El portavoz del Grupo Mixto y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, presentará una enmienda para mejorar el déficit de las universidades públicas de las islas y garantizar su solvencia en el ejercicio de 2023. “Ante el incremento de las retribuciones de los empleados públicos para compensar la inflación contemplados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las universidades canarias necesariamente elevarán sus gastos. Gastos que solo podrán hacer frente con apoyo del Gobierno regional”, apunta.
Un problema que, explica Fernández de la Puente, le ha sido trasladado por los rectores de las dos universidades, Rosa María Aguilar, de la Universidad de La Laguna, y Lluis Serra Majem, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente. A los incrementos asociados a las retribuciones del personal y el aumento de la seguridad social a cargo del empleador, se suma el consumo energético, encarecido con la actual situación de precios. Esto ha provocado que los gastos de la ULL aumenten hasta los 8,7 millones de euros, mientras que los de la ULPGC se eleven hasta los 8,89 millones.
Ante esta situación, el diputado de Cs en el Parlamento de Canarias solicita al Ejecutivo autonómico incrementar en 6 millones de euros la dotación presupuestaria para la financiación de las universidades públicas de las islas: tres millones serían para la ULL y otros tres millones para la ULPGC. Asimismo, Fernández de la Puente recuerda que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2023, en su Artículo 30.3, se establece que los costes máximos de personal de las universidades incrementarán en el mismo porcentaje que la normativa del Estado.
“Estos gastos se escapan al control de la administración de las diferentes universidades. Por lo tanto, no se trata de medidas discrecionales”, apunta. El diputado añade que estas cantidades también se consolidan en el Capítulo I de ambas universidades. “Por tanto, deben ser tenidas en cuenta en las transferencias previstas por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería
de Educación dentro del concepto de gastos de funcionamiento”, sentencia.
