia de una serie de debilidades que llevan a los expertos a concluir que se trata de un texto confuso que provoca inseguridad jurídica y, por ello, debe ser reformulado en su totalidad.
En sus conclusiones, el informe recalca la importancia estratégica del turismo para Canarias, por lo que es imprescindible actuar sobre las áreas turísticas maduras para mejorar su competitividad. Sin embargo, los especialistas no creen que el proyecto de ley sirva para ese propósito: “No se afronta el problema de fondo del sector turístico canario. Se continúa con la política de ‘parches’, improvisaciones, imprecisiones y soluciones de situaciones ilegales o anómalas, sin plantearse el futuro a medio y largo plazo”.
Sin embargo, el grupo ReinvenTUR considera que leyes sectoriales anteriores, como la 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias y la 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo, fueron más adecuadas, por lo que “debidamente ajustadas a los tiempos, podrían volver a ser la base para definición de un modelo turístico y la ordenación de este sector estratégico”.
Los investigadores han realizado este informe por iniciativa propia, sion que ningún partidio político ni institución pública o privada alguna lo haya solicitado. En palabras del coordinador del proyecto, el profesor del Departamento de Goegrafia Moisés Simancas, es fruto de una serie de discusiones y análisis desarrolladas en el seno del grupo, "sin obedecer a más línea que la derivada de la pluralidad ideológica y científica de sus miembros, como corresponde a un equipo pluridisciplinar universitario".
Consideraciones generales y específicas
Para llegar a sus conclusiones, los especialistas desglosan a lo largo de veinte páginas una serie de consideraciones generales y específicas sobre las medidas que propone el proyecto de ley. Entre las primeras, se señala que la norma es de notable complejidad jurídica y difícil aplicación práctica. Además, aborda el sector como un ente homogéneo, sin reconocer el hecho diferencial no sólo del comportamiento turístico de cada isla, sino de las ventajas de una posible oferta diferenciada.
El informe también critica que el texto legal utiliza como principal óptica de análisis del turismo la ordenación del territorio, lo cual es una visión excesivamente simplista puesto que, si bien es cierto que el elemento geográfico es fundamental, habría que tener en cuenta otras vertientes, “como la económica, social, de interrelación entre diversos tipos de empresas, con otros impactos, etc”.
Según los expertos, esta normativa complejiza aún más toda la legislación existente y se aleja “de la simplificación administrativa demandada de modo constante por la sociedad”. Lo más grave es que se ha desarrollado sin proponer un modelo turístico que fije unos objetivos que justifiquen la nueva norma.
Asimismo, el grupo de expertos defiende la intervención pública en el sector, dada su importancia estratégica para Canarias, pero a renglón seguido critica que la propuesta legal resulta excesivamente intervencionista. “La experiencia demuestra que estas aproximaciones tan normativas a la realidad económica acaban en diversas excepciones que favorecen a unos actores más que a otros, llegando, incluso, a darse procesos de “captura del regulador”, respondiendo, por tanto, a intereses particulares”.
En cuanto a las consideraciones específicas, el informe señala que la nueva ley favorecería el crecimiento ilimitado de la oferta alojativa que, a su vez, fomentará la nueva construcción antes que la renovación de los alojamiento existentes.
Sobre la moratoria turística, señala que esta se “ha eternizado”, por lo que propone una revisión periódica de los parámetros de evaluación utilizados, teniendo en cuenta indicadores como las circunstancias del mercado, las consideraciones territoriales, los recursos estratégicos y otros referidos a la sostenibilidad.
También se advierte de situaciones problemáticas, como el hecho de que la ley “abusa de la necesidad de desarrollo reglamentario, tanto es así que su aplicación hará preciso que se aprueben, como mínimo, nueve normas”, o que se empleen demasiados conceptos jurídicos indeterminados que se prestan a demasiado margen de interpretación por parte de los políticos y técnicos encargados de su aplicación.
Se aboga, igualmente, por desarrollar un mecanismo de financiación de las operaciones de renovación alojativa que no se limite a los incentivos contemplados vía incremento de plazas, edificabilidad y densidad. Es decir, abrir la posibilidad de reconvertir las actuaciones de renovación de las zonas turísticas degradadas en derechos a materializar nuevas plazas turísticas. De este modo, se garantizaría la posibilidad empresarial de desarrollar nuevos productos sin contradecir el “crecimiento cero” propuesto.
En suma, el informe critica el exceso intervencionismo público que emana de la ley propuesta, así como su previsible dificultad de aplicación y de interpretación por parte de los gestores del sector.
