El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna aprobó en su última sesión de 19 de diciembre una modificación de la normativa por la que se rigen los estudios de tercer ciclo, con el objeto de acortar el tiempo de desarrollo de las fases docente e investigadora a dos años, en lugar de los tres actuales, y de reducir los trámites burocráticos de todo el proceso al efectuar una matrícula real en la fase investigadora, lo que hasta ahora no se producía. Esta modificación, que se hará efectiva en los programas que se inicien en 2004, fue aprobada por 23 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
La presidenta de la Comisión de Doctorado, Carmina del Arco, explicó a los miembros del órgano colegiado que hace tres años la entonces Junta de Gobierno ratificó una modificación general de la normativa, debido a la puesta en marcha del real decreto de 1998 que producía cambios importantes en el tercer ciclo y el doctorado. Después de cuatro años, procede ahora una nueva revisión, producto de «una importante reflexión de los departamentos y de la propia comisión», alegó.
La publicación del real decreto hizo obligatorio que los alumnos que realizaran estos estudios tuvieran que desarrollar una fase investigadora que, hasta ese momento, era voluntaria. Además, tampoco se fijaba expresamente la duración de estos estudios que, con la entrada de la normativa del 98, quedó determinada en tres años, aunque se tratara en realidad de bienios, ya que un alumno podía desarrollar esa docencia durante los tres cursos, en el primero de los cuales tendría que cursar veinte créditos de docencia y después desarrollar la investigación, de doce créditos, en los otros dos.
La evaluación efectuada en estos cuatro años ha llevado a la conclusión de que la programación en tres años resulta perjudicial, ya que se alarga demasiado su desarrollo -de hecho, añadió, otras universidades con igual fórmula han cambiado ya de parecer-, y, además, se ha observado que los alumnos realizan en el primer año veinte créditos docentes con notas muy satisfactorias y, sin embargo, luego se produce una quiebra en el desarrollo de los doce créditos de investigación, con tan sólo un 52% de alumnos que lo superan.
A juicio de la Comisión de Doctorado, este hecho se debe a una enorme laxitud en la fase investigadora, al considerar que hay mayor tiempo para la obtención de esos créditos, tanto por los alumnos como por el profesorado tutor que no exige el rendimiento adecuado para la superación del curso, explicó la presidenta de la Comisión de Doctorado. «Resulta contradictorio que los alumnos superen los veinte créditos de docencia con nota de sobresaliente y no logren alcanzar la fase de investigación», añadió. Este hecho conlleva además que el acceso al Diploma de Estudios Avanzados (DEA) se retrase considerablemente.
Por todo ello, se propuso una reducción a dos años del tiempo de desarrollo de las fases docente e investigadora. «Esto redundará en una universidad más competitiva en cuanto a la oferta de cursos y a la adquisición de herramientas de aprendizaje del método investigador», aseveró Carmina del Arco, quien además recalcó que esta fórmula acerca a la universidad al nuevo diseño de los estudios de postgrado que conllevará la reforma europea.
La otra parte de la modificación contempla que, al igual que en la fase docente se lleva a cabo un periodo de matrícula efectivo, éste tenga su equivalencia en la fase investigadora, de tal manera que a partir del próximo curso el alumno abonará los doce créditos en cuanto se matricule.
Al contar con una matrícula real podrán expedirse actas, y, también, éstas se cumplimentarán en los departamentos, como sucede de hecho en la fase docente, sin que tengan de nuevo que pasar por la Comisión de Doctorado. Con este cambio se implicará en mayor grado a los departamentos en la evaluación de los trabajos del estudiante, concluyó la responsable.
