El pasado jueves 23 de abril de 2026, Mª Aránzazu Calzadilla Medina, profesora titular de Derecho Civil, coordinadora del Grupo de investigación “Derecho, persona y familia” y directora de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad de La Laguna, impartió una conferencia invitada en el III Congreso de Cáncer Infantil en Canarias: Fortaleciendo vidas.
La conferencia, titulada ‘La protección jurídico civil de la infancia ante la enfermedad oncológica: derechos, garantías y desafíos’, tuvo por objetivo poner de manifiesto la situación jurídica de las personas menores de edad en el contexto de esta enfermedad, además de referir la trascendente posición jurídica de sus familias y, por supuesto, del personal sanitario. Su intervención, ante un auditorio compuesto por profesorado universitario, alumnado universitario, profesionales sanitarios de distintas categorías y especializaciones, así como familias, se dividió en tres partes claramente diferenciadas.
En primer lugar, tras un breve planteamiento e introducción, la Profesora relacionó la actual posición que el ordenamiento jurídico español confiere a las personas menores de edad haciendo énfasis en que se ha dejado atrás la visión adulto centrista y de “objetos de derecho”, que ha marcado prácticamente todas las épocas de la historia, para pasar a reconocer su condición de auténticos “sujetos de derecho” en la actualidad, tanto en el sistema jurídico español como a nivel internacional. De esta manera, señaló que “el punto de inflexión en este proceso de reconocimiento de derechos y de establecimiento de garantías puede ser fijado sin dudarlo en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 1989” si bien también destacó, como un hito importantísimo y trascendental, la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 que presenta, por primera vez, la igualdad de todos los hijos e hijas ante la ley, con independencia de su origen y de la situación que puedan ostentar sus progenitores.
Tras señalar que el principio de protección del interés superior de la infancia se erige en el eje central de todo el sistema desde el que se vertebran los demás derechos y garantías, la Dra. Calzadilla Medina disertó sobre el contenido de distintos derechos entre los que destacó con detenimiento del derecho a ser escuchado y oído, el derecho a participar, el derecho a la educación así como el derecho a la información, entre otros. Todo ello en el marco de la capacidad progresiva que hoy se reconoce a este sector de la población, con la salvedad de que algunas normas fijan edades concretas para algunas actuaciones. En este sentido, señaló que los 12 años es la edad que marca un punto de inflexión −pues a partir de ese momento, por ejemplo, siempre hay que escucharles− si bien también, cuando tengan menos edad pero madurez suficiente para comprender la concreta situación, deberá posibilitarse que ejerzan los derechos que le amparan. Por otro lado, recordó que la edad de los 16 años, a pesar de que no confiere per se la mayoría de edad, sí otorga otro posicionamiento en lo que respecta al ámbito sanitario pues este grupo de adolescentes, como regla general, ya puede decidir por sí mismo.
En segundo lugar, con relación a las familias, destacó su trascendental e importantísimo papel en todo este proceso así como la posición que la patria potestad (responsabilidad parental) confiere a los progenitores, destacando el derecho a relacionarse. El cumplimiento de sus deberes se convierte en esencial y, en este contexto, es muy importante el papel de representación que ostenta, si bien ha de ser ejercido en el marco descrito. Para ejemplificarlo puso un ejemplo de un caso real en el que se visibilizó claramente que, pese a la importancia del papel de las familias, el eje no debe nunca de estar en un lugar diferente al de las garantías de los derechos de los que son titulares la infancia y la adolescencia menor de edad.
En tercer lugar, trató la situación desde el punto de vista del personal sanitario, reconociendo en todo momento el vital papel que desempeñan y ejemplificando algunos supuestos con repercusión jurídica, tales como las posibles diferencias entre las familias y estos profesionales a la hora de adoptar una decisión, recordando que en estos casos es posible llegar a plantear el conflicto ante la autoridad judicial en cuyo caso también se pronunciará el Ministerio Fiscal. No obstante aconsejó reforzar el proceso de diálogo entre las partes (familias-profesionales sanitarios y, en su caso, del paciente) mediante un proceso de mediación para no tener que llegar a esos extremos si bien también recalcó que esta es una garantía de la infancia pues el órgano judicial decidirá siempre y en todo caso, a la vista de los informes técnicos presentados y de las circunstancias de cada caso concreto, en pro de lo que más interese a la persona menor de edad.
Por último, tras unas interesantes reflexiones, la Profesora concluyó que no puede actuarse aplicando soluciones o patrones genéricos sino que hay que analizar cada caso concreto, sus circunstancias, el contexto y el momento exacto en el que se plantean para poder así, adoptar las mejores decisiones en pro del interés superior de la infancia. Asimismo recalcó que “no se ha de olvidar que los niños y niñas con cáncer nunca dejan de ser niños y niñas”, haciendo una crítica a la práctica cada vez más frecuente de clasificar a los seres humanos por algunas de sus condiciones o situaciones, en la medida en la que esto pueda conllevar que se “olvide” que estamos ante auténticos seres humanos. De esta manera, los niños y niñas con cáncer o los que lo han sufrido, forman y seguirán formando parte de un colectivo que tiene una atención especial por parte del ordenamiento jurídico y ello jamás puede ser obviado, únicamente adaptado a las distintas fases y situaciones que pueden llegar a atravesar durante la enfermedad y en el periodo posterior tras su curación.
La Cátedra de Infancia y Adolescencia fue entidad colaboradora de este importante Congreso, codirigido por uno de sus miembros, el Prof. Dr. Sergio Hernández Expósito.
