El presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, Francisco Almeida, aplaude la reciente Proposición No de Ley aprobada en el Parlamento de Canarias, orientada a impulsar un acuerdo institucional que permita avanzar en el cumplimiento del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece como objetivo alcanzar progresivamente una inversión pública en educación universitaria equivalente, como mínimo, al 1 % del Producto Interior Bruto antes del año 2030.
Almeida destacó que la iniciativa parte del reconocimiento de las universidades públicas como infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico, científico, tecnológico, social y cultural de Canarias, poniendo en valor su contribución a la formación de talento, la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Asimismo, precisa que considera que alcanzar los objetivos fijados por la LOSU requiere una planificación financiera coordinada entre las distintas administraciones públicas y un compromiso compartido que garantice la sostenibilidad del sistema universitario.
La iniciativa reafirma el compromiso de Canarias con el cumplimiento progresivo del artículo 55 de la LOSU, que fija como objetivo alcanzar una inversión pública en educación universitaria equivalente, como mínimo, al 1 % del PIB antes del año 2030. Para ello, plantea avanzar desde el reconocimiento legal de este objetivo hacia una hoja de ruta que permita hacerlo efectivo mediante la cooperación entre las distintas administraciones públicas.
Modelo estable y plurianual
Almeida indicó que uno de los principales ejes de la Proposición No de Ley es continuar impulsando, junto con las universidades públicas canarias y sus consejos sociales, un modelo de financiación universitaria plurianual, suficiente y estable, orientado a reforzar la calidad docente e investigadora, la transferencia de conocimiento, la innovación, la internacionalización, la empleabilidad y la cohesión territorial y social de Canarias, con el objetivo de que pueda alcanzar su plena operatividad a partir del ejercicio 2027.
Asimismo, el texto plantea reclamar al Gobierno de España la reactivación de la comisión de trabajo creada para el análisis y desarrollo del artículo 55 de la LOSU, con la participación de las comunidades autónomas, las universidades y los consejos sociales universitarios. El objetivo es definir una hoja de ruta clara y compartida que concrete los criterios metodológicos, financieros y temporales necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de este compromiso desde un principio de corresponsabilidad institucional y financiera.
El presidente del Consejo Social de la ULL indica que la iniciativa considera que el esfuerzo financiero necesario para alcanzar el objetivo previsto en la LOSU debe ser compartido entre las distintas administraciones públicas. Por ello, insta al Gobierno de España a asumir una participación activa y corresponsable en la financiación necesaria para su cumplimiento, evitando que dicho esfuerzo recaiga exclusivamente sobre las comunidades autónomas.
La Proposición No de Ley defiende que el debate sobre la financiación universitaria y sobre el sistema de financiación autonómica tenga en cuenta las singularidades derivadas de la condición ultraperiférica, insular y fragmentada de Canarias, así como los sobrecostes estructurales asociados al mantenimiento de los servicios públicos universitarios en el archipiélago.
Gran acuerdo
La iniciativa también propone promover un gran acuerdo institucional y social en favor de las universidades públicas canarias, fomentando la implicación de las administraciones públicas, los agentes económicos y sociales y las entidades representativas de la sociedad civil, con el objetivo de reforzar el papel de la universidad como motor del desarrollo económico, científico y social de Canarias.
Finalmente, el texto aprobado acuerda dar traslado de esta iniciativa al Gobierno de España, a las universidades públicas canarias, a sus consejos sociales, a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y a la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.
Para el Consejo Social de la Universidad de La Laguna, la financiación universitaria constituye una de sus principales líneas de trabajo institucional. En los últimos meses, el Consejo Social ha trasladado a distintas administraciones públicas la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación estable, suficiente y plurianual que permita reforzar la planificación, la sostenibilidad y la capacidad de las universidades públicas para seguir respondiendo a las necesidades de la sociedad.
