¿Cómo se determina qué poblaciones son más vulnerables a los impactos del cambio climático? Un nuevo estudio elaborado por personal investigador del grupo Postcrecimiento en entornos insulares (Pensares) de la Universidad de La Laguna examina las fortalezas y limitaciones de las metodologías utilizadas para planificar medidas de adaptación eficaces. Publicado en la revista científica Climate Risk Management bajo el título “Social vulnerability assessment for climate adaptation: a structured review of indicators, scales, and bias”, el trabajo presenta una revisión estructurada de los indicadores, escalas y posibles sesgos empleados para evaluar la vulnerabilidad social frente al cambio climático y diseñar estrategias de adaptación.
El cambio climático provoca impactos desiguales tanto a escala global como local, generando diferentes niveles de vulnerabilidad entre territorios y poblaciones. Estas diferencias responden a complejas interacciones entre los riesgos físicos, las condiciones socioeconómicas y la capacidad de adaptación de cada comunidad. Los autores destacan que la amplia diversidad de metodologías utilizadas para evaluar la vulnerabilidad social es un aspecto clave que debe considerarse al interpretar sus resultados. Y es que los enfoques de evaluación influyen en la identificación de las poblaciones más expuestas y en las decisiones sobre las políticas y medidas.
A través de esta revisión, los investigadores reunieron evidencia empírica relevante sobre la forma en que se construyen las métricas de vulnerabilidad social utilizadas en los estudios de adaptación climática. A partir de este análisis, identificaron cuatro patrones técnicos interrelacionados que condicionan la calidad y la utilidad de estas evaluaciones. El primero es el denominado muro de datos, que hace referencia a la fuerte dependencia de la información procedente de los censos.
El segundo es el sesgo residencial, que tiende a centrar los análisis exclusivamente en la población residente, dejando fuera a otros grupos que también pueden estar expuestos a los riesgos climáticos. El tercero es la brecha de rigor, asociada a la escasa validación sistemática de muchas de estas metodologías. Por último, el desajuste escalar describe la desconexión entre la resolución espacial de los análisis y la escala a la que se diseñan e implementan las intervenciones. Según los autores, estas limitaciones reducen la capacidad de las metodologías actuales para reflejar las vulnerabilidades reales de la población y comprometen la calidad de la información.
A partir de sus hallazgos, los investigadores plantean cuatro prioridades prácticas para mejorar las evaluaciones de vulnerabilidad social. La primera consiste en incorporar nuevas fuentes de información demográfica, como datos de telefonía móvil, estadísticas turísticas o registros de empleo. En segundo lugar, proponen institucionalizar los protocolos de validación, de modo que se conviertan en requisitos habituales tanto para la publicación de estudios científicos como para la concesión de financiación, con el objetivo de reforzar el rigor metodológico de estas evaluaciones.
La tercera recomendación pasa por desarrollar marcos de análisis multiescalares para conectar mejor los resultados de las evaluaciones con las medidas de adaptación que deben aplicarse en cada territorio. Por último, los autores defienden que las metodologías de evaluación comuniquen de forma explícita los niveles de incertidumbre asociados a sus datos y resultados.
Los investigadores advierten de que la aceleración de los efectos del cambio climático hace cada vez más urgente mejorar las metodologías empleadas para evaluar la vulnerabilidad de las poblaciones. Según señalan, las limitaciones de estas herramientas pueden afectar tanto a la eficacia de la gestión de los riesgos climáticos como a la asignación de recursos destinados a medidas de adaptación.
En este contexto, esta revisión estructurada proporciona un marco de diagnóstico que conecta los avances metodológicos con las necesidades prácticas de la adaptación al cambio climático. Además, aporta una base empírica para mejorar la evaluación de la vulnerabilidad social y favorecer una gestión del riesgo climático más precisa, capaz de ofrecer información útil y relevante para la toma de decisiones.
La publicación de este estudio se suma a otros avances impulsados por Pensares, dirigido por el catedrático Serafín Corral. Entre sus últimos proyectos figura un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollar el primer visor de vulnerabilidades socioeconómicas, demográficas y ambientales de Canarias con resolución municipal, sección censal, e incluso menor, basado en escenarios climáticos futuros.
Esta iniciativa quiere proporcionar una herramienta para la identificación de los territorios y colectivos más expuestos a los efectos del cambio climático, y permitirá analizar dónde se concentrarán las poblaciones más envejecidas, los hogares con mayor vulnerabilidad socioeconómica o las zonas con mayores desigualdades. Este visor está en desarrollo y estará disponible para su consulta pública
