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La ULL confía a la Agencia Tributaria Canaria la gestión recaudatoria de los impagos

miércoles 12 de noviembre de 2025 - 13:44 GMT+0000

De izquierda a derecha: la directora de la Agencia, Raquel Peligero; el rector, Francisco J. García; la consejera, Matilde Asián; y la gerenta, Lidia Saavedra.

La Universidad de La Laguna tiene la potestad de dictar providencias de apremio sobre los derechos económicos, pero en la práctica, como la mayoría de las administraciones, no cuenta con los medios técnicos ni con la sistemática para ejercer este derecho de manera efectiva en lo concerniente a la gestión recaudatoria en vía ejecutiva. Hoy 12 de noviembre se ha suscrito un convenio con la Agencia Tributaria Canaria para la prestación del servicio de gestión del cobro en estos casos.

El documento ha sido suscrito por el rector, Francisco García; la directora de la Agencia, Raquel Peligero; y la propia consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián. Así, el centro académico delega en esta entidad la gestión ejecutiva de los créditos públicos impagados de la Universidad de La Laguna, garantizando una mayor eficacia en la recaudación, reduciendo la morosidad y optimizando los recursos públicos universitarios.

Francisco García y Matilde AsiánEl convenio, promovido desde la Gerencia de la institución docente, indica que la Universidad de La Laguna deberá resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones en periodo voluntario de las deudas que han de recaudarse, expedir los títulos ejecutivos, su providencia de apremio y resolver los recursos e incidencias relacionadas, así como resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en periodo ejecutivo, así como acordar la declaración de créditos incobrables.

Por su parte, la Agencia se compromete, entre otros asuntos, a resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos de gestión recaudatoria, la ejecución de garantías, la adopción de medidas cautelares o proponer a la Universidad de La Laguna, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la Agencia así lo determine.

En todo caso, tanto el rector como la consejera de Hacienda sostuvieron que el centro académico ofrecerá todas las posibilidades de pago fraccionado que sean necesarias, pero que es un deber ser rigurosos con el dinero público y la ejecución de las deudas.


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