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Comunicado de la Plataforma de Profesorado en Precario de la ULL

jueves 24 de mayo de 2018 - 13:55 UTC

La Plataforma de Profesorado en Precario de la Universidad de La laguna ha emitido un comunicado, que se reproduce en su integridad:La ULL dispone de una de las mejores generaciones de profesores y profesoras de su historia, la mayoría cuenta con contratos de diferentes tipologías pero principalmente temporales. La mayoría del personal docente e investigador de la ULL no permanente sigue trayectorias de investigación brillantes, publica en revistas de impacto, realiza transferencia de conocimiento al tejido empresarial canario, son valorados por el alumnado como “excelentes” y participan en proyectos de investigaciones nacionales e internacionales.

Los datos hablan por sí mismos, según el análisis del perfil de ayudantes doctoras y doctoras de la Plataforma de Profesorado en Precario de la ULL (PPP-ULL) este colectivo garantiza la calidad de la docencia, de la investigación y la gestión, así como otros parámetros que se pueden observar en el citado análisis; transferencia del conocimiento, experiencia laboral etc. Todos ellos han pasado por una media de 3,5 concursos públicos para optar a esta tipología de plaza, bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

También, este colectivo mayoritariamente ha pasado por distintas evaluaciones externas a nivel Nacional o Autonómico, lo que es garantía suficiente para fomentar su promoción a la figura de Contratados Doctores en condiciones de estabilización y sin más dilación, tal y como se establece en la legislación vigente, el Convenio Colectivo y el Documento de Ocho puntos de 2015 firmado entre la ULL y los Sindicatos. La figura de profesor Contratado Doctor Interino surgió en 2012 tras la imposibilidad de promoción a Contratado Doctor, de carácter indefinido, debido a la tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica, frenando las carreras académicas de los docentes universitarios y precarizando su situación laboral durante años. Tras la supresión de la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a la figura de Profesor Contratado Doctor o Doctora.

Este colectivo se queja del sometimiento a múltiples y reiterados concursos públicos de plazas, que no son de nueva creación tal y como establece la LOU, sino que constituyen una trayectoria pautada y sometida a acreditaciones, no sólo pone en peligro los puestos de trabajo de docentes que han dedicado años a la ULL en etapas duras de recortes y crisis, sino que viola sus derechos laborales de promoción establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. En ocasiones, esto genera un nocivo clima laboral, cierto feudalismo y una competitividad mal entendida, que afecta a la productividad académica, la salud y a las relaciones personales.

El colectivo recuerda, que antes de la nueva ley universitaria, bastaba con ser doctor y pasar una oposición para ser profesor titular o catedrático. Ahora, para ser un profesor con un contrato laboral indefinido (que no funcionario) lo normal, si se sigue una carrera académica, es pasar por 3 concursos públicos y dos acreditaciones a nivel nacional o autonómico, una carrera que lleva desde aproximadamente los 24 años hasta los 50, media de edad a la cual se suele acceder a una plaza de funcionario (profesor titular) en un gran porcentaje de casos.

Las cifras de este colectivo con contratos temporales  son contundentes, el 60% supera los 40 años, con una media de vida laboral de más de 18 años y el 84% están acreditados por una agencia externa evaluadora, que no depende de la universidad, a la figura de Contratado Doctor o Doctora lo que avala su calidad docente e investigadora.

Este fue el hilo conductor de la segunda asamblea del colectivo, celebrada el pasado lunes 21 de mayo ante una sala llena de profesores y profesoras con contratos temporales de diferentes áreas de conocimiento. En esa asamblea, se expusieron las actividades llevadas a cabo durante estos meses y se planteó la hoja de ruta para el futuro, que pasan por el diálogo y el consenso con el actual Equipo de Gobierno de la Universidad. En la asamblea se matizó que no se trata de crear plazas de funcionarios para todos, si no de estabilizar al profesorado, que cumpla una serie de condiciones de excelencia, al igual que se ha hecho, en años pasados, con otras categorías docentes como las plazas de profesores colaboradores o las de profesores asociados a tiempo completo.

Aseguran, que esto mejorará la docencia y la investigación en la institución académica como está ocurriendo en otras universidades públicas españolas de gran prestigio. Recalcan, que un sistema tan precario no puede garantizar la calidad docente que es exigible a la universidad pública y acaba beneficiando a las universidades privadas, que no tienen problemas a la hora de contratar y disponer de personal indefinido en sus plantillas. De hecho, muchas de esas universidades se nutren del personal investigador y docente de excelencia formado en las universidades y centros de investigación públicos que no han podido estabilizarse y seguir con sus carreras académicas.

Existen  ejemplos en otras universidades españolas donde se está llevando a cabo esta promoción del  profesorado que ya ha superado concursos públicos, vía acreditación, a figuras laborables estables, que no funcionarias, como por ejemplo la Universidad de Extremadura, la cual  consiguió subir 21 puestos en el ranking de las mejores universidades del mundo durante 2016. Actualmente en las universidades andaluzas y otras a nivel nacional se está trabajando en este sentido.

El colectivo reclama que se modifique el procedimiento de promoción interna para acceder a la figura de Profesor Contratado Doctor o Doctora una vez se supere una evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o su equivalente autonómico, que en Canarias sería la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) para acceder a dicha figura docente. Esta reivindicación no pretende alterar el procedimiento de acceso a la función pública, que seguiría requiriendo un concurso público de oposición por parte de los candidatos”.

 

 

 


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