El Aula Tomas y Valiente de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna acogió hoy lunes 20 de mayo el último debate de la iniciativa Pacto por Tenerife para Canarias, centrado en esta ocasión en la participación ciudadana. Así, todos los ponentes se mostraron claramente partidarios de la necesidad de empoderamiento del ciudadano, “que debe dejar al margen su papel de cliente o de usuario, para convertirse en protagonista de la acción”, dijeron.
El Pacto por Tenerife para Canarias es una iniciativa de la institución académica por abrir un foro de debate sobre cuestiones de máxima importancia para la sociedad y para los que se necesita el mayor consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad. Así, se ha debatido acerca de la economía, la educación y, en la tarde hoy, la ciudadanía.
Respuestas locales desde lo local
El profesor titular de Geografía Humana de la ULL Vicente Zapata fue el primero en abrir la sesión de debate. Experto en participación en barrios y en integración de población inmigrante, aseguró que “si no se da respuesta a lo local desde lo local posiblemente no seremos capaces de solucionar nada”.
Zapata se refirió a la necesidad de crear identidades colectivas. “Parece que debemos juntarnos colectivamente, saliendo de nuestros despachos, de nuestras empresas y de nuestras aulas, en los que nos hemos ‘bunquerizado’, construyendo actividades absolutamente corporativas e individuales”.
La participación social requiere que todos invirtamos en ella, sostuvo el experto, para quien en el caso de la participación de la ciudadanía en la Administración pasa por que “la Administración pierda los miedos a la colaboración y busque formas de participación de los ciudadanos”. La participación ciudadana tiene que estar en el organigrama institucional, defendió, adaptándose a los nuevos tiempos y racionalizando y modernizando los órganos consultivos, dotándoles incluso de alguna capacidad decisoria.
Para el ponente, “la participación ciudadana no debe ser un instrumento decorativo, sino de uso real. Hay que incorporar métodos de trabajo y conceptos que permitan mayor comunicación, con aspiraciones hacia la bidireccionalidad”. En su opinión, es pertinente “revisar primero el modelo de vida que protagonizamos y luego dar un paso hacia delante”.
El experto añadió que la gobernanza territorial implica una relación más dinámica con los actores. “Cada vez es más necesario articular la colaboración de la ciudadanía no organizada, de los individuos por sí solos. Por tanto, cada territorio debe configurar su modelo relacional, tanto desde la experiencia adquirida como desde sus posibilidades y capacidades”.
Protección estatal mínima para todos
Juana Dolores Santana, profesora de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna y directora del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, se cuestionó si el Estado de Bienestar existió alguna vez en España. “Nuestro país nunca ha estado en la media europea de protección y gasto social; siempre se ha encontrado algún punto por debajo, y continúa esta tendencia, si bien en subsidio al desempleo gastamos el doble de la media”.
Pese a la crisis, el nivel de gasto social de España ha ido aumentando, agregó la ponente, con un 29% del PIB en 2010. En cuanto a la pobreza, ésta se sitúa en un promedio de un 16% en el entorno de la UE, mientras que en el caso español alcanzó el 21% de la población española en el año de referencia, porcentaje que, en el caso de Canarias, llega hasta el 31%, ocupando así el segundo lugar del país con mayor tasa de pobreza, por detrás de Extremadura.
Según datos de esta profesora, cuya fuente proviene de un estudio en el que está trabajando, los datos de cómo afecta la crisis son mucho más negativos de lo que dice la Encuesta de Población Activa. De nuevo, y siguiendo el patrón español y mediterráneo, el familismo es la tabla de salvación para colectivos desfavorecidos. “Las familias forman su propio paraguas de protección” ante la ausencia del Estado.
“Estoy muy esperanzada en que se corrijan errores y desaciertos; ese es el lado bueno de la crisis”, apuntó la experta, quien presentó algunas propuestas para salir de esta situación. Para la docente, resulta necesario contar con un plan de servicios sociales –el que había en Canarias caducó hace años-, al tiempo que dotarnos de un marco normativo estatal que establezca cuáles son los derechos, servicios y prestaciones de carácter mínimo, en la idea de igualar en todo el Estado el sistema de rentas mínimas o básicas. “En España no hay una ley de mínimos, cada comunidad hace de su capa un sayo, creando así ciudadanos de primera categoría, segunda y tercera, como si no hubiera un Estado que los protegiera de forma integral en todo el territorio nacional”.
No somos clientes, somos ciudadanos
Seguidamente le tocó el turno a Luis Capote, profesor del departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la ULL y experto en legislación en vivienda, quien afirmó que existen alternativas a la ejecución hipotecaria en España. De hecho, varios jueces han anunciado que van a analizar caso por caso antes de proceder al desahucio. “Aprobar una ley no es la meta, es el punto de partida, luego hay que ver su aplicación”. A ello se añade que las normas nunca son neutrales, explicó, y que muchas vienen impulsadas por grupos de interés diversos.
A la hora de afrontar una solución al problema de la vivienda, hay que conseguir que las fuerzas políticas acepten nuevos planteamientos. “En esto no hay que actuar localmente, puesto que tenemos la responsabilidad y la necesidad de movernos en todos los niveles y varios escenarios a la vez”.
Para el jurista, es positivo abandonar la posición pasiva y dejar de actuar como clientes o consumidores, y volver a actuar como ciudadanos. “Démonos cuenta de que son las mismas leyes que estaban en la época de bonanza económica las que nos han puesto hoy bajo las cuerdas”.
“La legislación de vivienda ha estado más pensada desde el punto de vista especulativo e incentivar la compra, que en preocuparse por la protección de un derecho social”. Con todo, nuestra legislación en materia de hipoteca no ha sido mala, agregó, si bien es verdad que se plantea la necesidad de introducir cambios, a raíz de la situación que vivimos, “y para lo que esta legislación no estaba preparada”.
Recuperar la condición de ciudadanía implica que no demos un cheque en blanco cuando ejercemos el derecho al voto; “es nuestro deber fiscalizar la actividad de nuestros representantes”, añadió.
La frescura de los inicios democráticos
Cerró el debate el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere, Francisco Haro, quien se preguntó “en qué momento dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en usuarios”. En su opinión, tenemos que volver a la época inicial de la democracia, donde la frescura y el interés de la gente abría la posibilidad de múltiples formas de participación”.
El Estado de Bienestar nos ha convertido en polizones sociales, aseguró Haro, en el sentido de que exigimos todo a la Administración sin dar nada a cambio. Es preciso volver a dar a la ciudadanía lo que nunca debió perder: la cosa común es de todos, concluyó.
