En opinión de Daniel Cerdán, comisionado de Trasparencia de la Comunidad Autónoma Canaria, las universidades españolas están viviendo en estos momentos “una crisis de credibilidad” originada por ciertos casos de fraudes académicos publicados en los últimos meses por la prensa. Cree que una buena medida para combatir esa crisis sería que las instituciones docentes apostaran más decididamente por la transparencia institucional.
Así lo afirmó durante la mesa redonda “Modelos de evaluación de la transparencia universitaria» que se ha celebrado hoy, jueves 22 de noviembre en el marco de la reunión CRUE de Secretarías Generales que se desarrollará hasta el viernes 23 en la Universidad de La Laguna. En la mesa también han participado Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y Crescencio Bravo, Secretario General de la Universidad de Castilla–La Mancha.
Cerdán repasó su labor en el Comisionado desde su llegada en 2015, relatando los pormenores de los dos informes realizados hasta la fecha sobre la transparencia de los organismos públicos canarios, aparecidos en 2016 y 2017. Para hacerlos se adaptó la herramienta “Metodología oficial para medir la transparencia de las administraciones públicas” (MESTA), la cual incorpora indicadores referidos a la ley estatal de transparencia, y permite incorporar indicadores específicos de las legislaciones autonómicas.
Esos informes se aplican a todos los organismos públicos, que se ordenan en tres grandes grupos, según sea más o menos relevante su obligación de transparencia. Las universidades públicas canarias se hayan en el grupo prioritario y, en este sentido, han obtenido una nota media de 5,47 sobre 10, muy por debajo de cabildos y los ayuntamientos más grandes del archipiélago.
Según este informe, las universidades públicas obtienen una buena puntuación en lo referido a la publicación de sus datos institucionales; aceptable en materia organizativa, baja en datos sobre personal de libre nombramiento, aceptable en información de empleo público; mediocre sobre retribuciones, baja en normativa y muy floja en planificación estratégica, lo cual es especialmente relevante: “si no explicas qué es lo que pretendes, resulta difícil que se te puedan pedir cuentas”.
Miguel Ángel Acosta Rodríguez
Seguidamente, Miguel Ángel Acosta Rodríguez puso el énfasis en la necesidad de dar un paso más allá de la transparencia, que consistiría en, básicamente, mostrar los datos de una manera accesible, para llegar a la rendición de cuentas, que sería poner a disposición de toda la sociedad datos sobre cómo se han empleado los recursos recibidos, qué resultados se han obtenido y qué medidas correctoras se van a aplicar en caso de detectarse desvíos de los objetivos deseables.
En su opinión, “la rendición de cuentas está relacionada con sociedades maduras, avanzadas y democráticas” y si bien en España parece una novedad surgida, aproximadamente, tras la crisis institucional denunciada por el movimiento 15M, es un concepto extendido en Estados Unidos desde los años 80 y en Europa desde los 90.
Explicó que existen numerosos medios para aplicar esta deseable rendición de cuentas, que van desde la utilización de inspectores delegados, como sucede con la ANECA en lo referido al análisis de las titulaciones; el cumplimento de informes de autoevaluación; o emplear el análisis de indicadores como los que ha formulado el Consejo de Universidades.
Recordó que en países como Dinamarca o Inglaterra se financia a las universidades en función de resultados, por lo cual es imprescindible la rendición de cuentas, preferiblemente desglosada por ámbitos: académico, estratégico, investigación, económico y transparencia.
Crescencio Bravo
Finalmente, Crescencio Bravo ofreció la ponencia más descriptiva de la mesa redonda al explicar diversos modelos existentes para evaluar la transparencia institucional, algunos de ellos específicamente diseñados para el ámbito universitario.
Comenzó explicando que la ciudadanía puede tener ideas muy diversas acerca de qué se puede entender por transparencia universitaria, pero, en general, se resumen en la idea de “ver a través” de la institución y se plasma en la publicación visible y accesible de sus datos. “Nos obsesionamos por publicar, pero luego la mitad de las cosas no se puede leer desde un teléfono móvil o no son accesibles para determinadas personas con alguna discapacidad: estas cosas hay que tenerlas en cuenta”.
Sobre los instrumentos generales para la evaluación de la transparencia, mencionó el modelo dedicado a los ayuntamientos de la Asociación de Transparencia Internacional, el modelo aplicado a países de la Red Transparencia y Acceso al Información Pública, y el ya mencionado sistema de MESTA.
En cuanto a los sistemas específicos para universidades, el más conocido es el de la Fundación Compromiso y Transparencia, que tras cinco años ha logrado que el 55% de las instituciones académicas sean trasparentes, el resto “translúcidas” –un valor intermedio- y muy pocas opacas. Otros modelos que citó fueron el de Dyntra, basado en una plataforma colaborativa, y el Ranking Web de Universidades, del cual criticó su excesiva dependencia del Google Scholar, que provoca inexactitudes.
