Los rectores de las dos universidades públicas canarias han remitido a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias sus principales quejas y alegaciones a la propuesta de financiación plurianual presentada por el ejecutivo regional tras un año de espera, el pasado 28 de julio de 2026.
Entre las cuestiones más relevantes, los rectores Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) reiteran que la propuesta económica del Gobierno vuelve a evidenciar una infrafinanciación de las dos universidades públicas del Archipiélago, cuyo presupuesto “no ha crecido en 2026 y ejercicios anteriores lo suficiente como para cubrir, al menos, el incremento de los gastos estructurales; esto es, el costo del personal, de suministros y servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras”.
Desde agosto de 2025, los equipos de gerencia de las dos universidades públicas, tras varias reuniones técnicas con la consejería, habían remitido “informes detallados en los que describían una pérdida de unos 25 millones de euros en el período 2022-2026” para afrontar sus gastos estructurales. Concretamente, para el año 2027, las dos universidades públicas requieren aproximadamente 290,4 millones para garantizar su sostenimiento, y, sin embargo, la Consejería, en su propuesta financiera plurianual, sólo contempla 286,9 millones de euros, por lo que sólo para el próximo año se estima un desfase de 3,5 millones de euros. Si a ello se añade el incremento retributivo que exige la ley, acordado por el Estado y los sindicatos, “este desfase se incrementaría en 11 millones de euros más, lo que supone un total de 15 millones”.
En el documento remitido a la consejera Migdalia Machín se recuerda que “las universidades comunicaron estos impactos de incrementos retributivos de 2025 y 2026 desde febrero de este año 2026, por lo que no entendemos que se configure una propuesta de instrumento financiero que no incorpore, al menos, estos costes, que vienen determinados por la normativa estatal”, y que, como resultado, ambas universidades han calculado que la financiación total para afrontar sus gastos estructurales en 2027 es de 307.780.422 euros.
Entre otras observaciones, los rectores también han hecho especial mención a la necesidad de reducir la dependencia de las universidades de la comunidad autónoma en materia financiera, expresada por la consejera tras la presentación de su propuesta de financiación plurianual. Los rectores recuerdan a la consejera que “la principal alternativa para reducir esta dependencia consiste en la elevación de los precios públicos de las enseñanzas, siendo esta una competencia del Gobierno de Canarias”, afirman.
En su escrito, sin embargo, los rectores también destacan que, al margen de la financiación autonómica, ambas universidades han demostrado una notable capacidad de captar recursos en convocatorias científicas competitivas estatales y europeas, así como en actividades de transferencia de conocimiento. Sin embargo, esta financiación no puede ser dedicada a los gastos estructurales de las instituciones, puesto que deben invertirse en los proyectos de investigación y cooperación que se aprobaron y deben desarrollarse a lo largo de varios años.
Por último, las dos universidades han mostrado su sorpresa por la introducción de penalizaciones en la propuesta del Gobierno canario, que pueden llegar hasta el 3,5% de la financiación básica, así como la abundancia de límites, reglas, auditorías e informes que se exigen. Todo ello cuando, “año tras año, cumplimos con el mandato de equilibrio presupuestario que nos impone la ley autonómica, las cuentas anuales y los informes de auditoría” que se deben realizar de manera periódica
Con este documento de alegaciones, los rectores finalmente expresan a la consejera “su plena disposición al diálogo y análisis ampliado, realizando un detalle pormenorizado” de cada aspecto descrito en estas consideraciones.
