¿Tienes pareja?, ¿Estás casada?, ¿Piensas tener hijos? o ¿Planeas quedarte embarazada en un futuro próximo? son algunas preguntas recurrentes hasta el hartazgo que, a pesar de considerarse ilegales ─tal y como se refleja en el artículo 14 de la Constitución y en el 16 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social─ siguen anidando en las entrevistas de trabajo que muchas mujeres deben seguir enfrentando en pleno siglo XXI.
Porque a pesar de que la ley española explica con claridad meridiana que solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección que se consideren discriminatorios en el acceso al empleo conlleva una sanción muy grave, las denuncias al respecto siguen siendo bastante escasas, por no decir poco significativas. El miedo a perder o no conseguir el puesto de trabajo equilibra la balanza hacia una situación por la que en pocas ocasiones pasan los hombres. El cuidado de los hijos o la conciliación familiar parecen estar irremediablemente ligados a la condición femenina, incluso en plena senda hacia la igualdad de la mujer.
Una igualdad respecto a la que Dulce Cairós Barreto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna y profesora del Departamento de Derecho Público y Privado, y Derecho de la Empresa, considera que se ha avanzado “muchísimo”. “Solamente hay que pensar en los años 70 y 80 en España. Es que han pasado 40 años y hemos avanzado un montón. En los últimos años, el avance ha sido muy notable, sobre todo en el ámbito normativo, y en el jurisprudencial, pero no tanto en el social”.
“Es importante la norma, que está muy avanzada, y la interpretación jurisprudencial, pero también es muy importante la educación y la costumbre. Estoy hablando de una cuestión no de ley, no de interpretación judicial, sino de desarrollo social. Sí, las cosas han cambiado muchísimo en Occidente, y específicamente en Europa, pero no nos veo tan evolucionados porque sigue habiendo muchísimo sesgo de género”.
Dulce Cairós Barreto.
Y un ejemplo de ese sesgo que perdura como una pesada losa es la contratación a tiempo parcial, algo que, según Cairós, sorprende bastante al alumnado de Derecho del Trabajo, cuando se aborda en las clases como un contrato que fomenta la desigualdad. “El contrato a tiempo parcial se ha convertido en un contrato eminentemente femenino que favorece la brecha salarial porque la mayor parte de las personas que ocupan este tipo de puestos de trabajo son mujeres”.
Y los datos así lo corroboran. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 2,8 millones de ocupados que trabajaban a jornada parcial en el segundo trimestre de 2023, el 73% eran mujeres y solo el 27% hombres. El principal motivo por el que este hecho se ha convertido en una realidad de peso es no haber conseguido un trabajo a jornada completa y asumir el cuidado de menores, personas adultas enfermas y con discapacidad.
“Es un hecho que las mujeres hacen más trabajo a tiempo parcial y, por tanto, más trabajo menos cualificado y retribuido. También es un hecho que las mujeres no están tan disponibles. Eso es lo que tenemos que erradicar, lo que tenemos que atacar. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es acabar con esos complementos retributivos, al que abordamos con mucho detenimiento en todas las materias. En este sentido, estamos revisando los sistemas de clasificación profesional, de definición y atribución de complementos retributivos” comenta la experta.
Para la experta es incuestionable preguntarse quién ocupa los puestos a tiempo parcial y quién pide y disfruta de los derechos de conciliación familiar, “que son siempre derechos de recorte de tiempo de trabajo y, por tanto, de recorte salarial”, para llegar a una única respuesta: las mujeres. Por este motivo, considera primordial intentar convertir los derechos de conciliación en “derechos que no ahonden en la posición secundaria o aislada de la mujer en el mercado de trabajo”, algo que también sucede con el teletrabajo, “una medida de conciliación que nosotros decimos que no lo es”.
De hecho, es una medida que “dificulta la conciliación, la corresponsabilidad, y ha ahondado más en la discriminación, porque las tareas domésticas las sigue asumiendo la mujer; quien teletrabaja es la mujer, con lo que aumenta exponencialmente su tiempo de trabajo y se acrecienta la brecha salarial”. Y es que a pesar de que los derechos de conciliación están reconocidos en las normas laborales y funcionariales, Cairós no duda en asegurar que “fomentan la desigualdad” y no evitan que la mujer continúe asumiendo cargas.
El peso de la discriminación histórica
Esa carga de discriminación histórica, ese rol de cuidadora y de estar “siempre en un segundo plano, cuidando”, y unos pasos por detrás del hombre, es un proceso que Elena Sánchez Jordán, catedrática de Derecho Civil, profesora de la Universidad de La Laguna y primera canaria en convertirse en vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, conoce en profundidad a través del Código Civil.
La legislación anterior a 1975 recogía que la obligación de la mujer, al casarse, consistía en seguir al marido, obedecerlo y guardarle fidelidad. Si el marido cambiaba de domicilio, la mujer tenía que seguirlo a su nueva vivienda, si tenía una nacionalidad, la mujer debía tener la misma. La mujer era un ser sujeto a su esposo y no tenía capacidad de obrar. Si una mujer quería vender una propiedad, era su cónyuge el que tenía que autorizarlo. “Una cosa de locos que, cuando la explicas en clase, al alumnado, y ves cómo reacciona, te das verdadera cuenta de lo que hemos avanzado en estos años”, comenta Jordán, no sin trasladar ese sentido de carga histórica a su propia casa, la Universidad de La Laguna.
La razón por la que para esta jurista ahora hay más mujeres decanas y directoras de departamento en la universidad es porque a los hombres ya no les interesan esos puestos, desprovistos de gran parte del poder que tenían hace unos años. “Ahora los papeles de los decanos han quedado reducidos a una mera labor de gestores administrativos, y ha sido entonces cuando han empezado aflorar las mujeres decanas, porque antes, prácticamente, no había. Y un ejemplo es lo que ha pasado en la Facultad de Derecho en los últimos años. Lo que hay son decanas y directoras de departamento, decanos, poquitos”.
Elena Sánchez Jordán.
Aunque ya hace más de un siglo que la Real Orden de 8 de marzo de 1910 autorizó el acceso oficial de las mujeres a la universidad en España, aún queda un largo camino por recorrer. Los últimos datos aportados por la Fundación CYD respecto a la presencia de mujeres a los cuatro años de graduarse (egresados de 2017/2018) evidencia que la presencia femenina sigue siendo muy minoritaria en las ingenierías (18,3%) e informática (12%) y que perciben un salario menor al del hombre en casi todas las carreras.
Si bien es un hecho que las profesoras de universidad han ido ganando terreno en nuestro país en los últimos años, hasta crecer un 26,4% en poco más de una década, lo cierto es que la presencia femenina en las categorías más altas sigue siendo del todo insuficiente. Y las cifras de la Universidad de La Laguna hablan por sí solas. De las 1.625 personas que conforman la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI), 182 ocupan una cátedra, y de esta cantidad, 130 son hombres y 52, mujeres. Una clara y notoria desventaja que no hace más que corroborar que la posición de la mujer en los altos puestos de la carrera académica sigue estando diezmada.
“El mundo académico es muy machista, aunque haya ya un importante nivel de mujeres iniciando la profesión, incluso culminando la carrera académica, la relación de ‘tijera’ es evidente. Hay igualdad al principio de la carrera académica, pero a medida que avanzas en los años y en la progresión, esa tijera se abre más. Están los catedráticos, los directores y las que han llegado a catedráticas, pocas, no son decanas, no son directoras, no son rectoras, no son responsables de nada”, comenta Dulce Cairós, sin olvidar mencionar los méritos académicos que dejan de acumular las mujeres profesoras durante la baja de maternidad y el tiempo dedicado a la crianza. Un auténtico lastre que ralentiza el ascenso a las categorías top.
Avances en violencia de género
Pese a las ‘cortapisas’ del mundo académico en la escalada de puestos por parte de las mujeres, Ruth Martinón Quintero, profesora contratada doctora de Derecho Internacional Público y Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna reconoce que no creció siendo una mujer feminista porque en su familia nunca tuvo problemas en ese sentido, pero, sin lugar a dudas, la violencia de género, y en especial la violencia vicaria, ha supuesto un punto de inflexión en su mirada feminista, una especie de palanca de cambio que la ha llevado a intentar comprender por qué se sigue produciendo la violencia contra la mujer.
Tras meterse de lleno en la “suma de discriminaciones” al abordar en un capítulo de libro un problema de vulnerabilidad y de intersección de mujeres ─como es el estudio de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la condición de mujer, la condición de indígena y de pobreza─, se adentró en el caso de Ángela González Carreño, la madre de una niña asesinada en 2003 a manos de su progenitor, “a la que el sistema judicial y los servicios sociales españoles que vigilaban las reuniones entre padre e hija no fueron capaces de detectar que su vida corría peligro”.
Ruth Martinón Quintero.
“Se trata de un caso muy importante de la afectación del derecho internacional al derecho español, un caso muy mediático y famoso que está detrás de una ley orgánica española contra la violencia en la infancia, pero referido sobre todo a la violencia vicaria, algo terrorífico y, desde mi punto de vista, el caso más extremo de violencia”.
Según la experta, algo muy significativo es que ahora se contempla la violencia de género en lo que respecta a los aspectos civiles referidos a la familia, como el divorcio y la custodia de los menores, cosa que antes no pasaba. “¿Cómo no vas a tener en cuenta, a la hora de los derechos del padre, lo que está sufriendo el niño en su casa? Ese sin duda, ha sido un gran avance. Se ha avanzado mucho en la legislación gracias a tirones de orejas desde el ámbito internacional, principalmente”.
En este aspecto coinciden Jordán y Martinón. El avance de España en la legislación sobre la violencia de género ha sido notable y se toma como ejemplo en otros países, todo un referente para el alumnado de la Facultad de Derecho, donde siempre se ha tenido muy presente la posición del trabajo femenino y de la mujer en la universidad. Para la decana, es crucial no permitir que fechas como el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pasen desapercibidas.
Por eso este año, la facultad ha impulsado una serie de actividades que finalizan el próximo 24 de marzo con el seminario ‘Orden de género y constitucionalismo: propuestas de reconstrucción paritaria’, que se desarrollará en la Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales, a cargo de Ruth Rubio Marín, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, ambos autores del libro El orden de género en la Constitución Española. Este tipo de programaciones, que se organizan cada año, complementan las líneas de la “investigación intensa” que se abordan en áreas como Derecho del Trabajo.
Actividades en el Día Internacional de las Mujeres
“En la Facultad de Derecho sí nos preocupamos por la mujer y por la situación de la mujer, porque académicamente eso forma parte de nuestros planes de estudio y porque las regulaciones jurídicas que conseguimos, que se van instituyendo y que van haciendo avanzar y consolidar el derecho de igualdad, se deben seguir analizando con perspectiva crítica, porque quizás estén dando unas consecuencias contrarias al fundamento y al objeto de la regulación” comenta Cairós.
Entre esas regulaciones jurídicas y situaciones que afectan a la mujer se encuentra el papel que ha desempeñado siempre en el cuidado, un trabajo y rol eminentemente femenino, “absolutamente colonizado por las mujeres”, que según la experta en Derecho del Trabajo es una cuestión casi omnipresente en tertulias periodísticas y programas de máxima audiencia. Y lejos del ámbito social, que también es importante, se trata de un problema que hay que resolver jurídicamente. “Que el trabajo de cuidados no sea regulado, no esté reconocido, fomenta también las brechas, las brechas salariales y las brechas laborales, es una brecha importante que se va manifestando a lo largo de la vida de una mujer”.
“Esta situación genera una brecha cuando la mujer llega al momento de la jubilación. Hay un montón de mujeres pobres en el sentido económico del término, es decir que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque son mujeres que han estado mucho tiempo apartadas del mercado laboral y no han cotizado. En este sentido, hay una brecha en materia de seguridad social gravísima en perjuicio de las mujeres”.
Otro de los escenarios en los que en ocasiones se ven perjudicadas las mujeres y los niños es la custodia compartida, porque desaparece, por definición la pensión de alimentos en favor de los hijos. Y en algunos casos, tal y como apunta Dulce Cairós, implica también no hacerse cargo de los hijos. “Porque el fundamento de la guardia y custodia compartida no es que te cuide los hijos tu madre o tu padre, si tú eres hombre, porque lo que se reivindica es el derecho del menor a tener la presencia de su padre, y a crecer y a vivir con él y a recibir la influencia paterna y el referente masculino”.
A pesar de que, civilmente, una mujer no es diferente a un hombre porque lo prohíbe la Constitución y el Código Civil, tanto Cairós como Sánchez y Martinón coinciden en que, pese a los pasos dados, persisten situaciones en las que las mujeres siguen estando en franca desventaja frente a los hombres. “Las tres nos hemos visto en situaciones en las que la respuesta que se nos ha dado no habría sido la misma si hubiéramos sido hombres”.
Profesionales del derecho
Estas tres profesionales del derecho, de avalada y meritoria carrera académica, coinciden en que continúan asistiendo a importantes congresos y reuniones de investigación o trabajo relacionadas con el ámbito jurídico donde hay un comportamiento que se repite. A ellos, a los juristas, se les llama por el apellido, a ellas, las juristas, por el nombre de pila. “Ahí hay un pozo profundo, algo muy paternalista. Igual ella es catedrática y él no, pero a él se le trata de Don porque posiblemente sea mayor que ella o fue catedrático antes que ella”, comenta Sánchez Jordán.
Las tres coindicen en el hecho de que quizás a la hora de exponer una opinión, a la mujer le produce un mayor reparo hacerlo, igual que liderar una discusión o una toma de decisiones, a pesar de lo preparada que esté o los méritos que tenga. “Las mujeres opinamos un poco más tarde, siempre, y esto es una cuestión de educación, de haber estado siempre en un segundo plano, de carga histórica que aún queda”, comentan.
Esa carga histórica puede que sea la responsable de una cierta inseguridad frente al hombre, incluso para participar en asuntos sobre los que podemos certificar que saben menos que nosotras, pero ellos tienen una seguridad mucho mayor para moverse. Creo que nosotras, las mujeres, sentimos que siempre se nos van a enjuiciar, a juzgar, de alguna manera, explica Ruth Martinón.
Estas situaciones heredadas se unen a tantas otras que las mujeres han de continuar enfrentando: barreras que limitan su desarrollo en distintos ámbitos de la vida. La brecha salarial, la escasa representación en puestos de liderazgo, la violencia de género, la gestación subrogada o la sobrecarga de responsabilidades domésticas son solo algunos de los desafíos que persisten. Porque aunque se han logrado avances significativos, la erradicación de las desigualdades sigue siendo una meta pendiente que requiere del compromiso de toda la sociedad.
Gabinete de Comunicación
