Justificación del título

La justificación del título ofertado se aprecia rápidamente dada la necesidad de formación específica existente en un campo que se encuentra en pleno desarrollo y que está dando lugar a numerosos problemas en la práctica. A día de hoy, la Ley hipotecaria, con origen en 1861, contempla únicamente la descripción literaria de los inmuebles que acceden al Registro de la propiedad, circunstancia que ha venido ocasionando innumerables dificultades, en particular las relativas a la doble inmatriculación, los excesos de cabida y la imposibilidad de deslindar las fincas colindantes con base en las inscripciones registrales. Sin embargo, la aparición y la rápida penetración en todos los ámbitos de la vida de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) ha dado lugar a que, desde finales de los años noventa del pasado siglo, muchos Registradores de la propiedad hayan comenzado a “traducir” gráficamente las fincas registrales, facilitando así su identificación no solo a sus propietarios sino, también, a los terceros interesados en las mismas. A lo expuesto debe añadirse que a esa inicial función, limitada a la representación gráfica de los inmuebles inscritos en el Registro, se le añadió poco después la de servir de soporte para asociar a la finca aquella información territorial especialmente relevante para el dueño y los terceros, información con un claro componente medioambiental, urbanístico o administrativo. Se inició así un proceso de asociación a la descripción gráfica de la finca de aquella información medioambiental, urbanística o administrativamente relevante (tal como, por ejemplo, la existencia de infracciones urbanísticas o medioambientales, la inclusión de la finca en espacios protegidos, o la afección al cumplimiento de determinadas obligaciones de tipo ambiental), lo que ha permitido al Registrador de la propiedad expedir, junto a la descripción gráfica de la finca registral, un informe sobre la información territorial jurídicamente relevante de esa finca, lo que supone un considerable ahorro de tiempo y recursos para el ciudadano. A lo largo de estos años se ha ido poniendo de manifiesto, también, la necesidad de informar acerca del estado de coordinación de la finca registral con la parcela catastral, lo que ha dado lugar a importantes modificaciones de la legislación reguladora de las relaciones Registro-Catastro, que está a punto de culminar en una reforma de la Ley hipotecaria, que ya está en fase de proyecto de ley (aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de junio de 2014).