La mesa institucional de Campus América “Gobiernos Centralizados o Descentralizados: Retos Climáticos y Territoriales” ha abordado la situación del municipalismo en Canarias y Chile en unos momentos en los cuales las administraciones locales se enfrentan a nuevos retos como el cambio climático, la transición digital y la lucha contra el crimen organizado, por lo que precisan de más recursos y nuevas maneras de trabajar. Durante las presentaciones se identificaron fortalezas que permiten a los municipios ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, entre las que destacan impulsar un asociacionismo que facilite acciones mancomunadas, contar con autonomía financiera y operar con una seguridad jurídica que defina claramente las competencias de los diferentes niveles administrativos.
Moderada por Jorge Marcel Fuentes Fetis, ex jefe de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y ex alcalde de la comuna de Los Álamos en Chile, la mesa contó con la participación de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y alcaldesa de Candelaria, Mary Brito; el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Andrés Chacón; y el concejal del Ayuntamiento de La Laguna Juan Antonio Molina Cruz.
Mary Brito.
Mary Brito señaló como fortaleza del municipalismo el asociativismo y puso como ejemplo la FECAM, una asociación constituida por los 88 municipios de Canarias y actúa como entidad interlocutora ante el Gobierno de Canarias en toda fase de negociación e interlocución sobre las políticas públicas locales, con presencia asegurada en toda mesa que negocie asuntos públicos locales. Explicó que su defensa de los asuntos locales está por encima de los colores políticos, por lo que, aunque haya discrepancias lógicas en los debates internos de la organización, sus decisiones colegiadas se asumen de forma unánime.
La presidenta de la FECAM recordó las particularidades de Canarias, con 88 municipios de los cuales 58 cuentan con menos de 20.000 habitantes, mientras que solo hay cinco con más de 50.000, todos ellos en las dos islas capitalinas. Otra consideración es que las denominadas “islas verdes” (La Palma, La Gomera y El Hierro,) cuentan con una legislación específica de la que se derivan obligaciones en materia de acción climática.
Juan Antonio Molina se declaró un firme defensor de la descentralización pero, al mismo tiempo, planteó que en ocasiones es necesario renunciar a ella para afrontar grandes retos colaborando con otras instancias. En su opinión, el defecto de muchos políticos que llagan al cargo es que tratan de acumular más competencias para tener más capacidad de acción y, paradójicamente, pueden conducir a su administración a una situación de inoperancia si carece de los recursos necesarios para afrontar esas nuevas competencias.
Juan Antonio Molina.
Puso como ejemplo el reto que supone mantener las redes de canalización de aguas, que en algunos municipios alcanza pérdidas del 10% del caudal pero en otros, del 50%. Señaló que este mantenimiento no se ve y, por tanto, “no da votos” pese a su trascendencia en un territorio de crisis hídrica como Canarias. Hay municipios pequeños que no pueden asumir presupuestariamente este mantenimiento y, por ello es uno de esos casos en los que mancomunar los servicios es la mejor una solución; otro caso sería el de la gestión de los perros y gatos abandonados, que antes dependía de cada municipio con resultados dispares y ahora ha mejorado gracias a una centralización por comarcas.
Andrés Chacón ofreció la visión del municipalismo desde la óptica de su país, partiendo de un contexto institucional muy concreto: Chile está en el grupo de los diez países más centralizados del mundo y un sistema que funciona “a dos niveles de velocidad”: por una parte, con un gobierno central que se ha mantenido permanente en el tiempo y desde el cual emanan muchas normativas y un gobierno regional que desde 2021 cuanta con legitimidad democrática al tener gobernadores electos; y por otra, un sistema municipal que no ha experimentado ningún avance desde el fin de los años 80.
Andrés Chacón.
Desde la municipalidad “no hay una conversación profunda” con las instancias superiores y, por ello, la relación institucional va a depender mucho de algo tan volátil como las afinidades personales. Chacón criticó que desde esa centralidad, el legislador muchas veces parece crear normas pensadas para un municipio teórico y urbano, sin tener en cuenta que en Chile el 70% de los municipios son rurales. Por ello, a su juicio el problema de fondo no tiene que ver con los recursos, las capacidades o la innovación, sino que es de orden profesional y estatutario. Defendió que un estado moderno requiere descentralización, sin menoscabo de que en asuntos más globales como el riesgo de desastre, el cambio climático y la gestión de residuos se puedan buscar soluciones de conjunto.
La seguridad jurídica fue otro asunto que se sacó a colación y sobre el mismo Mary Brito alabó que España cuente con una normativa clara que determina claramente las competencias de cada estrato de la administración pública, y que dispone de órganos para dirimir posibles disputas competenciales cuando se produzcan. Recordó que para la vecindad, el ayuntamiento es percibido como la administración más cercana y, por tanto, acude a él con sus demandas. Por ello hay que tener la capacidad de explicar a eso vecinos qué es y no es competencia local, así como de intermediar con otra administración.
Jorge Marcel.
Sobre ese asunto, Juan Antonio Molina defendió un reparto de competencias más ajustado, pues actualmente considera que los municipios poseen algunas obligaciones que, en la práctica, le son inabarcables. Cree que los ayuntamientos solo han de tener las competencias que sean capaces de asumir y, para lograrlo, hace falta un proceso educativo colectiv, que no vaya orientado a intentar contentar a diferentes partes, sino a ser eficientes y efectivos.
Por su parte, Chacón recordó que en su país los municipios ahora tienen que hacerse cargo de situaciones que no fueron planeadas en un principio, y muchas veces con el mismo presupuesto y recursos humanos y técnicos de antaño. El municipio consigue competencias pero se ve “lento, débil y burocrático”. Por ello, abogó por un reconocimiento normativo, funcional y legal de las responsabilidades y competencias municipales.
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