El Consejo Social de la Universidad de La Lagua ha presentado en su sesión de hoy, jueves 21 de mayo, los resultados de Barómetro del Personal Técnico, de Gestión, de Administración y de Servicios (PTGAS), siguiendo así la senda iniciada en 2024 con un informe similar sobre el alumnado y en 2025, sobre el Personal Docente e Investigador. Según este estudio realizado por una auditoria externa, el 90’8% de este colectivo profesional declara su satisfacción por pertenecer a la institución. Más concretamente, el 53,3 se declara “Muy satisfecho/a” y el 37,5%, “Satisfecho/a”, mientras que 6,6% señala estar “Ni muy satisfecho/a ni insatisfecho/a” y solamente un 2,2% da una opinión negativa.
El informe se basa en las 317 respuestas válidas recibidas a una encuesta realizada de manera presencia, y online entre el 13 de marzo y el 26 de abril de 2026, cifra que viene a representar a un 40% del total del colectivo, aproximadamente. La distribución por sexos y categorías (funcionario y laboral) refleja la proporción general de este grupo profesional, y la edad media de las personas participantes fue de 52,6 años.
El informe, que será publicado en la web del órgano colegiado próximamente, mide diferentes dimensiones. Por ejemplo, la encuesta señala que los servicios institucionales obtienen una valoración media de 6,7 puntos sobre 10. Los mejor percibidos por este colectivo son el Servicio de Información y Orientación, que obtiene una nota media de 7.6, seguido por el Campus Virtual (7,3), los recursos tecnológicos disponibles (7,13) y la calidad de la oferta académica (7,11). El pero valorado es el estado de las infraestructuras, con un 5,6.
En la evaluación de la organización del trabajo, los aspectos mejor valorados han sido la adecuación de los conocimientos y capacidades (7,8), el conocimiento de funciones y responsabilidades (7,7) y el ánimo de los responsables de la unidad para participar (7,6), mientras que el menos puntuado fue la posibilidad de ser sustituido (5,17).
En lo referente a las condiciones laborales, los aspectos mejor calificados fueron el espacio de trabajo (7,6), los recursos materiales y/o tecnológicos (7,4) y la seguridad de las instalaciones (7,1), mientras que en el otro lado del espectro se sitúa la oferta formativa para el colectivo, con un 5,8.
Un aspecto muy valorado en general es el referido a las relaciones y la comunicación, puesto que el ítem más puntuado —la relación profesional entre compañeros— es de 8,7 y el que obtiene la nota más baja es la relación profesional con el PDI, pero con una puntuación de 7,6.
El informe, de 63 páginas en total, es muy pormenorizado, pues además de ofrecer los resultados promedios, también los aporta por sexo, rango de edad y colectivo (funcionario o laboral). También mide dimensiones como la gobernanza, gestión y participación; la actividad profesional; el uso de Inteligencia Artificial y redes sociales por parte del PTGAS; y su participación en las actividades organizadas por la universidad.
Asociación de las Universidades Públicas Canarias
Durante la sesión también fue aprobado el apoyo a la creación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias, una organización sin ánimo de lucro que fue presentada ante el órgano por el rector, Francisco J. García, quien explicó que responde a la dinámica de colaboración existente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que se extiende a sus fundaciones generales como medios propios. El objetivo de esta entidad, cuyo borrador de estatutos fue igualmente presentado en la sesión, es afianzar la coordinación entra los dos centros académicos para organizar actividades conjuntas y mejorar su capacidad de interlocución con otras instancias.
Durante el debate de este punto salió a colación que existe también la figura de la Conferencia de Consejos Sociales de Canarias, que desde 2009 solamente ha sido convocado una vez. El secretario accidental del consejo, Víctor Díaz, informó de que ya se está trabajando en la reactivación de este órgano y, de hecho, la idea es poder llevar la iniciativa de su constitución en la próxima reunión del Consejo Social que se celebre el junio.
Alojamiento
La vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, fue invitada a la sesión para presentar un informe sobre el estado y medidas adoptadas con respecto a los Colegios Mayores y Residencia Universitaria de la universidad. La ponente basó su intervención en dos informes realizados al respecto: uno en 2024 por una consultora externa y otro de 2025 elaborado por un grupo de trabajo de la propia institución.
La vicerrectora enfatizó que, si bien es conocida la discrepancia entre ingresos y gastos de este servicio de alojamiento, la Universidad de La Laguna nunca va a dejar de primar su carácter social, con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades al alumnado con menos recursos económicos. En ese sentido, recordó que aproximadamente el 85% de residentes tiene algún tipo de bonificación por causa de renta o distancia.
Por ello, una de las recomendaciones extraídas de esos estudios pasa por lograr una mayor implicación de las instituciones con competencia en alojamiento, como los cabildos insulares, para colaborar en esas bonificaciones.
La vicerrectora enumeró las actuaciones de mantenimiento realizadas el presente curso en los tres colegios mayores y la residencia universitaria, algunas de ellas de gran calado. También informó, junto con el rector, de las diferentes vías que se están considerado para lograr aumentar el número de plazas alojativas, para las será necesaria la participación de instituciones como el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Así, está el proyecto de construir unas 50 plazas en el Campus de Guajara, gracias a una colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, vinculada al terreno necesario, y una ulterior con el Gobierno de Canarias para afrontar el coste de la actuación. También se están llevando a cabo negociaciones y actuaciones con propietarios privados para la puesta en funcionamiento de inmuebles en desuso, realizándose análisis técnicos y de tasación. Asimismo, continúa avanzándose en la resolución judicial de llamada Casa de los Catedráticos, que permitiría tener entre 30 y 40 plazas más y cuyo proyecto también se está redactando.
