Un equipo de especialistas liderado por Ana Hernández Aceituno y Álvaro Torres Lana, vinculado a la Universidad de La Laguna y al Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, ha publicado un estudio que documenta el primer caso en dos décadas de una intoxicación por ciguatera vinculada a un pez de apenas dos kilogramos. La investigación, que analiza la evolución de esta toxina en el archipiélago entre 2008 y 2025, pone el foco en un brote ocurrido en junio de 2025 tras el consumo de una bicuda (Sphyraena viridensis) adquirida en un supermercado, una especie que, por su tamaño, no estaba sujeta a los controles de peso obligatorios actuales.
El hallazgo es calificado por los autores como un hito científico debido a que rompe con la norma biológica establecida de que la ciguatoxina solo se encuentra en niveles peligrosos en grandes depredadores. Según explica Torres Lana, la acumulación de la toxina funciona de forma similar a otros metales pesados en el ecosistema marino, ya que la sustancia se concentra a medida que se sube en la cadena trófica. En palabras del investigador, “la toxina se acumula, no se limpia. Es como el mercurio; a pez más grande, más mercurio, y a pez más grande, más toxina”. Por este motivo, detectar un nivel de toxicidad relevante en un ejemplar de tan solo dos kilos es un evento fuera de lo común que motivó la publicación del estudio, dado que, como señala el investigador, “lo que ha ocurrido es excepcional y de ahí el interés de la publicación, porque es algo que no es lo habitual”.
A pesar de la relevancia del descubrimiento, los investigadores han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población respecto a la seguridad de la cadena alimentaria en las islas. Torres Lana enfatiza que “se puede seguir confiando perfectamente en los sistemas que tenemos”, ya que la probabilidad de encontrar pescado con toxinas fuera de los controles habituales es extremadamente baja. De hecho, el experto sostiene que si la afectación en pescados pequeños fuera masiva, la incidencia de la intoxicación sería generalizada en la población, algo que las cifras de vigilancia desmienten categóricamente. Los protocolos actuales, que se revisan de forma continua, establecen controles obligatorios para especies específicas como el medregal o el mero, y el sistema permite que, si se detectan nuevos riesgos, se puedan añadir especies o bajar los pesos de control de manera dinámica.
La investigación también profundiza en los retos del diagnóstico clínico, señalando que la sintomatología de la ciguatera puede ser muy inespecífica y confundirse fácilmente con otras patologías comunes.
Hernández Aceituno destaca que los cuadros suelen comenzar con diarreas y vómitos, pero lo que realmente define a esta intoxicación es una sensación térmica alterada. Sobre este punto, los autores relatan que en el brote de 2025 uno de los afectados estuvo un mes acudiendo a distintos servicios médicos sin obtener un diagnóstico claro hasta que fue atendido por un especialista que reconoció los síntomas neurológicos característicos. Por ello, el estudio subraya la necesidad de formar a los facultativos de urgencias para que mantengan una alta sospecha clínica ante pacientes que presenten cuadros digestivos acompañados de parestesias o sensibilidad extraña a la temperatura tras ingerir pescado.
Este seguimiento exhaustivo es posible gracias a que Canarias se sitúa a la vanguardia internacional en la materia. El archipiélago es actualmente la única región de toda Europa que mantiene una vigilancia activa desde el punto de vista de la salud humana, lo que permite registrar y analizar cada brote con una precisión de la que carecen otras zonas. Torres Lana destaca esta posición de liderazgo al afirmar que “somos la única región de Europa que puede decir cuántos casos de ciguatera tiene porque los vigilamos y sabemos cuántos hay; otras regiones europeas no lo vigilan”. A lo largo del periodo analizado en el estudio, se han detectado un total de 28 brotes, de los cuales solo cuatro fueron causados por especies que no figuraban originalmente en el programa de control.
El trabajo de investigación es el resultado de un esfuerzo multidisciplinar coordinado entre el Servicio de Epidemiología y el de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Canarias, con la participación del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, encargado del análisis toxicológico de las muestras. Los autores, que compaginan su labor docente en la Universidad de La Laguna con su actividad en el ámbito de la medicina preventiva, insisten en que este proceso de actualización de los protocolos de pesca y seguridad es continuo y se alimenta directamente de los nuevos casos humanos que se van descubriendo y declarando.
