Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia, participó hoy, viernes 16 de enero de 2009, en los actos que se han celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de los estudios legales. El ponente expuso las principales reformas judiciales que el ejecutivo estatal pretende abordar durante la presente legislatura. En ellas, afirmó que se tendrá en cuenta la doble dimensión de la justicia: “No es sólo un sistema de valores para regir la convivencia de acuerdo a las normas del derecho, sino un sistema de prestaciones que integran un servicio público”.
Durante el acto, también se impuso al catedrático emérito de Derecho Procesal de la ULL Manuel Morón Palomino, la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort con distinción de primera clase. Esta condecoración del Ministerio de Justicia premia a una carrera dedicada a la justicia, y fue concedida tras haberlo solicitado la Facultad de Derecho de la ULL el pasado mes de noviembre de 2008. Asimismo, en la ceremonia también se hizo un reconocimiento al profesor emérito de Economía Política Carlos Legna.
Reforma de la justicia
Julio Pérez inició su intervención recordando el compromiso que el presidente del Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, hizo durante su segunda investidura, cuando afirmó que la presente legislatura sería la de la reforma de la justicia. En este punto, reflexionó que el estado de dicha institución no es tan caótico como se suele escuchar, aunque dista de cumplir las expectativas de eficacia que esperan los ciudadanos.
Por ello, su ponencia estuvo dedicada a presentar las principales reformas que se quieren lleva a cabo en estos tres años que restan. La palabra clave del proceso es “modernización”. Pérez recalcó que prueba del compromiso estatal con esta reforma es que se le ha otorgado una financiación adecuada, que para 2009 asciende a 1.619 millones de euros y supone un aumento neto del 10% respecto al anterior ejercicio.
Esta modernización abarcaría todos los ámbitos. En primer lugar, el electrónico, pues se pretende informatizar la administración y hacer un uso extensivo e intensivo de las nuevas tecnologías. Indicó a ese respecto que el juicio del 11M fue un perfecto ejemplo de cómo estas nuevas herramientas se podían incorporar al día a día judicial sin grandes trastornos, aunque reconoció su alto coste económico.
El secretario de Estado señaló como principales acciones en este campo: la digitalización de los folios, el uso de las comunicaciones telemáticas, lograr un plan que haga compatibles todos los sistemas informáticos existentes en las diferentes administraciones de justicia de las comunidades autónomas, informatizar los registros y crear aplicaciones de gestión procesal, entre otras.
También habló de una optimización de los recursos humanos, para separar bien el trabajo de los profesionales con funciones judiciales (jueces, abogados) del de aquellos con tareas de índole administrativa y de gestión, de modo que cada colectivo se centre exclusivamente en su área. Pérez habló de atribuir más competencias a los Secretarios Judiciales, una figura que, en su opinión, ha sido muy desaprovechada.
Otro aspecto que se deben cambiar son los propios procedimientos, trámites y demás actividades necesarias para hacer funcionar la administración de justicia. En ese caso, señaló como ejemplo que el próximo febrero se discutirá en el Parlamento un proyecto de ley que, de aprobarse, supondría la modificación de un millar de normas procesales. También habló de establecer demarcaciones administrativas, para adaptar el mapa judicial de España a la realidad social y demográfica.
Recalcó igualmente la necesidad de desjudicializar la actividad no jurisdiccional. Para ello se propondrá una ley de procedimientos sin contienda, con la que se pretende implantar las medidas de mediación y conciliación que ya funcionan con éxito en otros países, y ayudan a aligerar los tribunales. Para Pérez, las experiencias que se han dado en la jurisdicción laboral y de menores permiten ser optimistas en este punto.
El ponente señaló el registro civil como otro de los elementos que se van a reformar y fue muy gráfico para describirlo: “Queremos pasar del ‘vuelva usted mañana’ al no hace falta que venga usted al registro’”.
