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El reto de la gobernanza y protección del mar

martes 28 de noviembre de 2017 - 14:27 UTC

José Pascual

José Pascual durante la entrevista.

Foto: Emeterio Suárez (CC BY 3.0)

José Pascual Fernández lleva 35 años vinculado a la investigación relacionada con la gobernanza de los recursos marinos, las comunidades de pesca y la creación y gestión de espacios naturales protegidos, entre otros asuntos. Recientemente, ha sido anfitrión de una reunión de la red COST europea OceanGov, que se centra en la Gobernanza Marina. Aprovechando dicho foro, hemos podido hablar con él para repasar su trayectoria científica en estos y otros asuntos.

Viendo su currículo, ya desde su tesis doctoral ha trabajado sobre las pesquerías. ¿De dónde viene su interés?

Desde primero de carrera. Comencé a estudiar Filosofía, pero en primero de carrera, en 1980, tenía una asignatura de Antropología con el profesor Alberto Galván, y se planteó hacer una investigación empírica con trabajo de campo en San Miguel de Tajao. Eso nos dio juego para presentar un trabajo a un concurso de investigación antropológica en el que quedamos segundos y se publicó un pequeño libro en 1982. A partir de ahí, se encadenaron varios proyectos de investigación sobre este tema en los que participamos, de la Junta de Etnografía del Ministerio o del Gobierno de Canarias. Y se planteó un trabajo en equipo de jóvenes investigadores sobre diferentes zonas de las islas.

De ahí salió mi tesis sobre poblaciones costeras de Gran Canaria y Tenerife y también la del profesor Agustín Santana, que se centró en la pesca y el turismo en el suroeste de Gran Canaria. Y después hemos continuado trabajando sobre cuestiones relacionadas con el mar, no solo sobre pesca, también sobre turismo, gobernanza marina, etc. Siempre hemos mantenido esa ligazón con los temas marinos, que resultaba relevante en el contexto canario y nacional. No había mucha gente trabajando sobre estos temas.

De ahí salió Pescatur.

Sí, es un grupo de investigación que integra personas que no solamente trabajan sobre el mar, también investigan sobre turismo, migraciones o sobre gestión de recursos naturales. Ahora tenemos un proyecto interesante en La Gomera sobre el Parque Nacional de Garajonay, un proyecto Life+, en el que trabajamos sobre estrategias de prevención social de incendios forestales. En este caso no hay conexión con el mar, llegamos a él por nuestra trayectoria en el ámbito de las áreas protegidas. Llevamos mucho tiempo trabajando sobre ellas con varios proyectos nacionales. En principio habíamos trabajado sobre áreas protegidas marinas y nos llamaron desde el parque nacional para ver si podíamos colaborar con ellos.

Nos sumamos, planteamos qué pensábamos que se podía hacer y el proyecto ha ido caminado muy bien. Hemos tenido una persona trabajando allí durante dos años, directamente sobre el terreno, y la colaboración con el Cabildo ha sido interesante. Hemos planteado un plan de prevención social de los incendios que está en fase de presentación a la sociedad y en fase de implementación; parece que el gobierno insular está muy interesado en llevarlo a cabo.

¿Cambia mucho la cosa de una reserva marina a una terrestre, o al final es lo mismo y son solamente detalles?

Aunque se trate de proteger el medioambiente en ambos casos las sociedades, las personas, están en el centro. Muchos de los problemas son los mismos. La dimensión social de los espacios protegidos tiene muchas cosas en común, tanto en mar como en tierra. Esa creación de un nuevo conjunto de regulaciones que cambian las formas tradicionales de relacionarse con un espacio, eso se da tanto en mar como en tierra. Cuando aparece un área protegida lo que aparece es un conjunto de regulaciones, un marco institucional nuevo, que cambia cómo la gente se relaciona con ese espacio, establece dónde puedes y no puedes pescar, o dónde puedes o no coger pinocha. Y esos problemas se dan de manera parecida sea en tierra o en mar.

Esa interacción con la población plantea, en cierta forma, problemas muy similares. Uno de los básicos es el proceso de creación de los espaciaos protegidos, que es una cuestión que comenzamos trabajando en los espacios marinos pero que es muy interesante analizarlos en espacios terrestres. Y los problemas son análogos. En muchos casos, los espacios protegidos se crean sin un adecuado proceso de interacción con las poblaciones locales o sin un adecuado proceso de gestación de consensos en torno a cómo puede configurarse un espacio protegido de modo que beneficie al mayor volumen de población y se minimicen los efectos secundarios negativos sobre las personas o los grupos humanos. Y eso tiene mucho que ver con el diseño.

Con mucha frecuencia, tanto en los espacios protegidos en tierra como en mar, se ha querido crear algo muy rápido. Y eso es un problema porque así es muy difícil generar consenso con los agentes locales, que lo ven como una imposición, no como algo de lo que ellos son partícipes. Y eso es algo que en España se ha dado muchísimo hasta momentos recientes, donde comienza a darse una intención por parte de las autoridades públicas de generar algo más de consenso. Hay una mayor sensibilidad en este sentido, empezando en algunos casos a buscar un nivel de consenso significativo.

El problema es que el político quiere resultados dentro de su legislatura.

Básicamente. Y aquí estos procesos no necesariamente coinciden con una legislatura, ¡y menos cuando la legislatura se está acabando, que es cuando los políticos tienen más prisas!

En estas cosas, es muy interesante tener una cierta calma, porque son procesos en los que va cambiando cómo piensa la gente sobre el posible espacio protegido. La primera vez que un investigador planteó en El Hierro la posibilidad de crear una reserva marina, la receptividad por parte de los pescadores fue muy reducida, por decirlo suavemente.

Al cabo de un par de años, empezaron a entender qué podía significar una reserva marina y, al final, fueron ellos los que pidieron el análisis de cómo podría configurarse una reserva en su territorio, porque sus esquemas habían cambiado y comprendieron que una reserva era algo más que un sitio en donde no se podía pescar, era un sitio donde se podía regular la actividad y se podía lograr que esas regulaciones se llevaran a efecto y evitaran la pesca furtiva. Eso consiguió que se convirtieran en los adalides de la reserva. Ese proceso en concreto llevó unos cinco años y es un caso de éxito especialmente notorio.

También hemos trabajando de una forma u otra en Lira (Galicia), las Islas Medes (Cataluña), La Palma, La Graciosa… Y otros miembros del equipo en Nicaragua, Tailandia o México, pues hemos intentado tener una cobertura internacional para poder comparar en diferentes publicaciones varios procesos en marcos institucionales, geográficos y sociales muy distintos que tenían elementos en común, guiados por esas cuestiones vinculadas a las especificidades de lo que llamamos el “step zero”, es decir, el punto de inicio del proceso de creación del espacio protegido.

¿Siempre se verifica que hay que contar con la población local?

En casi todos los escenarios sí. No en todos, porque puede haberlos donde la acción colectiva es muy complicada, simplemente porque no hay poblaciones directamente vinculadas a ese espacio: en ámbitos oceánicos, por ejemplo, o en zonas muy alejadas de la costa. Pero en la inmensa mayoría de los casos, hay poblaciones vinculadas a un espacio a lo largo de la historia y de forma muy clara.

En general, muchos espacios protegidos se pueden diseñar de manera que todos o casi todos ganen, que se genere una situación “win/win” donde gane la conservación y gane la población, pero hay que poner esfuerzo en esa perspectiva de cómo nace un espacio protegido no sólo para conservar algo sino para mejorar la vida de la gente en ese espacio. Y normalmente es posible.

Lleva desde los 80 trabajando sobre pesquerías y reservas. ¿Cómo ha sido la evolución en estos años?

Ha habido cambios muy importantes: cuando comenzamos, no había reservas funcionando, y la primera de Canarias data de 1995. Eso ha plantado unos cambios en los escenarios sociales importantes. Todo esto ha ido parejo también a un desarrollo de la actividad turística en el litoral, si nos ceñimos al caso canario, que ha transformado amplias zonas de las Islas.

En general, podríamos decir que la actividad pesquera artesanal se ha reducido en número y volumen de personas vinculadas, de una manera más o menos significativa según las islas. Hay un factor especialmente importante para calibrar cómo ha tomado forma este proceso, que es la presencia de organizaciones de pescadores con capacidad de dinamizar la acción colectiva. Cuando las hay, normalmente la actividad se mantiene con más facilidad que cuando no. Tenemos los casos de Fuerteventura o El Hierro, donde la presencia de cofradías fuertes ha ayudado a que la actividad siga siendo muy dinámica, haya incorporación de pescadores jóvenes y exista una estrategia de comercialización interesante.

Porque ese es uno de los retos: muchas veces la comercialización de los productos es uno de los problemas de la pesca artesanal en Canarias y en otros muchos sitios. Y se producen paradojas: en Canarias se capturan entre 4.000 y 12.000 toneladas de túnidos de diferentes especies cada año, de las que se exporta entre el 85 y 95%; sin embargo, se importan volúmenes de pescado muy grandes de otras latitudes. Por ejemplo, hemos estado importando lomos de atunes capturados en el Pacífico, congelados, luego descongelados, después ronqueados, y distribuidos en lomos refrigerados con colorante, con un diferencial de calidad respecto a los productos locales muy significativo. La paradoja está en que se exportan miles de toneladas de esos mismos productos que podrían procesarse aquí con un mínimo esfuerzo.

¿Es un problema de gestión?

Es un problema de desarrollar nuevas estrategias de mercado. Favorecer la distribución en el mercado interno, que es una de las tareas que estamos intentado ahora con un proyecto Interreg llamado Macarofood.

Ese es uno de los proyectos por el que le quería preguntar.

De hecho, ahora mismo estamos en cinco proyectos a la vez: tenemos un proyecto nacional relacionado con las áreas marinas protegidas, el GOBAMP II, del cual hemos pedido una prórroga. Luego está el proyecto Life+ sobre Garajonay, que está pensado para mejorar la gobernabilidad de los espacios protegidos. El tercero es Too big To Ignore, un partnership global financiado por el Social Sciences and Humanities Research Council de Canadá, en el que llevamos trabajando desde su comienzo y el año pasado acogimos un simposio aquí, en la ULL.

El cuarto es Macarofood, pensado para la valorización de los productos marinos, porque encontramos que hay una carencia muy grande en las estrategias de mercado de los productos pesqueros de las islas, que están muy poco diferenciados hacia el consumidor final y éste no sabe si lo que compra es de aquí o de fuera. También se enfoca el proyecto hacia introducir estos productos en la restauración y la hostelería, sobre todo esta última de espaldas a los productos del mar locales. Creemos que se pueden desarrollar estrategias que mejoren el escenario, diferenciando y valorizando los productos locales. Esa estrategia de diferenciación es muy importante y hemos estado colaborando con el Cabildo en el diseño de una marca de pesca artesanal que ya se está implementando efectivamente. Este proyecto se engarza con nuestras investigaciones sobre el turismo marino, en sus diversas facetas.

Finalmente, también estamos en el proyecto de red COST llamado OceanGov, pensada para aunar esfuerzos desde muchas perspectivas en mejorar la gobernanza marina. En ese mismo ámbito de la gobernanza marina hemos estado intentando conseguir un proyecto ITN Marie Curie, que es de los más competitivos que hay Europa. Llevamos un par de años tras ello en colaboración con otras cinco universidades europeas, pero es muy competitivo, salen seleccionados menos del 5% de los proyectos que se presentan.

La gobernanza es algo que nos ha preocupado los últimos años, y por ello hemos estado trabajado en diferentes proyectos y varios libros sobre este asunto, alcanzando cierta repercusión internacional. De hecho, ahora estamos preparando un volumen para la editorial científica Springer, con la participación de especialistas de más de veinte países.

¿En qué consistió la reunión de OceanGov de mediados de noviembre?

Fue una reunión básicamente de trabajo, enfocada en avanzar en las publicaciones que se preparan desde cada uno de los seis grupos de trabajo de esta red, la cual tiene una duración de cuatro años. La idea era avanzar lo más posible en ese ámbito de publicaciones internacionales.

Las redes COST tienen una regla muy básica, y es que cualquier publicación auspiciada por ella debe tener, como mínimo, autores de tres países. Y eso es muy interesante porque fuerza a la gente a trabajar en colaboración con personas de otras universidades, que es algo poco habitual en nuestro esquema tradicional, pero que Europa desea y cada vez se valora más desde muchas instancias. El nivel de internacionalización de las publicaciones empieza a ser valorado de manera significativa, y es ese, precisamente, uno de los pilares de las redes COST.

También han trabajado en un proyecto sobre género y pesquerías dentro de la red Femmes.

Bueno, en el ámbito marino hemos trabajado sobre muchos temas y una de ellas ha sido el género. Entre 2001 y 2005 estuvimos en un proyecto europeo sobre género en la pesca que fue muy interesante, dinamizó muchas cosas, fue muy bien valorado a nivel internacional, y tuvo incluso un reconocimiento del Parlamento Europeo. Y gestó una asociación europea vinculada a las mujeres en el ámbito pesquero, ahora integrada en LIFE, que es una asociación europea de pescadores de bajo impacto. Con demasiada frecuencia el papel de las mujeres en este sector es ignorado o minimizado, y sin embargo podemos encontrar experiencias de acción colectiva interesantísimas protagonizadas por mujeres, como el caso de las mariscadoras en Galicia.

En los últimos años, cada vez percibimos una demanda muy importante de investigación social por parte de las instituciones. Es decir, aparte de los proyectos de investigación competitivos que tenemos -que son muchos a la vez, lo cual genera algunos problemas-, las instituciones nos solicitan investigación social y social aplicada, vinculada a lo que podemos llamar la gestión o el “policy research”, el diseño de planes de actuación en determinados escenarios, el diagnóstico en torno a problemas sociales, etc.

Esa demanda a veces resulta difícil de satisfacer. Por ello, esperamos que con las nuevas promociones de Sociología y Antropología podamos tener investigadores e investigadoras dispuestos a introducirse en esos retos, que son muy interesantes y responden a necesidades sociales efectivas.

Gabinete de Comunicación


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